El Gobierno utiliza los fondos del paro con fines electorales
Alrededor de trescientos millones de pesetas, procedentes de los fondos de empleo comunitario, van a ser destinados a financiar obras de infraestructura en 41 pueblos de la provincia de León, previa inscripción de numerosos agricultores autónomos en las listas del paro obrero, según una denuncia hecha pública por Comisiones Obreras, UGT, PCE y PSOE. Fuentes de estos últimos señalan que el partido del Gobierno está utilizando los fondos del paro con fines electoralistas, valiéndose de la propia Delegación de Trabajo, cuyo titular les había pedido su aprobación al proyecto en el transcurso de dos reuniones sobre la problemática del desempleo, celebradas los pasados días 15 y 18.
Los cuatro partidos y centrales firmantes del comunicado señalan que no aceptarán tal «inscripción fraudulenta» de trabajadores agrícolas autónomos en las listas del paro obrero ni el hecho de que el dinero del empleo comunitario «sirva para tapar la mala gestión de los ayuntamientos y de la Diputación Provincial»; de los trescientos millones prometidos por el ministro de Trabajo, Rafael Calvo Ortega, en su última visita a León, días antes al referéndum, doscientos van a ser destinados a pavimentaciones y otros cien a obras de saneamiento y abastecimiento de aguas. Estas cantidades, según las mismas fuentes, deben revertir exclusivamente en los 10.000 trabajadores afectados por el paro en la provincia de León, de los cuales 7.000 no perciben ningún tipo de subsidio. Por el contrario, si prosperan los proyectos oficiales, el dinero del desempleo irá a parar a poblaciones rurales, algunas con menos de cuatrocientos habitantes, que percibirán subvenciones de hasta veinte millones de pesetas.
Contestación de UCD
Fuentes de UCD, por su parte, han manifestado que el comunicado de los partidos de izquierda y centrales sindicales no se ajustan exactamente a la realidad y que las ayudas concedidas por el Ministerio de Trabajo no pasan, en principio, de los cincuenta millones de pesetas. Independientemente de todo lo anterior EL PAÍS ha podido saber que el SEAF-PPO se niega a aceptar en las listas del paro a los agricultores autónomos en demanda de primer, empleo, lo que ha originado algunos contratiempos a los ayuntamientos que aspiran a las subvenciones del empleo comunitario. Frente a esta negativa -los funcionarios no quieren comprometerse en posibles irregularidades- las ayudas serán concedidas sin los preceptivos «certificados» del SEAF-PPO y se tramitarán directamente en el Gobierno Civil y los ayuntamientos, según un telegrama enviado por un alto cargo del Ministerio de Trabajo a la Delegación Provincial de este departamento.
