Las consecuencias de la infrafinanciación

Comencemos por algunos datos que, aunque conocidos, conviene no perder de vista. En la Comunidad Valenciana vivimos algo más del 10% de la población española y producimos aproximadamente el 10% del PIB español. Nuestra renta per cápita es del 88,4% de la media nacional, un 19,5% menos que Aragón, un 35,2% menos que Madrid, un 25,6% menos que Cataluña, por ejemplo.

Las inversiones del Estado en nuestra comunidad son el 6% de las totales, recordemos con una población del 10%. La financiación que recibe cada valenciano es 258 euros anuales menos que la media española, 970 euros anuales menos que el que más recibe. Si tuviéramos la misma financiación por habitante que la media española, recibiríamos anualmente 1.290 millones de euros más y si tuviéramos lo mismo que la máxima, 4.850 millones de euros más. Se pueden hacer muchas cosas con ese dinero. Y por si faltaba algo, somos contribuyentes netos, aportamos al Estado 1.416 millones de euros más de lo que recibimos.

Soy consciente que todos estos datos juntos hacen pensar a cualquiera que no pueden ser ciertos. Pero lo son, proceden de la propia Administración central. Es imposible explicar esta situación a un ciudadano de otro país. No lo entiende. Nos va a preguntar por qué y eso nos preguntamos los valencianos. ¿Por qué este trato? ¿No debería el Estado comportarse con las comunidades autónomas, que también son Estado, como un buen padre de familia, tratando a todos de una forma equitativa?

Pues debería pero, en el caso de la Comunidad Valenciana, como no lo hace, las consecuencias en la vida cotidiana de los valencianos de este maltrato son, por ejemplo, que los niños valencianos no tengan una tableta gratuita en el colegio, como en otras comunidades, que la sanidad pública no tenga los mismos medios que en otras comunidades, que no se puede viajar en AVE entre Alicante, Valencia y Castellón, mientras que en otras comunidades todas las capitales de provincia tienen una estación de AVE, que el Corredor Mediterráneo de verdad no está ni se le espera, con lo que nuestro puerto no puede crecer de acuerdo con su potencialidad, ni nuestros productos agrícolas, llegar a los mercados en condiciones competitivas.

Queda muy poco para las políticas activas de apoyo a la innovación e internacionalización de las empresas que, de recibir apoyo adecuado, crearían más empleo y de más calidad.

No hay atisbos de que esto se vaya a solucionar a corto plazo: ningún líder de los cuatro partidos se ha comprometido a solucionarlo de una forma concreta, en un plazo determinado. La solución pasa, necesariamente, por poner encima de la mesa todos los ingresos del Estado y distribuirlos en función del servicio que cada escalón de la Administración pública suministra a los ciudadanos. Y para hacerlo hace falta coraje político, porque habrá que acabar con algún privilegio. Hemos de estar todos unidos exigiendo lo que nos pertenece con educación, con argumentos, pero con firmeza. Cada uno en el sitio que lo pueda hacer. Por ejemplo, los diputados y senadores no deberían olvidarse que están allí (Madrid) porque los elegimos aquí. Y lo de la “disciplina de partido” no nos sirve. Los empresarios de nuestra comunidad fuimos de los primeros en exigir un trato justo en la financiación de la Comunidad Valenciana.

Vamos a seguir haciéndolo en todos los foros en los que estamos. Ahora somos muchos más pidiendo lo mismo: partidos políticos, universidades, sindicatos, Ayuntamientos, etcétera. Tenemos que estar “tots a una veu”. Es fundamental que se nos oiga y se sienta la presión.

JOSÉ VICENTE GONZÁLEZ es presidente de CIERVAL