Entre el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad
AYER CONCLUYO la reunión que los secretarios generales de los partidos comunistas de España, Italia y Francia han celebrado en Madrid. Lo que algún colega de la mañana ha calificado de «injerencia eurocomunista» no ha sido, entre otras cosas, más que un generoso intento de italianos y franceses para apoyar a sus camaradas españoles en un momento en el cual, luchando por su reconocimiento legal, esa manifestación de civilizada solidaridad constituye un capital inapreciable para el partido de Santiago Carrillo. Al fin y al cabo, lo mismo sucedió con los congresos socialistas y democristiano y las visitas de sus correligionarios europeos. En todo, y más en política, es malo hacer acepción de personas.En la declaración común hecha pública destacan tres puntos: el deseo de que en España se alcance pronto el grado de democracia que es común en esas dos naciones latinas; la visión general del tipo de sociedad que los comunistas europeos proponen, y, por último, el valor que dan al principio de no injerencia y de respeto a la búsqueda de soluciones propias en la construcción del socialismo.
El comunicado se inicia con una afirmación clara de la confianza de los tres partidos en que «el pueblo-español alcanzará el pleno restablecimiento de la democracia» y del «interés particular que para los pueblos francés e italiano» tiene la consecución de ese logro. La manifestación explícita del deseo de liquidar para siempre el problema de los presos políticos en España no podía faltar, y su oportunidad es indudable en un momento en el cual parece que, por fin, se va a cerrar este contencioso entre el Gobierno y la Oposición Democrática.
Existe en el comunicado una interesante manifestación de lo que podríamos denominar la visión eurocomunista del momento actual de crisis que atraviesan las sociedades industriales avanzadas de la Europa occidental. Su formulación general es de una gran moderación. Quizá por ello los tres partidos, pero sobre todo el italiano y el español, están sometidos al fuego cruzado de sus derechas y sus izquierdas. Para las primeras, las declaraciones comunistas sobre la necesidad de un «entendimiento entre las fuerzas políticas y sociales dispuestas a contribuir a una política de progreso y renovación» constituye una añagaza destinada a encubrir su nueva estrategia de conquista del poder. Para la segunda, por el contrario, los partidos comunistas están dispuestos a vender su herencia y sus aspiraciones revolucionarias -en otras palabras, a traicionar al proletariado y a su misión corno motor de la historia- por el plato de lentejas de un puesto en el consejo de administración que va a gestionar la declaración de quiebra del capitalismo mundial. Lo cierto es que cada día que pasa parece más difícil mantener la sospecha de que las declaraciones comunistas sobre el valor de la libertad son una simple maniobra maquiavélica. La historia no muy lejana avala en cierto modo parte de las dudas sobre el convencimiento, en partidos comunistas como el francés, de que la libertad constituye un valor fundamental que debe defenderse por encima de todo. Hasta hace pocos años, la palabra libertad figuraba en los textos comunistas ampliamente entrecomillada o seguida de algún calificativo que provocaba estremecimientos en cualquier demócrata. Ahora bien, suponiendo, que no lo suponemos, que la intención inconfesa de los comunistas fuera defender la libertad con fines puramente instrumentales, el experimento hasta valdría la pena.
Condenarse por desconfiar es un triste sino, y por eso nosotros creemos que no se puede decir públicamente una y otra vez que se está a favor del pluralismo de las fuerzas políticas, de las libertades de expresión, pensamiento, prensa, sindicales, del respeto al sufragio universal, de las libertades religiosas, culturales, etcétera, sin quedar enredado para siempre en ese precioso e invisible hilo dorado que es la libertad a secas. Si los comunistas opinan que las reformas democráticas constituyen el mejor medio para solucionar la crisis del sistema capitalista, no se les puede responder diciendo que ellos no saben lo que significa la democracia, porque es muy probable que quien formula la acusación no tenga un historial demasiado brillante como demócrata. Simplemente, hay que ofrecer a la sociedad soluciones políticas, sociales y económicas mejores.
El tercer aspecto que destaca es la ausencia explícita de toda crítica a las repúblicas comunistas orientales, por su actitud en el caso de los disidentes. A pesar de las declaraciones de Santiago Carrillo, es lamentable que el comunicado, aun haciendo del principio de no injerencia y de respeto a la libre elección de vías para la construcción del socialismo su piedra angular, no haya sabido casar su defensa de la libertad que para las sociedades occidentales hacen los comunistas con la de los derechos humanos violados en las naciones del Este.
El movimiento de disidencia que se extiende como mancha de aceite por los países orientales constituye un fenómeno que ha sorprendido a los dirigentes de esas naciones. Por vez primera se trata de defender no una posición política, un matiz doctrinal, o las resoluciones de un congreso comunista, sino de abogar por el respeto de los derechos humanos reconocidos en las constituciones de dichos países y ratificados por ellos al firmar el Acta Final de la Conferencia de Helsinki, de 1975. Según el Principio VII de dicha Acta, firmada también por España, los Estados se comprometen a respetar una serie de derechos humanos y de libertades fundamentales que, dicen los disidentes, son cotidiana y cruelmente violados en los países comunistas orientales.
Pues bien, la libertad es un valor básico y no una cuestión geográfica. No se puede reclamarla aquí, y no allí, antes y no ahora.
Es en nombre de la libertad como se reclama justamente la legalización de todos los partidos políticos. Y los eurocomunistas, que están deseosos de que la opinión pública dé credibilidad a sus declaraciones de respeto al pluralismo, han perdido con su tímida actitud una ocasión de disipar las dudas. Mientras no exista una condena formal y expresa del totalitarismo soviético y de los regímenes de partido único, hay que decir que las sospechas subsistirán.
