El Parlament inicia el trámite para anular los juicios franquistas

El Parlament ha dado este miércoles un paso sin precedentes desde que se restableció la democracia en España. La cámara ha aprobado una proposición de ley que pretende declarar nulos y sin efectos jurídicos todos los consejos de guerra sumarísimos y las sentencias dictadas en Cataluña por causas políticas durante el régimen franquista. Es la primera vez en más de 40 años que una insitución adopta un acuerdo tan ambicioso.

La iniciativa ha sido presentada por Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí que es Pot y ningún otro grupo ha presentado una enmienda a la totalidad, por lo que ahora continuará su trámite parlamentario. La aprobación se ha realizado en un ambiente muy emotivo porque decenas de familiares de aquellas víctimas del fascismo han llenado la tribuna de invitados.

Entre ellos, las hermanas del anarquista Salvador Puig Antich, pero también familiares del expresidente Lluís Companys o del que fuera dirigente de Unió Manuel Carrasco i Formiguera. Junto a ellos, ancianos y ancianas y otros familiares anónimos con las fotos de sus muertos colgadas en el pecho y que han sido ovacionadas largamente (excepto los diputados del PP y Ciudadanos) por la cámara puesta en pie a la entrada y la salida de la sesión. Después se ha producido la habitual foto de familia con el presidente de la Generalitat, la presidenta del Parlament y algunos diputados.

La ley que se pretende no tiene parangón en la España de José Luis Rodríguez Zapatero que alardeó de memoria histórica, ni tampoco en los siete años que gobernó el tripartito. "Nos faltó ambición", ha admitido sin reparos el diputado de Sí que es Pot Joan Josep Nuet, quien ha recordado el papel que tienen esas gentes en la historia. "Fueron luchadores por la libertad, no delincuentes", ha dicho.

78.331 procesados y 3.358 ejecutados son las cifras de aquella represión en Cataluña que se inició con un bando de 28 de julio de 1936 y finalizó con un decreto ley el 26 de agosto de 1975, apenas tres meses antes de que el dictador muriese en la cama. Los números los ha ofrecido la diputada de la CUP Mireia Boya, que se ha mofado del recurso que pudiera presentar el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

EL PSC sostiene que la Generalitat no tiene competencias para aprobar esta ley y por eso ha presentado una propuesta que se debatirá esta tarde en la que reclama del Congreso una modificación de la ley de la memoria histórica con el mismo objetivo de anular las sentencias franquistas por motivos políticos e indemnizar con 135.000 euros a los beneficiarios de las personas que entre junio de 1940 y septiembre de 1945 murieron como consecuencia de su deportación o internamiento en los campos de concentración y de trabajo nazis. La propuesta saldrá adelante porque ningún grupo ha presentado tampoco una enmienda a la totalidad.

La emoción del debate solo se ha roto en algún momento de la intervención del diputado del PP Fernando Sánchez Costa, quien ha aludio constantemente a Santiago Carrillo, Adolfo Suárez y Marcelino Camacho y a sus proclamas a favor de pasar página en pro de la reconciliación nacional.