La política de rentas
POLITICA DE rentas es una expresión que el Gobierno no ha querido emplear, que, además, no es muy exacta ni está de moda, pero que puede servir para definir el mecanismo de moderación de precios y salarios indispensable para poner fin al proceso inflacionista que padece la economía española.Las primeras reacciones a los planes del Gobierno en este campo no han sido muy alentadoras. Responsables de las centrales sindicales han mostrado una clara reserva ante lo que califican de medidas inconcretas, al tiempo que señalan la falta de atención hacia el problema del paro, la congelación salarial y el aumento de los precios por encima del crecimiento de los salarios como deficiencias más graves de lo que, en su opinión, constituye un intento de cargar la solución de la crisis económica sobre los traba adores.
Los empresarios, por su parte, no parecen mostrar tampoco gran entusiasmo. Sus beneficios han vuelto a bajar en 1976, salvo escasas excepciones, y la reforma fiscal que se anuncia no es precisamente una buena noticia para muchos de ellos. Ante este panorama es comprensible su falta de entusiasmo ante la promesa de subvenciones por nuevo puesto de trabajo creado, sobre todo cuando han pasado ya casi dos semanas y el propósito gubernamental no se ha traducido todavía en una normativa concreta. En este estado de cosas lo más probable es que sus planes de inversión para el año en curso no sean muy vigorosos y la creación de puestos de trabajo resulte escasa.
El profesor Fuentes, en sus escritos de hace unos meses
y en las reuniones que mantuvo entonces, corno experto economista, con informadores y profesionales de la economía, insistía en que la moderación en la evolución de los salarios era condición imprescindible para recuperar tasas de inflación soportables, que permitieran afrontar el problema del paro. El pasado jueves, ya como vicepresidente del Gobierno, volvió a decir lo mismo.
El Gobierno es consciente de que la política de rentas constituye el punto fuerte, el nudo, gordiano, de su actuación. Pero ni en la declaración programática, ni posteriormente, há planteado el problema con valentía y con precisión. Se ha temido la reacción de la izquierda y de las centrales sindicales y se ha pretendido, insistir en los asuntos fiscales, como contrapartida para mejor presentar la política de rentas; es decir, la necesidad de que el crecimiento de los salarios se frene. Además, ha olvidado señalar a los empresarios que ellos juegan un papej importante y a los trabajadores que el restablecimiento de un cierto nivel de beneficios en las empresas es condición indispensable para el éxito del programa.
España se halla inmersa desde hace varios años en un proceso inflacionista cuyo origen no fue de inflación de costes, pero que hoy en día se perpetúa fundamentalmente por ese camino. Si se toman los salarios industriales como los más representativos de la compleja estructura salarial y se defiactan por el coste de la vida, vemos que el poder de compra de los asalariados aumentó entre diciembre de 1974 y el mismo mes de 1976 en un 20,2 % en España, en un 12 % en Francia, un 9,7 % en Suecia, un 8,9 % en Italia, un 3,2 % en Alemania Federal, mientras que permaneció estacionario en Gran bretaña y descendió en Suiza y Holanda, en un 0,9 % y un 2,4 % respectivamente. Las últimas informaciones disponibles señalan que los salarios nominales en la industria y la construcción estaban creciendo en los primeros meses de 1977 a un ritmo anual del 37 % frente aun crecimiento del 30 % del coste de la vida; es decir, nuestros salarios reales aumentaban alrededor del 5,5 % anual.
La participación de los salarios en la renta nacional era demasiado baja, pero un aumento como el experimentado en los últimos años -de un 48 % en 1970, los sueldos y salarios netos han pasado a representar alrededor de un 55% de la renta nacional en 1976- no podía dejar de tener consecuencias económicas importantes. Existen grupos de la población trabajadora que se han beneficiado poco o nada de este «vuelco» en la distribución del pastel, pero afirmar que la crisis la están soportando sólo los trabiíjadores parece exagerado, a menos que se defina con más precisión qué se entiende por trabajadores. Decir estas cosas no es fácil cuando se desempeñan cargos de responsabilidad pública o se representa el voto popular en el Parlamento. Pero alguien tiene que decirlo.
Esta necesidad de precisión y realismo se nos antoja importante porque se trata de salir de la crisis económica todos y no unos a costa de otros. Ello exige un esfuerzo colectivo que presenta facetas varias. En primer término ha de entenderse que durante algún tiempo el proceso de ajuste al cual la devaluación va a someter a nuestra economía se debe traducir necesariamente en aumentos deprecios superiores a los de los salarios. Dicho de otra forma, los salarios reales de muchos españoles deberán ser negativos por algún tiempo. Pero la pretensión de que los aumentos de sueldo sean lineales y la masa salarial no sobrepase en su crecimiento el 17 %, es una simplificación al respecto.
En primer lugar, tenemos una deficiente información sobre los niveles salariales generales del país. La encuesta de salarios de Estadística es una de las peores de las que elabora el Instituto.
En segundo lugar, las desigualdades salariales por regiones, por sectores y por empresas son muy grandes. Un trabajador de RENFE tiene unos ingresos inferiores a los de Telefónica o Iberia -al mismo nivel laboral- en un 40 %. Las empresas con más capacidad reivindicativa (SEAT, por ejemplo) tienen unos niveles retributivos muy superiores a las de menor capacidad de presión.
En tercer lugar, hay que tener presentes a jubilados y rentistas, sin duda los más castigados por la inflación y a los que no sólo no debe congelarse su nivel de ingresos, sino que se debe tratar de elevárselos para garantizar su capacidad adquisitiva.
Es cierto que este Gobierno o cualquier otro que venga para hacer frente a la crisis económica debe afrontar la moderación de las rentas salariales, pero debe tener en cuenta estos factores que señalamos. Las centrales sindicales y los partidos de la Oposición también deben plantearse seriamente, si quieren defender un nivel de empleo y una estabilidad democrática, la articulación razonable y equitativa de ese frenazo a los salarios.
Esa es la única vía de solución posible, y con toda independencia creemos que el Gobiernofaltaría a su deber si no pone todos los medios a su alcance para lograrlo. En este sentido hay un dato importante: la política monetaria. Está claramente demostrado que si un Gobierno, después de devaluar, mantiene una política monetaria expansiva, le será imposible sostener por mucho tiempo el nuevo tipo de cambio y ello se traducirá en alzas de precios y éstas en peticiones de salarios más altos. Es decir, se habrá devaluado inútilmente.
El otro aspecto a considerar es el del paro. La situación es aquí muy grave, pero lo que se necesitan son sugerencias concretas y no simples acusaciones. El Sector Público puede y debe hacer un esfuerzo para crear puestos de trabajo, pero la solución ha de venir ' de la recuperación de la inversión privada. Y ésta sólo será factible cuando se haya atajado la inflación. Mientras tanto, hay que arbitr-ir reformas profundas que den a la clase trabajadora la oportunidad de fiscalizar tanto la gestión de la Seguridad Social, por ejemplo, como el empleo de los recursos productivos del país.
En último lugar, estas líneas sólo pretenden ser una llamada al sacrificio colectivo, a la discusión racional entre los principales agentes económicos y a la defensa de los intereses de grupo dentro de un esquema de solidaridad general. Si en países como Gran Bretaña una crisis económica de gravedad comparable a la nuestra coexiste con la supervivencia de la democracia, no cabe olvidar' que allí la democracia funciona desde hace tres siglos.
