Aprobación unánime de la iniciativa legislativa para el Senado
La Comisión Constitucional del Senado aprobó en su sesión de la tarde de ayer, por unanimidad, dar a esta Cámara la iniciativa para la elaboración de leyes, que en el proyecto sólo correspondía al Gobierno y al Congreso. La introducción de esta iniciativa del Senado modifica totalmente el artículo 81, cuyo párrafo primero establece que se realizará por el Gobierno, el Congreso y el Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las Cámaras.Sobre este artículo fueron rechazadas varias enmiendas, entre ellas una del Grupo Progresistas y Socialistas Independientes, que concedía la iniciativa legislativa a una propuesta popular avalada con 100.000 firmas. Asimismo se rechazó la enmienda de Juan María Bandrés que facultaba la iniciativa legislativa a los parlamentarios aislados, y fueron retiradas otras propuestas que pedían que la facultad fuera para los miembros de las Cámaras, y no para éstas.
En la misma sesión fueron aprobados varios artículos que quedaron pendientes de debate hasta la aprobación del 63 y 64. Por unanimidad se aprobó un nuevo artículo 68 bis, propuesto por el Grupo Socialista, que regula las secciones conjuntas de las Cortes para tareas no legislativas. También se aprobaron el artículo 72, sobre las diputaciones permanentes, con sólo modificaciones de estilo, y el artículo 75, sobre leyes orgánicas.
En este artículo 75 fue aprobada, debido a que la mayoría de los senadores de UCD rompieron la disciplina de voto, una enmienda de Luis Sánchez Agesta, por la que se establece que las leyes orgánicas que aprueben estatutos de autonomía deberán ser aprobadas también por la mayoría del Senado. La aprobación de esta enmienda produjo la sorpresa, incluso, de los propios portavoces de UCD. Fuentes próximas a la comisión aseguraron a EL PAÍS, no obstante, que este precepto será revisado y seguramente rechazado en el Pleno de la Cámara.
En el artículo 85, sobre la sanción de las leyes por el Rey, varios senadores, especialmente Alfonso Osorio, defendieron que se facultase al Rey para devolver a las Cortes proyectos de ley aprobados o someterlos a referéndum de los ciudadanos. En su defensa de esta última facultad, el señor Osorio argumentó con los ejemplos de otras Constituciones y del Derecho constitucional histórico español, en donde se contempla esta posibilidad. El señor Osorio afirmó que cuando menos el Rey debe poder someter a referéndum lo que tenga duda en promulgar.
En contra se manifestaron los portavoces del Grupo Socialista, Progresistas y Sociales Independientes y UCD. Por PSI, Manuel Villar Arregui manifestó que no sirven los ejemplos históricos españoles.
Por el Grupo Socialista, el señor Sainz de Varanda argumentó que la enmienda intentaba conceder facultades inusitadas para un jefe de Estado dotado en esta Constitución de poderes simbólicos. Según el portavoz socialista, la mejor forma de establecer una monarquía con los días contados sería implicarla en la lucha política cotidiana, dando al Rey la posibilidad de enfrentarse al Parlamento.
Por UCD, Manuel Jiménez Blanco manifestó la preocupación común de salvaguardar al Rey, para lo cual lo mejor es no enfrentarlo al Parlamento. Esta fue la causa señaló -el portavoz de UCD- de la caída de Alcalá Zamora y del comienzo de la dictadura de Primo de Rivera. El señor Jiménez Blanco pidió también que se considerase qué tendría que hacer el Rey si perdía un referéndum así planteado.
