El acuerdo económico, firmado ayer en la Moncloa

El documento sobre el pacto político elaborado tras las negociaciones mantenidas en la Moncloa entre el Gobierno y los representantes de los grupos parlamentarios será firmado probablemente hoy, una vez solventadas las dificultades surgidas por el deseo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de corregir ciertos puntos del texto.Este, que consta de unos veinte folios, fue enviado en la noche del lunes a los partidos. Una vez estudiada la redacción provisional, el PSOE ha observado que se contienen «algunas apreciaciones que no coinciden con las notas que nosotros recogimos en la reunión», según han declarado portavoces del PSOE.

Por esta razón, aunque no existen objecciones generales al acuerdo, el PSOE elaboró ayer una serie de correcciones parciales, cuya integración en el texto no se espera que cause problemas, por lo que el documento deberá de estar listo para la firma hoy. El primer secretario del PSOE, Felipe González, se mostró ayer de acuerdo con esta previsión.

Entre los puntos a someter a revisión está el de la ley de Peligrosidad Social, cuya derogación o sustitución no ha pedido el PSOE tajantemente, sino sólo que se concreten los medios de evitar que la ley no pueda coartar los derechos individuales de la persona.

Por su parte, el documento prevé la revisión de los tipos delictivos, con supresión de tipificaciones de carácter predelictivo. Asimismo, se precisa el carácter no penal de las medidas de seguridad, con «neta diferenciación» de establecimientos. También se incluye la resolución provisional de la dualidad de competencia y regulación en esta ley y el Código Penal.

Otras objeciones socialistas se refieren al Código de Justicia Militar, sobre el que el PSOE desea que las observaciones realizadas en el curso de las negociaciones, especialmente acerca del fortalecimiento de las garantías procesales en los procedimientos de la jurisdicción militar.

En este capítulo, el documento enviado por la Moncloa incluye la resolución de la dualidad entre los códigos común y militar, restringiendo éste al ámbito de los delitos militares, limitación de la competencia militar a los establecimientos o lugares estrictamente militares, revisión de los supuestos de desafuero y fortalecimiento de las garantías procesales.

El PSOE ha pedido también la introducción de observaciones sobre orden público y derecho de asociación, y en concreto sobre financiación respecto a este último.

Revisión de la ley de Orden Público

En cuanto al orden público, el documento enviado a los partidos propone la revisión parcial de la ley respectiva, a la espera de una nueva regulación del tema, una vez en vigor la Constitución, así como la redefinición del concepto en el sentido de depurarlo de contenidos no democráticos y basarlo en el libre y pacífico disfrute de las libertades públicas. La tipificación del terrorismo figurará en el Código Penal.

La potestad sancionadora se basará en la obligada previa audiencia del interesado, no superposición de sanciones por un mismo hecho, eliminación de pago previo al recurso contra la sanción, eliminación de la responsabilidad personal subsidiaria por multas, y facultad sancionadora de los gobernadores civiles, director general de Seguridad y el ministro del Interior.

También se contempla el fortalecimiento de los medios de lucha contra el terrorismo, y en concreto la creación de una unidad policial especial, dependiente funcionalmente de los órganos judiciales competentes. La regulación de suspensión de garantías se pospone a la vigencia de los principios constitucionales.

Los cuerpos y fuerzas de orden público se estructurarán en dos grandes bloques: un cuerpo civil, encargado fundamentalmente de la investigación, que sería el Cuerpo General de Policía, y dos militares -Policía Armada y Guardia Civil-, como cuerpos operativos. Todas las fuerzas estarían bajo.el mando de un director de Seguridad del Estado, aunque la Guardia Civil dependería, del Departamento del Interior sólo respecto al orden público, por su adscripción al Ministerio de Defensa.

Asimismo, se propone la delimitación de zonas entre la policía gubernativa y la Guardia Civil, destinando aquella a las zonas más conflictivas y poblaciones mayores; intercomunicación progresiva entre los cuerpos; reforzamiento del personal administrativo; per feccionamiento de la formación; creación de unidades especiales de policía judicial y policía de barrio, y división de competencias entre los cuerpos estatales y locales.

En cuanto al derecho de asociación, el documento contempla la reforma de la legislación sobre la base de la adaptación de las organizaciones a criterios democráticos, plazo breve para la inscripción de partidos, decisión judicial para la suspensión o disolución de las asociaciones, con procedimiento sumario, y estableclm lento de un sistema objetivo de subvenciones a los grupos en función de los resultados electorales obtenidos.

Control parlamentario de los medios de comunicación estatales

Finalmente, el PSOE desea introducir una observación sobre la radio y agencias de prensa, en el capítulo de Medios de Comunicación Social del Estado, observación que no ha sido recogida en el documento, aunque hubo acuerdo al respecto, según un portavoz socialista.

En el documento del pacto, se prevé la constitución de un consejo provisional emanado del Gobierno y los parlamentarios para preparar un proyecto de estatuto de la RTVE y controlar provisional mente su funcionamiento, así como la constitución, dentro de la comisión de Cultura del Congreso, de una subcomisión que, junto con las personas designadas por el Gobierno, propondrá a éste el tratamiento de estos medios y los procedentes de los antiguos sindicatos.

En cuanto a libertad de expresión, el documento conocido ayer por los partidos recoge la subsistencia del depósito previo de publicaciones, y la limitación de la potestad de secuestro a los jueces.

Los procedimientos judiciales serán en plazos breves y estrictos, y la determinación de responsabilidades se hará en función del Código Penal. Por otra parte, se revisarán los supuestos legales de la declaración de materia reservada.

La legislación sobre el derecho de reunión se ajustará a las siguientes premisas: consideración de reuniones privadas hasta loscincuenta asistentes, las de tipo familiar o de amistad con invitacióri nominativa y las convocadas por los partidos para sus afiliados; régimen de libertad, con comunicacion previa, para las celebradas en local cerrado, si bien las de más de quinientos asistentes podrán ser suspendidas a priori; mantenimiento del actual régimen para las manifestaciones; posibilidad de limitar el ejercicio para evitar perturbaciones excesivas de la actividad normal, y establecimiento de un procesojudicial sumario.

Por último -aunque no en último lugar del documento-, se contempla una serie de reformas urgentes del Código Penal, en relación con la mujer, con las Leyes Fundamentales y referencias al Movimiento Nacional, libertades públicas y revisión de cuantías del hecho punible. Sobre este punto trabaja intensamente la comisión general de Codificación, información que recogemos en otro lugar de estas mismas páginas.