Carmena propuso a Cifuentes llevar la Ciudad de la Justicia a Chamartín

El Ayuntamiento de la capital, dirigido por Manuela Carmena, ofreció hace un mes a la Comunidad, liderada por Cristina Cifuentes, incluir la Ciudad de la Justicia en su proyecto de prolongación de la Castellana. Después de anular en mayo el plan de Distrito Castellana Norte (DCN), apoyado por Fomento y la Comunidad, el Consistorio propuso al Gobierno regional una alternativa: construir los juzgados en Chamartín y luego alquilárselos a la Comunidad. Pero Cristina Cifuentes, según desvela hoy EL PAÍS, la rechazó. Defendió la vigencia del proyecto de DCN y recordó al Ayuntamiento que ya poseía suelo propio en Valdebebas.

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Con unos presupuestos que tardaban en ejecutarse, y el desarrollo de la zona norte de Madrid atascado, el equipo de Carmena propuso a la Comunidad incluir en su plan para la prolongación de la Castellana la futura Ciudad de la Justicia. Fue durante una reunión celebrada hace algo más de un mes. Estaban presentes, por parte del Ayuntamiento, la alcaldesa, Manuela Carmena; la delegada del Área de Equidad, Marta Higueras; y Luis Cueto, coordinador de la Alcaldía. Por parte de la Comunidad asistieron la presidenta Cifuentes; el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, y la consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo.

En la reunión mantenida entre ambos equipos en un restaurante de la capital, el Consistorio propuso financiar la construcción de una serie de edificios judiciales, utilizando los millones de euros de sus arcas municipales que no lograba ejecutar (las estimaciones municipales apuntan a que este año el Ayuntamiento no gastará el 40% de las inversiones previstas, equivalentes a unos 220 millones). Y, una vez levantada la nueva Ciudad de la Justicia, le alquilaría los inmuebles a la Comunidad.

El paralizado Campus o Ciudad de la Justicia de Valdebebas fue uno de proyectos más ambiciosos de los últimos Gobiernos de la Comunidad de Madrid, pero ahora se encuentra en vía muerta, después de que Cifuentes considerara excesivos su coste y los tiempos de concesión. En enero, el Tribunal de Contratación Pública anuló la decisión de la presidenta regional de paralizarlo. En octubre, la Comunidad presentó un recurso contencioso-administrativo contra esa anulación.

En mayo, Ahora Madrid, con el apoyo del PSOE, anuló en un pleno municipal el proyecto de Distritico Castellana Norte (una sociedad formada por BBVA y la constructora San José), que cuenta con el apoyo del Ministerio de Fomento y de la Comunidad. El Ayuntamiento consideró que estaba vinculado a un modelo especulativo que no compartía, y propuso un plan alternativo, que denominó Madrid Puerta Norte.

Esta propuesta, desarrollada en un puñado de folios —el plan de DCN contaba con decenas de informes avalados por varios organismos y administraciones—, tenía un problema de origen: para llevarse a cabo necesitaba del apoyo tanto de Fomento (dueño de más del 70% de los terrenos donde iban a ejecutarse las obras) como de la Comunidad.

Cuando el Ayuntamiento ofreció la posibilidad al Gobierno regional de incluir la Ciudad de la Justicia en el proyecto Madrid Puerta Norte, desde el Ejecutivo de Cifuentes "se le contestó que no podía valorar esta propuesta". En concreto, la Comunidad alegó no tener información suficiente como para dar una respuesta definitiva. Además, dijo estar inmersa en una resolución judicial sobre el anterior proyecto de Ciudad de la Justicia, y finalmente mantuvo su apoyo a la Operación Chamartín elaborada por DCN, que había sido "pactada por todas las Administraciones: central, autonómica y local [el Ayuntamiento de Ana Botella, del PP]".

Seis meses de plazo

Ante la negativa de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento desistió. Buscó otra salida a su plan de prolongación de la Castellana, aprovechando el nombramiento de Íñigo De la Serna como nuevo ministro de Fomento. Carmena se acercó al nuevo mandatario y en un encuentro mantenido en noviembre, aceptó liderar las mesas técnicas para desatascar la Operación Chamartín, buscando un consenso que en los últimos meses se había echado en falta entre las partes interesadas.

El concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, sostuvo este lunes, tras la primera mesa técnica, que el objetivo del Ayuntamiento es avanzar hacia un nuevo planteamiento consensuado en un plazo máximo de seis meses. Preguntado por la ausencia de la Comunidad en la reunión, recordó que la Administración que preside Cristina Cifuentes ya dijo que no acudiría porque su papel "debe ser el de ratificar más que el de participar en esta primera fase del acuerdo".