El inexplicable retraso en las negociaciones Gobierno-sindicatos
Desde el pasado día 14, fecha en que los representantes de las centrales se reunieron con el subsecretario de Trabajo, las negociaciones entre los sindicatos y la Administración se encuentran paralizadas. Ello supone un retraso del necesario acuerdo entre centrales y Gobierno para hacer posible la materialización de los planes económicos con que el Gobierno ucedista pretende salir de la grave crisis económica que amenaza la normalización política del país.La razón del punto muerto en que se encuentran las negociaciones estriba tan sólo en el hecho de que el Ministerio de Trabajo no ha remitido aún a las centrales el proyecto de decreto-ley sobre acción sindical en la empresa, cuyas líneas básicas les fueron expuestas en la última reunión con el subsecretario de este Departamento.
Mientras tanto, la Unión General de Trabajadores, a través del PSOE, ha presentado a las Cortes su proyecto de ley sobre el tema. UGT asegura que la elaboración de su proyecto no responde a maniobras obstruccionistas ante el intento de negociar del Gobierno, toda vez que la central socialista venía informando desde antes del verano de su intención de presentar al Parlamento el referido proyecto.
En lo sindical, al Gobierno le ha cogido el toro. Cuando tan sólo falta mes y medio para la fecha tope fijada por el Gabinete, de acuerdo con las centrales, para las elecciones sindicales, los sindicatos siguen empeñados en sus respectivas versiones sobre la articulación de la representación obrera en las empresas. El Gobierno, con su actitud retardataria, está impidiendo su primera intención: lograr el consenso de las centrales sobre un proyecto que, elaborado por el Ministerio de Trabajo ante la ausencia de un criterio unitario por parte de los sindicatos, hiciera posible la normalización de las relaciones sindicales en el seno de la empresa.
En estas circunstancias, la posibilidad gubernamental de hacer uso del decreto-ley -aun con carácter transitorio, pues la definitiva regulación sindical compete al parlamento- con el visto bueno de las centrales, encontrará un serio impedimento en el hecho de que ya se ha presentado en las Cortes un proyecto de ley sobre el mismo tema.
Aun cuando no existe explicación oficial sobre el retraso en las negociaciones Gobierno-sindicatos, la versión más extendida en medios sindicales apunta a determinadas secretas intenciones del Gabinete Suárez: impedir una victoria socialista en las elecciones sindicales, que vendría a sumarse a la conseguida en las elecciones legislativas y, presumiblemente, en las municipales.
La explicación a tan firme aseveración es simple. Las líneas básicas del proyecto ugetista permiten unas elecciones sindicales en las que presentar una alternativa de poder sindical, mientras que el proyecto de decreto gubernamental presenta un nebuloso panorama en el que la asamblea obrera puede anular la presencia de las centrales en la empresa. En el primer supuesto, UGT considera -y, posiblemente, el Gobierno coincida en esta suposición- que su alternativa socialista podría barrer a las demás opciones políticas del espectro sindical.
Con independencia de tales suposiciones, la actitud gubern mental es, cuando menos, poco seria. Tampoco resulta alentador el silencio de las centrales en este impasse negociador. Parece que uno y otras ignorasen la trascendencia de unas elecciones, las sindicales, que, además de afectar a un censo superior a los ocho millones de personas, deberían suponer la definitiva clarificación del panorama sindical, con la ubicación exacta de las fuerzas obreras.
