La justicia ha embargado 22 millones a Jordi Pujol hijo

La Audiencia Nacional ha embargado cuentas y propiedades por valor de 22 millones de euros a Jordi Pujol Ferrusola y su mujer, Mercè Gironès. El juez José de la Mata, instructor del caso Pujol, ha bloqueado saldos en cuentas corrientes por importe de casi 13 millones y ha inscrito embargos y prohibiciones sobre inmuebles que alcanzan otros 8,3 millones de euros. Así lo indican sus abogados en un escrito en el que han recurrido la prisión provisional acordada contra el primogénito del expresidente Pujol. El recurso niega que Pujol hijo se haya "descapitalizado" y afirma que los indicios sobre el origen delictivo de la fortuna en Andorra se basan en una mera "sospecha policial sin fundamento".

Los abogados Cristóbal Martell y Albert Carrillo sostienen que las operaciones económicas bajo sospecha se ejecutaron antes de que el juez ordenara el bloqueo de las cuentas y el embargo sobre los bienes de Pujol hijo. Los letrados recuerdan que, pese a que la investigación comenzó a finales de 2012, la Audiencia Nacional no adoptó medidas cautelares hasta octubre de 2015. Hasta entonces, argumentan, podía disponer libremente de sus bienes.

"Una correcta ubicación de las cosas en el tiempo" y "un correcto entendimiento de las operaciones a partir de la documentación" permiten apreciar, recoge el escrito, que Pujol Ferrusola no pretendió evadir capitales en plena instrucción. El juez José de la Mata asegura en su auto que el imputado desarrolló operaciones de despatrimonialización de hasta 30 millones de euros "hasta la actualidad", es decir, después de que se hubiera fijado el embargo. Los abogados defienden que esas operaciones "en modo alguno suponen disposiciones de salida de activo", sino "simples alteraciones en la composición de patrimonio" que "no implican pérdida de su valor".

El escrito recorre una a una las operaciones. Jordi Pujol Ferrusola invirtió en unas plantaciones de Tehuantepec (México) en enero de 2014 y ejecutó la opción de compra de acciones en julio de 2015, o sea "con anterioridad a las medidas cautelares". Pujol hijo tenía entonces "absoluto poder de disposición sobre los activos que administra". La operación, además, no ha supuesto una pérdida de patrimonio, sino que ha sido "neutra". La defensa cita también un préstamo de medio millón de euros a Francis Gendre. Ante las dificultades de éste para devolver el dinero,  se fijó "un nuevo calendario". Esos cobros han permitido al primogénito cubrir "sus necesidades vitales más perentorias".

Sin pagos a un testigo

El auto de prisión dictado por De la Mata subraya que Pujol hijo pagó ciertas sumas de dinero al empresario Gustavo Shanahan, lo que provocó "el radical cambio de versión de éste". Los abogados replican que "no eixste cambio de versión" porque Shanahan solo ha declarado una vez ante el juez. Las afirmaciones en las que arremetía contra el primogénito las dijo durante una conversación con un periodista. La defensa sostiene que Pujol hijo tenía una deuda pendiente con el testigo y la abonó: "En modo alguno puede vincularse el pago a un torcimiento de una testifical".

El juez también cita una "donación" de 585.000 euros de Jordi Pujol Ferrusola a su hija. Según los abogados, la operación no pretendía "defraudar" sino que obedecía a "razones fiscales", ya que "la carga tributaria de las donaciones entre padre e hija es inferior" a las de otro tipo.

La investigación considera que el dinero oculto por la familia en Andorra durante más de 30 años tiene un origen ilícito. Los informes policiales señalan que puede provenir de "comisiones ilícitas" y delitos de corrupción durante el mandato de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat (1980-2003). Los abogados advierten de que esa expresión se repite "como un mantra" en los informes. Y reprochan que la "profusa y exhaustiva investigación durante cinco años no ha permitido" sostener esa afirmación. "El juzgado", recuerdan, "no puede ser refugio de la sospecha policial sin fundamento".

El escrito pide al juez que saque de prisión a Pujol Ferrusola o, en su caso, dicte "medidas menos gravosas" contra él. Por ejemplo, que le prohíba salir de España o le obligue a comparecer periódicamente en el juzgado.