Los activistas culpan a Junts pel Sí del retraso de la renta garantizada

La larga espera por la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que está estancada desde hace tres años, puede dilatarse aún más por la posición de Junts Pel Sí (JxS). Los promotores de la ILP han alertado este miércoles de que la propuesta puede no ser incluida en los Presupuestos, lo que retrasaría su aplicación al 2018. JxS propone una cuantía inferior a la que defiende el conjunto de la oposición y los promotores.

El motivo del desacuerdo es el montante de la prestación: toda la oposición y los promotores defienden que la renta sea de 664 euros en 12 pagas, el importe que fija el Indicador de Suficiencia de Renta de Cataluña (IRSC), congelado desde 2010. No obstante, la última propuesta de JxS es que la prestación sea de menos de 500 euros, pues considera que las arcas catalanas no pueden hacer frente al gasto.

"Junts Pel Sí tiene un problema", ha afirmado Diosdado Toledano, portavoz de los promotores de la ILP. Toledano ha explicado en rueda de prensa ante el Parlament, acompañado por representantes políticos y sindicales, que se puede dar la situación de que la ley salga adelante con los votos de la oposición, pero que no se incluya en los Presupuestos. "No podemos esperar más", ha señalado. Los promotores han recordado que la RGC está contemplada en el Estatut de Autonomía y es una obligación desplegarla.

Los grupos parlamentarios y los promotores han hecho algunos retoques a las condiciones pero la cuantía siempre ha sido la línea roja. El acuerdo, por lo pronto, fija que todas las personas mayores de 23 años con unos ingresos inferiores al IRSC recibirán una prestación del 100% de este importe. El segundo beneficiario de la familia recibiría el 70%, mientras que para los otros adultos sería un 30%. Los menores contarían con 100 euros, un 15% del indicador.

La última propuesta de JxS, en cambio, establecía cantidades más bajas: el 75% del indicador, menos de 500 euros, para el beneficiario, y para los demás integrantes de la familia solo el 5%. "Esto es miseria", ha sentenciado Toledano. Los promotores han asegurado que la RGC absorbería prestaciones "desbordadas" como la renta mínima de inserción (que supone 173 millones de euros) y otras ayudas que equivalen a 700 millones a la Generalitat.

Toledano ha anunciado también una manifestación para el próximo 19 de noviembre para pedir "unos presupuestos sociales" y una huelga de hambre que empezará tres días antes del inicio del debate sobre los Presupuestos de la Generalitat.