Un español denuncia el sistema penitenciario de la República Federal de Alemania

La política exterior española que desarrolló el franquismo tiene en el sector de la emigración uno de sus puntos más oscuros. Por ello, las organizaciones de emigrantes insisten ahora en que embajadas y consulados se conviertan, ante todo, en entidades para la defensa de los derechos de los que, casi siempre por la misma razón, se vieron obligados a marchar de España en busca de un trabajo. El caso de Juan José Navarro, sevillano de treinta años, condenado a cadena perpetua en la República Federal de Alemania, es un caso particular en el que se resumen factores dramáticos: emigración temprana, sensibilidad, abandono, discriminación, dificultades familiares y «aquella desgracia», como llama él mismo a la muerte de su hija.

«Jamás oí una relación tan espeluznante»

A pesar de la deficiente atención por parte de embajadores y cónsules españoles en tiempos pretéritos, la salud social de los españoles en la RFA es muy aceptable. En la actualidad veintinueve españoles cumplen condena en prisiones alemanas por delitos menores y, en tres casos, por asesinato. En cifras relativas, el 1,3% de un total de 2.188 extranjeros recluidos en las penitenciarias alemanas. En el estado de Hessen, donde se halla establecida la segunda colonia española más importante de la RFA (unos 70.000), el porcentaje es aún inferior: 0,1%. En cuanto a la pena máxima según la ley alemana, la cadena perpetua, mil ciudadanos, entre alemanes y extranjeros, de ellos 81 antiguos nazis convictos y confesos de delitos de sangre, se encuentran sometidos a retención máxima. Juan José Navarro es el único español en esta situación. Contra él pesa una medida discriminatoria que en gran medida debe atribuirse también al desamparo de las autoridades españolas: deberá cumplir sus treinta años de condena, sin posibilidades de redención de pena, sin posibilidades de promoción profesional, para luego ser expulsado del país. La única circunstancia en su favor sería una petición de traslado a una penitenciaria española, lo cual podría significar también la reducción del castigo en una tercera parte. Otros españoles condenados a quince años por asesinato se han beneficiado ya por concesión de las autoridades judiciales alemanas. En este sentido, se registra una doble discriminación: mientras el 77% de los antiguos criminales nazis recupera la libertad antes de los quince años, solamente un 11% de los demás sentenciados por delitos de sangre a cadena perpetua abandona los muros de las penitenciarías alemanas antes de los tres lustros.¿Qué factores intervienen en contra de Juan José Navarro? Un funcionario del consulado español en Berlín, presente en el juicio contra este español, ha comentado: «Jamás oí una relación tan espeluznante.» Juan José, casado con una griega, en permanente tensión con la familia de ésta, describió ante el tribunal con todo detalle cómo murió su hija, envenenada. La prensa sensacionalista llegó a compararle con Margarita Brandt, condenada por infanticidio a la pena capital en 1772 y protagonista después de la tragedia escrita por Goethe sobre su proceso. Juan José fue el fiscal de sí mismo. Su proceso duró tres días, con un total de tres horas y tres minutos. Sus únicos testigos fueron la familia de su mujer y funcionarios de la policía criminal. En cuanto a la defensa, el abogado de oficio (según el consulado, no se le pudo ofrecer uno de elección porque esto costaba mucho dinero), tan sólo intervino el último día, antes de hacerse pública la sentencia. Juan José se negó a defenderse: «Pensé que decir algo a mi favor sería romper la promesa que le hice a mi hija», nos ha confesado el propio acusado. Por esta razón calló cuando el juez rechazó la intervención de siete testigos «que hubieran podido demostrar el gran cariño que tenía a mi hijita». Dos años después del proceso dirá que gracias al sacerdote español en Berlín logró tranquilizar un poco su conciencia. En cuanto a «la desgracia», como llama siempre a la muerte de su hija, explica que «no hubo odio, ni venganza, ni premeditación. Sólo desesperación, miedo a vivir sin mi hija, lo único que mantenía aún unido al matrimonio». Juan José, trabajador en Alemania desde los dieciocho años, alumno de la escuela de Bellas Artes de Sevilla, especialista en máquinas computadoras, tuvo que regresar a una escala laboral ínfima cuando empezó a incrementarse el paro en este país y los mejores puestos volvieron a manos de los alemanes. Según un informe que nos ha llegado, en la cárcel deberá limitarse a cumplir funciones de auxiliar de carpintería porque, según la dirección de la cárcel de Tegel, en Berlín, en la que cumple su condena, «no es posible una preparación profesional, ya que al cumplir la sentencia será expulsado del país».

La policía no cumple

Las irregularidades discriminatorias para los delincuentes españoles y extranjeros en general en la RFA comienzan en el mismo momento de la detención. Los ocho consulados españoles en la RFA han confirmado a EL PAIS que la policía apenas cumple con lo establecido en la convención de Viena de 1963, por la que «inmediatamente ha de informarse a las autoridades consulares sobre la detención de un súbdito de su nacionalidad». Sobre la obligatoriedad de esta información ha informado también el profesor Volkmann, del Instituto de Derecho Penal Internacional, de Friburgo. Recientemente, un español permaneció un mes en prisión preventiva en Francfort sin que la policía informase de ello al consulado, a pesar del deseo expreso del sospechoso. Otro fue retenido en Berlín dos semanas en las mismas condiciones. A pesar de que ambos tenían toda su documentación en regla, fueron expulsados sin más de la RFA. Según un funcionario de la representación española en Munich, la policía informa, como mucho, en un 60% de los casos.

Discriminaciones tras las rejas.

«La situación de los presos españoles en Alemania es sorprendente», nos ha comentado el cónsul general en Francfort, ex subdirector de Emigración. «No podemos llevarles ni un paquete de cigarrillos. Seguramente sospechan muchos funcionarios alemanes que somos auxiliares de terroristas o algo parecido.» Hasta hace dos meses se mantenía en vigor una norma por la que los presidiarios extranjeros tenían que hablar en alemán eón sus visitas, incluidos los funcionarios consulares. Esto significaba una verdadera tortura para muchos retenidos, cuyos conocimientos de alemán suelen ser escasos. La presión de los cónsules españoles logró que la norma no se aplicase desde entonces.Pero la discriminación continúa. Bajo las apariencias de un respeto a la persona, todo el sistema penitenciario alemán está montado, a efectos de retenidos extranjeros, en base a un «agradecimiento» de los presos porque no se les maltrata. «Todos los presos con deficiencias físicas y mentales por malos tratos que hay en esta cárcel -dice Juan José Navarro- son extranjeros. Un compañero persa demostró ante un tribunal que había sido objeto de malos tratos. El juez anuló la denuncia para evitar escándalos. La denuncia procedía del jefe de la nave III de esta cárcel e iba dirigida contra el compañero persa, Fakil, que había agredido a un carcelero al verse acorralado por varios funcionarios en tono amenazador.» Otro preso, turco, ha perdido el habla por las palizas. Un escrito de veintidós reclusos contra las torturas, elevado al Senado berlinés, no ha tenido respuesta. Un libanés, gravemente enfermo tras otra represalia, desapareció de la cárcel tras esta protesta. Un año después de la protesta, el fiscal supremo de Berlín respondía que no había lugar a la demanda de los presos. La impresión y difusión de un boletín clandestino -Durch (a través)- significa para un preso extranjero tres meses de arresto en el bunker, completamente aislado del exterior. Según Juan José, «el objetivo de todo es crear al preso un complejo de culpabilidad por cualquier cosa insignificante que haga». En cuanto a visitas, mientras los alemanes cuentan con dos horas por semana, los extranjeros tan sólo disponen de treinta minutos. En casos especiales se permite otras dos visitas al mes. Por lo demás, los extranjeros, recluidos en una nave aparte, al menos en el caso de Berlín, tienen prohibidos los libros de técnica, de radio y televisión, por temor a que puedan montarse aparatos con los que comunicar con el exterior. «Muchas cartas no llegan -dice Juan José-, por ejemplo, una que envié a mis padres a Sevilla el 4 de octubre y otra a mi sobrina.»

Españoles suicidas

En el plazo de dos años constan, según informaciones consulares, tres suicidios de presos españoles retenidos en penitenciarías alemanas. El aislamiento, los efectos negativos de la emigración, son dobles en los casos de españoles que, por distintas razones, han entrado en conflicto con una policia y un régimen penitenciario poco abiertos al fenómeno inmigratorio. El que un médico del cuerpo de prisiones, como el doctor Hiob, jefe del departamento neurosiquiátrico de la cárcel de Tegel, emita sus dictámenes sobre los detenidos mientras juega al ping-pong, puede ser un indicio. Así ocurrió en el caso de Juan José Navarro, sobre el que nunca se ha aceptado la menor duda sobre su personalidad ni sobre su situación familiar y social. Como también es sintomático el que una hermana de este español tuviese que cambiar de empresa, en Stuttgart, cuando la prensa sensacionalista arremetió sin medida contra «aquella desgracia» que protagonizaron un día de invierno un joven padre español desesperado y una niña a la que él quería por encima de todo. Según Peter Albrecht, especialista en el tema y autor de un reciente, libro sobre condenas penitenciarias, «la gravedad del delito no da la medida del delincuente».