Ultimado el acuerdo PNV-Gobierno sobre la regulación de la Constitución

La negociación entre el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco sobre los puntos de divergencia en torno a la regulación de las autonomías en el proyecto de Constitución estaba prácticamente ultimada anoche de forma satisfactoria para ambas partes. En el último momento subsistían algunas diferencias sobre la redacción concreta que adoptaría algunos de los acuerdos, especialmente la disposición adicional que establecería el reconocimiento de los derechos forales históricos del pueblo vasco. Las discrepancias sobre este último punto obligaron a intervenir al vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril, quien ayer mantuvo una reunión con los negociadores, que se prolongó hasta medianoche, sin, que se llegara al acuerdo definitivo.

El primer tema a debate en el Pleno del Congreso, que se reanuda en la mañana de hoy, es la regulación de la potestad para establecer tributos. El texto del artículo 127 en el proyecto de Constitución determina que «la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley». Asimismo, señala que «las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes». Por último, especifica que «todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley».La alternativa que en un principio ofreció el PNV a estos textos parte de su concepción foral. Así, los párrafos que sustituirían a los aprobados en la Comisión serían los siguientes: «La potestad para establecer y exigir tributos corresponde al Estado, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, dentro de los límites fijados por las leyes, sin perjuicio de los regímenes forales históricos. El Estado sólo podrá contraer obligaciones financieras de acuerdo con las leyes y no podrá realizar gastos sin la previa autorización de las Cortes. Toda exención o desgravación Fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley votada por las Cortes Generales, sin perjuicio de los regímenes forales históricos».

El objetivo final de las reivindicaciones del PNV de restablecer el pacto foral con la Corona no encontró en la redacción que se dio en la Comisión a la disposición adicional satisfacción suficiente para los nacionalistas vascos. La generalización de la solución, al establecer que «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales», no satisfizo al PNV, y tampoco la alusión a que la actualización general de dicho régimen se llevará a cabo «en el marco de la Constitución».

La opción ofrecida por el PNV y rechazada por la ComÍtsión venía a establecer lo siguiente: «La Constitución reconoce y garantiza los derechos históricos forales de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, cuya concreción actual se fijará en el régimen autonómico de los territorios afectados, de acuerdo con las instituciones representativas de los mismos. A estos efectos. el Estado podrá transferir o delegar materias de su competencia.»

La fórmula a la que finalmente se habría llegado no coincidiría exactamente con este último texto, si bien estaría en su línea, sobre la base de la redacción adoptada en la Comisión, suprimiendo las alusiones al marco de la Constitución y aludiendo a la derogación de los fueros de las provicias vascas.

Por lo que se refiere al controvertido tema de las listas de competencias, durante las negociaciones se llegó a la conclusión de que no era necesario el establecimiento de una tercera lista de competencias estatales no transferibles ni delegables. La fórmula sobre la que se polarizó el consenso consistía en que se mantuviera la lista de competencias del Estado fijada en el artículo 143, pero siempre que se estableciera el principio de que tales competencias no sólo son delegables -que es tanto como decir que son exclusivas del Estado y que éste permite a las comunidades autónomas que las ejecuten- sino también, alternativamente, transferibles,