Incertidumbres y esperanzas ante el plebiscito constitucional en Chile
La postergación de sentidas demandas que llevaron a la revuelta popular genera riesgos de un nuevo estallido social
Hace más de 20 años, Ulrich Beck afirmaba que la sociedad contemporánea estaba sometida a un cambio radical producto de cinco procesos interrelacionados: la globalización, la individualización, la revolución de los géneros, el subempleo y riesgos globales, tales como la crisis ecológica y el colapso recurrente de los mercados financieros. Hoy podríamos agregar las pandemias y la crisis de la democracia amenazada por los populismos fundamentalistas de distintos signos. La construcción de una segunda modernidad requería, según Beck, responder simultáneamente a todos estos desafíos.
Chile no ha estado ajeno a estos procesos, que convergen con desafíos propios de un país emergente. Pese a avances logrados desde la recuperación de la democracia, no se han resuelto problemas tales como la desigualdad y la alta concentración de la riqueza y el ingreso, la mala calidad y la desigualdad de la educación, las bajas pensiones de un sistema privado guiado por el lucro, un sistema dual de salud, el abuso y la connivencia entre el poder económico y político. La creciente irritación y descontento de la ciudadanía culminó en el estallido social de octubre del 2019, inesperado para muchos, que expresó la magnitud de la crisis política, social e institucional que atravesaba el país alcanzándose el clímax de incertidumbre jurídica y política.
En ese contexto se inició un proceso de reconstrucción de las bases de la convivencia y reducción de la incertidumbre. Su primer hito fue el Acuerdo pluripartidario por la paz social y la nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, que permitió canalizar institucionalmente el conflicto hacia un proceso constituyente. Crucial en la construcción de este Acuerdo fue el entonces diputado y actual presidente de la República Gabriel Boric que, pese a objeciones de algunos sectores de la izquierda, puso su rúbrica, dándole un sello definitivo al camino que tomaría ese sector político. Evidentemente, el acuerdo no borró la honda fractura social y polarización entre quienes querían una nueva constitución, y aquellos que defendían la columna vertebral de la vigente. El segundo hito fue el denominado “plebiscito de entrada”, en el cual una mayoría de 80% rechazó la constitución de Pinochet y encargó la elaboración de una nueva constitución a una convención constitucional elegida. Conforme a la reforma constitucional que viabilizó el acuerdo del 15 de noviembre, esta convención fue paritaria, con representación de los pueblos originarios, y un mecanismo electoral que facilitaba la participación de los independientes para asegurar la legitimidad del proceso a la luz de la deslegitimación que sufrían los partidos.
Tener derecho a voz por vez primera, condujo a los representantes de los pueblos originarios y de los movimientos sociales a promover la reiteración en la propuesta constitucional, muchas veces inútil e inocua, de sus demandas. Ello facilitó que la extrema derecha desarrollara una campaña centrada en mentiras. La exigencia de dos tercios de los votos para incorporar cada artículo hizo necesario minuciosas negociaciones para concordar el texto constitucional.
El 4 de septiembre tendrá lugar el “plebiscito de salida”, en el cual los ciudadanos aprobarán o rechazarán la Constitución propuesta por la convención. Ambas opciones entrañan no solo diversas valoraciones del texto constitucional, sino también consecuencias respecto del camino para superar la crisis que evidenció el estallido social y la posibilidad de construir un pacto social por el progreso económico y social inclusivo.
La propuesta de nueva constitución enfrenta las incertidumbres por dos vías. Se inserta en el proceso de construir una salida democrática e institucional, y se hace cargo tanto de las incertidumbres que evidenció el estallido social, como de los grandes desafíos de una nueva modernidad. Con el Estado social y democrático de derecho aborda la grave fractura social; con la paridad, inédita en el mundo, responde a las demandas de las mujeres; con la preocupación por el medioambiente, genera un marco para enfrentar el cambio climático; con la promoción de una economía basada en el conocimiento, la prioridad que se le da a la educación y un rol más activo del Estado se responde la pérdida de dinamismo y estancamiento de la productividad que la economía arrastra desde hace 15 años. Con el reconocimiento de la plurinacionalidad y la interculturalidad aborda la exclusión histórica de los pueblos originarios y encara la creciente violencia en la Araucanía; con el Estado Regional, el presidencialismo atenuado, el bicameralismo asimétrico y la incorporación de mecanismos de democracia directa enfrenta la crisis de representatividad del sistema político y refuerza la democracia representativa.
La derecha y un grupo denominado “amarillos”, compuesto por exintegrantes de la centroizquierda, muchos vinculados con grandes grupos económicos del país, y premunidos de una trayectoria política pendular que evoca la de Ciudadanos en España, critican que la nueva constitución, al reconocer la plurinacionalidad, reformar el sistema político fundándolo en un Estado Regional, en un mayor equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder legislativo e introducir elementos de democracia directa, genera incertidumbre, afecta la inversión y, por tanto, la posibilidad de financiar el establecimiento del Estado social y democrático de derechos. El rechazo elude las causas del estallido social, del estancamiento de la capacidad de crecimiento de la economía en los últimos 15 años y del deterioro medioambiental. Pese a que sostiene que su triunfo reducirá las incertidumbres, su victoria implica mantener la Constitución vigente que coadyuvó a la fractura social y al estallido y mantiene la indefinición constitucional. Por la correlación de fuerzas en el Congreso, la continuidad del proceso quedará en manos de una derecha desafecta a los cambios constitucionales y que buscará usar mecanismos de veto. La postergación de sentidas demandas que llevaron a la revuelta popular genera riesgos de un nuevo estallido social.
Análogamente al Brixet y al “trumpismo” en EE UU, las “fake news” promovidas por la ultraderecha, las redes sociales y algunos medios de prensa, explotan los miedos que genera el violento conflicto en la Araucanía, la creciente amenaza del narcotráfico y del crimen organizado y los shocks migratorios. También buscan crear una falsa “realidad alternativa”: la nueva constitución, señalan los partidarios del rechazo, hace de los indígenas un grupo privilegiado y a los chilenos ciudadanos de segunda clase (pese a que las regiones donde viven los indígenas sean las más pobres del país); “que si tu casa tiene una habitación libre, la ocupará un inmigrante”; “que el aborto será posible hasta los nueve meses”; “que las viviendas no serán de propiedad privada y que podrán expropiar las segundas viviendas”; “que cualquier cambio constitucional requerirá la aprobación de los pueblos originarios”.
La reposición del voto obligatorio debiera aumentar significativamente la participación electoral, lo que ha generado una gran interrogante respecto del resultado del plebiscito. Es incierto el número de electores adicionales, su composición y su orientación política. Las encuestas pronostican el triunfo del Rechazo; la movilización social y los modelos de inteligencia artificial, el del Apruebo. Habrá que esperar la noche del 4 de septiembre para conocer la respuesta definitiva de la ciudadanía.
