La patronal de las concesionarias advierte de las remunicipalizaciones
La entidad sostiene que la gestión directa encarece el servicio
La Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público (CCIES), defendió ayer en un informe la prestación del suministro de agua a través de empresas privadas ante “las propuestas que actualmente formulan algunos sectores políticos populistas”. En el documento, el presidente de la asociación, Francesc Sibina, recuerda que los “prestadores de servicios públicos” están sujetos a la regulación y advierte de que la sustitución de un “operador privado por un ente administrativo” tendrá “muy probablemente” consecuencias “negativas para el sector público”.
El informe de la cámara —que agrupa a empresas como Abertis, Suez, Áreas, Saba o Duet Sports— desarrolla un decálogo para defender un sistema “colaborativo” de gestión del agua. El documento señala que “el agua es un bien de dominio público”, incide en que “no se puede remunicipalizar lo que no ha dejado de ser nunca municipal” y pide a la Administración que destine sus recursos para “potenciar su función de regulador”.
Coste del agua
Sin embargo, uno de los puntos en los que hace más énfasis el informe es el del coste del agua. “La existencia del sector privado en la prestación del servicio libera recursos públicos y no encarece el coste del agua”, afirma el documento. El texto asegura que los ejemplos de remunicipalizaciones que se ponen sobre la mesa son “falsos”. En concreto, la patronal menciona los de Arenys de Munt, Figaró-Montmany y La Granada.
En el primer caso, según la cámara, la gestión directa del servicio supuso un incremento del 30% de los costes y un “empeoramiento” de los objetivos de rendimiento de la red, “pasando del 74,5% a un deficiente 57%”. En el de Figaró-Montmany, señala CCIES, las tarifas se subieron entre un 53% y un 151%, mientras que en La Granada lo hicieron entre un 23% y un 148%.
El informe de la cámara llega después de que varios municipios hayan decidido remunicipalizar el servicio de abastecimiento de agua potable y otros, entre ellos Barcelona, lo estén estudiando. También la Generalitat quiere recuperar la gestión de ATLL si el Supremo anula su adjudicación.
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