Primeras medidas a adoptar para una reforma agraria en España
Parece que en las eternas conversaciones que los representantes españoles mantienen con los eurócratas del Mercado Común. la última táctica de estos consiste en afirmar que será difícil aceptar la integración de la agricultura española en la europea mientras no se realice en nuestro país una reforma agrarial.Aparte de la evidente improcedencia de tal tipo de exigencia a corto plazo y aparte también del complicado proceso. electoral que se vive en estos momentos en España, lo cierto es que hay algunas medidas de aplicación inmediata (fácilmente suscribibles por numerosos partidos políticos y no sólo los de izquierda) que podrían significar un primer tratamiento terapéutico para la deficientísima estructura de la propiedad de la tierra en nuestro país. Estas medidas se refieren de un lado a posibles experiencias- piloto de explotación colectiva de la tierra. y de otro al establecimiento de un orden de prelación en la expropiación de tierras por motivos de interés social.
En cuanto a las experiencias de nuevas formas de explotación. parece lo más indicado utilizar a estos fines parte del enorme arsenal de tierras en poder del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (primer terrateniente del país) que se hallan repartidas por todos los puntos de la geografía de forma que se establecieran granjas-piloto bajo la tutela del propio instituto con su apoyo económico y técnico.
Así se podrían alcanzar diversos objetivos simultáneamente: en primer lugar se da una función específica a un organismo que cuenta con más técnicos que el propio Ministerio de Agricultura y que actualmente se encuentra sin contenido suficiente dadas sus posibilidades, en segundo lugar se permite contrastar para las diversas agriculturas existentes en nuestro país una serie de experiencias ya realizadas en otras latitudes haciéndolo en condiciones óptimas, casi de «laboratorio»; y en tercer lugar se aislan de una vez los aspectos técnicos y económicos de la reforma agraria como contraposición a los meramente políticos, con lo que el debate sobre esta cuestión gana en objetividad y claridad..
En cuanto a la definición de un orden de prelación en las futuras expropiaciones de tierras por razones sociales (que ningún partido civilizado niega) se trataría de ganar tiempo y evitar improvisaciones que en este terreno, resultan fatales.
Así por ejemplo, habría que empezar por hacer un inventario de las tierras en poder de municipios del Norte que son. después del IRYDA. quizá los máximos terratenientes del país; hace ya muchos años que se habla de estas tierras como un obstáculo supuestamente insalvable para el desarrollo racional de la ganadería vacuna en la cornisa. cantábrica y en Galicia. Si ello es cierto (aquí no se afirma ni se niega), esas son las primeras tierras a expropiar y poner en explotación.
Luego están los grandes latifundios de la Mancha v Extremadura en manos de propietarios típicamente absentistas. Sin duda que muchos de ellos podrían resultar buenos campos de prácticas para las experiencias contrastadas en las granjas del IRYDA sin que la producción nacional se resintiera mucho al ausentarse definitivamente los actuales absentistas.
Existe otro fondo de tierras quizá más polémico pero no menos importante. Se trata de las tierras que son propiedad de emigrantes ya prácticamente definitivos y, que se hallan -incultas- a la espera de subidas de precio de carácter especulativo. Aunque el problema parece ser general en las dos Castillas, es más acentuado en zonas próximas a grandes ciudades como es el caso de las provincias de Avila y Segovia con respecto a Madrid. Si este hecho es tan real como se afirma caben dos posibilidades: o impuestos a mansalva sobre esas tierras o expropiación.
Por último existen los latifundios en manos de propietarios no absentistas con fuerte iniciativa empresarial. Es nuestra opinión que tales propiedades han de situarse en el último lugar de la lista de las «expropiables» ya que solamente sería justificable su nacionalización en base a situaciones sociales insostenibles (el paro en Andalucía podría llegar a ser una de ellas) que han de resolverse aún a costa de un más que posible descenso en la productividad.
Gobierno y partidos tienen la responsabilidad de ir a temas concretos como estos en sus programas, y cuanto antes mejor.
