"En este momento el sector eléctrico no constituye ningún grupo de presión a nivel político"
Juan Alegre Marcet, presidente de FECSA y de UNESA, es en estos momentos, como dirigente de la última entidad, el hombre más representativo del sector eléctrico. Su nombramiento al frente de UNESA como sustituto de José María de Oriol ha supuesto un cierto cambio de imagen para el sector. Hombre abierto y de trato afable, dice que los eléctricos no tienen poder político en la actualidad, pudiendo avalar esta afirmación el hecho de que no ha sido recibidos por el presidente Suárez -sí por el Rey-, a pesar de haber hecho intentos para ello. Para los expertos y observadores, el señor Alegre Marcet representa la línea profesional dentro del sector junto con otros dirigentes del mismo como pueden ser Pedro de Areitio, de Iberduero, o Fernando Salorio, de FENOSA. En su nombramiento como presidente de UNESA tuvo mucho que ver el anterior ministro de Industria y Energía, Alberto Oliart, empeñado como estaba en posibilitar un giro en las actividades del sector eléctrico. dialogó con él.
Pregunta. Me gustaría iniciar la entrevista preguntándole por el significado, si es que tuvo alguno, del cambio de la presidencia de Unesa y su nombramiento para ese cargo.
Respuesta. La presidencia de UNESA la desempeña el presidente de una de las empresas agrupadas. Así, han ido sucediéndose en el cargo a lo largo del tiempo los presidentes de Hidroeléctrica Española, Iberduero, Fenosa, Compañía Sevillana de Electricidad y ahora he sido elegido yo, como presidente de FECSA. La actuación de UNESA se ha ido acomodando a las circunstancias sociopolíticas y económicas de los tiempos. Los criterios de actuación de UNESA se obtienen mediante de UNESA se obtienen mediante el acuerdo de todos sus miembros. Naturalmente, en la actuación siempre cabrán matizaciones y, en este sentido, no hay duda de que cada presidente imprime a su actuación determinadas características adecuadas no sólo a la circunstancia del tiempo, sino también a su propia manera de ser. Cuando fui nombrado presidente de UNESA era consciente de que este país había cambiado en una serie de aspectos. El sector eléctrico se considera capaz de aceptar este cambio y de situarse a los niveles que la sociedad actual demanda. Y puedo asegurar que este planteamiento es aceptado por el resto de los hombres que dirigen el sector eléctrico.
P. De siempre el sector eléctrico ha sido identificado con los grupos económicos más recalcitrantes y con mayor poder político en la España de las últimas décadas. ¿En qué medida esta afirmación continúa teniendo vigencia en la actualidad? ¿Continúan ustedes nombrando ministros?
R. La afirmación que se contiene en su pregunta constituye, sin duda, una caricatura altamente deformada de la realidad.
Hasta cierto punto, es lógico que se tienda a generalizar, o mejor diría a exagerar, sobre todo cuando existe un desconocimiento del que, en cierta forma. podemos ser culpables, respecto a la estructura del sector. El sector eléctrico ha construido en España grandes presas, grandes centrales térmicas, grandes redes. Llevamos invertido más de un billón de pesetas. Somos, sin duda, un sector importante en la vida económica de la nación. También creo que somos importantes desde el punto de vista técnico y organizativo, y por el número y diversificación de accionistas.
Pero esta importancia técnica, económica y humana no se traduce en poder político. Por el contrario, es el poder político el que condiciona seriamente la actuación del sector. Somos un sector que por sus propias características es objeto de importantes controles políticos y administrativos. En este sentido le diré que el sector eléctrico acepta la economía de mercado socialmente adjetivada y le puedo asegurar que en este momento este sector no constituye ningún grupo de presión a nivel político. El sector registra una despolitización y una profesionalización cada vez mayores. Y le puedo asegurar rotundamente que no tenemos acceso privilegiado a los centros de decisión gubernamentales.
P. El sector ha estado dirigido de siempre por los hombres más representativos de las célebres familias del franquismo, olvidándose de la profesionalización de sus directivos. ¿Se ha variado en algo?
R. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la referencia que en su pregunta se hace al pasado, he de decirle que se incurre en una total deformación de los hechos. La industria eléctrica acaba de cumplir sus cien primeros años de existencia en España, por lo que no se puede relacionar su desarrollo con un Gobierno concreto o una época determinada. A lo largo de estos cien años se han sucedido muchos Gobiernos y de ideología política muy diferente. Es un hecho que algunas importantes familias españolas, por supuesto unas franquistas y otras no, como usted sabe perfectamente, han tenido mucho que ver con el desarrollo de la industria eléctrica en nuestro, país y, además, desde sus comienzos.
La propiedad de las empresas eléctricas no corresponde a un reducido número de familias, sino a 1.200.000 ahorradores. A su vez, la dirección de dichas empresas sigue el camino que van marcando los tiempos, prestando el servicio eficaz que la propia vida de las empresas demanda. Seguramente éstos son los cambios más importantes que se operaron moderna mente en la industria eléctrica española.
P. ¿Podría usted hacer un examen de conciencia sobre los errores, defectos y fallos del sector?
R. Nosotros no somos perfectos ni nos damos por satisfechos con lo que llevamos hecho. Pero también tengo que decirle que lo realizado es algo muy digno de tenerse en cuenta. Mire usted, en 1944, cuando se creó UNESA, por iniciativa de las empresas, este país tenía una potencia instalada de 1.827 MW, producía 4.720 millones de kWh y no disponía de una red nacional interconectada de transporte de energía eléctrica. Actualmente, la potencia instalada se eleva a 27.311 MW, la producción se cifra en 93.441 millones de kWh, la red general peninsular de transporte de energía eléctrica tiene 33.535 kilómetros de longitud y la industria eléctrica ha invertido 1,3 billones de pesetas en las instalaciones. Con todo ello estamos a un nivel similar de electrificación que los países desarrollados.
Tenemos uno de los niveles de precios más bajos de Europa, lo cual no favorece precisamente una correcta política de ahorro y uso racional de la energía, objetivo formulado por la mayoría de los partidos políticos. La calidad de la energía es similar a la de los países más desarrollados de Europa, pudiendo afirmar en este sentido que el sector eléctrico español es automáticamente integrable en la Comunidad Económica Europea. Quizás nuestro principal fallo radique en no haber sabido hacer llegar a la opinión pública la realidad de la estructura del sector y las actuaciones del mismo al servicio del interés público.
Le puedo asegurar -no obstante- que la industria eléctrica está dispuesta a mantener una total transparencia ante la opinión pública.
P. ¿Qué argumentos utilizaría el presidente de UNESA para oponerse a la nacionalización del sector?
R. El sector eléctrico ha cubierto satisfactoriamente en el pasado, tal corno le comentaba antes, los objetivos que le corresponden, es decir, ha asegurado el suministro de electricidad en cantidad y calidad suficiente y a precios que son de los más bajos de Europa.
Actualmente, tiene, en fase avanzada de construcción los medios de producción necesarios para atender correctamente el incremento de demanda previsto. En todo momento hemos seguido las directrices de la Administración y hemos actuado poniendo en primer término el interés público. En estas condiciones, pienso que la pregunta que ustedme hace debería plantearse exactamente al revés. Es decir, ¿qué argumentos existen para proponer la nacionalización del sector? Y a esta pregunta yo le respondería que no encuentro absolutamente ningún argumento objetivo y válido para proponer tal nacionalización.
De otro lado, hay que tener en cuenta los legítimos derechos de la enorme masa de accionistas de las empresas eléctricas.
P. ¿Considera que las fórmulas de control que el Estado cuenta con respecto al sector eléctrico están suficientemente utilizadas y que son suficientes desde el punto de vista operativo?
R. A título de orientación le diré que el control del sector se inicia con el PEN, de obligatorio cumplimiento para nosotros, y en el que se contiene toda la política energética, pasa por la autorización concreta de cada instalación, continúa con los programas diarios de explotación y termina en el establecimiento de las tarifas de venta del kilovatio-hora, que, por cierto, han disminuido en el 44,6%, expresadas en pesetas constantes, durante el período 1959-77. Si usted considera que el simple hecho de que el Gobjerno nos fije las tarifas no supone la base importante del control del sector, ya me dirá lo que entiende por control.
P. Si otros partidos subiesen al Poder e intentasen la nacionalización del sector, ¿con qué medios se opondría el sector a ese intento?
R. El hecho de que fuese uno u otro el partido que solicité la nacionalización del sector eléctrico no modifica en absoluto la línea de argumentación con lo que nos oponemos a dicha nacionalización.
Nosotros estamos dispuestos a dialogar y a convivir con todos los grupos políticos. De hecho, lo hacenlos ya, salvo cuando no desean dialogar con nosotros, que también ocurre en ocasiones; incluso por parte de algunos miembros del Gobierno. Por ejemplo, del contenido del Plan Energético nos enteramos por los periódicos. Si lo que usted trata de poner de manifiesto es que nosotros nos oponemos a la democracia, tengo que decirle que está totalmente equivocado.
Creo que nuestro principal argumento frente a cualquiera que quiera cambiar los estatutos de propiedad actual de las empresas del sector lo constituye nuestra propia línea de actuación como empresarios. ¿En qué y por qué va a mejorar la actividad de las empresas eléctricas si se cambia su sistema de propiedad? A lo que nunca nos hemos opuesto ni nos opondremos es a que se establezca el conveniente control sobre nuestra actividad, entre otras razones porque nos hemos ajustado y estamos dispuestos a hacerlo a las directrices y objetivos señalados por la política energética del país y a dar pública cuenta del resultado de nuestras actuaciones. Pensamos seriamente que somos capaces de hacer frente al reto del abastecimiento de energía eléctrica y de afrontarlo con nuestros propios medios siempre que los controles estatales no nos impidan desarrollar nuestra áctividad sin privilegios, pero con normalidad.
P. Si la nacionalización del sector eléctrico en general podría ser contestada con más o menos argumentos, la del subsector nuclear, por razones de órdenes financieras, estratégicas, de defensa y en base a la actuación presente del sector público en el ciclo nuclear, parece
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"En este momento el sector eléctrico no constituye ningún grupo de presión a nivel político"
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que debería ser aceptada con normalidad. ¿Aceptaría usted este planteamiento?
R. De ninguna forma acepto este planteamiento. En primer lugar, no existen razones de orden financiero para el mismo. Las empresas eléctricas en su estructura actual son capaces de financiar el programa nuclear previsto. Y esto no es una apreciación subjetiva, es una realidad que ha sido demostrada.
Sólo necesitamos que se haga realidad la afirmación de que las tarifas deben adecuarse a los costes y que las disposiciones vigentes nos permitan obtener los cuantiosos fondos necesarios.
En cuanto a las razones de orden estratégico y de defensa a los que usted hace referencia, he de decirle que, contra lo que usted apunta, es precisamente más correcto que la función de control y seguridad sea realizada por un órgano totalmente independiente de las entidades que construyen y realizan la explotación de las centrales nucleares.
Por lo que se refiere a la actuación del sector público en el ciclo nuclear, deseo hacer dos precisiones: primero, que las empresas eléctricas iniciaron en su momento la gestión completa del cielo nuclear, proponiendo y estableciendo los contratos adecuados y que la Administración posteriormente limitó la actuación de las empresas eléctricas a la fase de utilización del combustible nuclear en la central. La segunda precisión es que este tipo de actuación es muy frecuente en el resto de países.
Hago estas precisiones porque últimamente se acusa, valga la palabra, al sector eléctrico de que sólo actúa sobre la parte más rentable del ciclo nuclear, olvidando que el total costo del ciclo de combustible recaerá en definitiva sobre el precio de la producción eléctrica nuclear. No le quepa ninguna duda de que si la Administración en su día no hubiera limitado nuestra actuación, hoy el sector eléctrico operaría sobre todo el ciclo. En cualquier caso, la solución impuesta por la Administración está en línea con la de la mayoría de países en los cuales las empresas eléctricas sólo actúan sobre la fase de utilización del combustible nuclear en la central.
P. Pregunta obligada por tener plena actualidad es su opinión sobre el PEN. Muchos son los que dicen que en su elaboración han participado ustedes de forma importante y que por tanto el plan no es sino el reflejo de los intereses del sector. ¿Podría usted hacer un análisis crítico sobre el tratamiento que el PEN da a los principales aspectos relacionados con el sector eléctrico?
R. El PEN actualmente en el Parlamento tiene elementos positivos y así lo hemos reconocido en diversas ocasiones. Para nosotros el elemento quizá más positivo es la existencia del propio PEN, cuya urgente aprobación nos resulta imprescindible para continuar con nuestra actividad, y eliminar las incertidumbres respecto al futuro para poder continuar nuestras inversiones.
Considero que las estimaciones efectuadas de las necesidades de energía en los próximos años se han efectuado con criterios más bien pesimistas respecto a la esperanza de crecimiento futuro del conjunto de la economía española y, en consecuencia, la demanda prevista resulta baja. Por ello creemos que la previsión de centrales que han de entrar en servicio durante el período de su vigencia ha de incrementarse, pues de otra forma correríamos el tremendo riesgo de no poder cubrir la demanda con todo lo que ello significa.
Hay que suponer que las revisiones periódicas que realizará el Gobierno permitan corregir adecuadamente estos aspectos acomodando el plan a la realidad económica de cada momento.
Por todo lo anterior, pesan más, en mi opinión, los elementos positivos que los negativos, en relación con la propuesta del PEN, y la urgente necesidad del mismo nos hace inclinarnos por desear lo bueno antes que lo mejor. Indudablemente nos hubiera gustado más el que se contara con nuestra participación a la hora de elaborar el PEN, y así lo hicimos saber repetidamente durante su elaboración a los distintos responsables del mismo, pero la verdad es que en esto no nos hicieron caso.
