La Audiencia Nacional reclama documentación a la Comunidad sobre la gestión de Granados en Arpegio

La petición la ha realizado el magistrado tras el informe presentada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigan la Operación Púnica y tras la petición efectuada por la Fiscalía. El juez basa su solicitud en las declaraciones iniciales del constructor y amigo personal de Granados, David Marjaliza. Este ha acusado al entonces presidente de Arpegio y actual consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, de estar detrás de la trama de corrupción montada del PP y de facilitar contratos y adjudicaciones a la trama. El consejero siempre lo ha negado y ha anunciado que acudiría a los tribunales para defender su honor.

El magistrado Abascal recoge en el auto las declaraciones de Marjaliza en la que revelaba el supuesto pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos en los que participaba Arpegio, además de los Planes Regionales de Inversiones de la Comunidad de Madrid (Prisma) que impulsaba el Gobierno regional. "La ejecución de los consorcios y de estos planes dotados con 1.000 millones de euros se llevaron a cabo bajo la esfera de dominio de Francisco Granados como presidente de la mesa de contratación, en persona o por delegación, junto con un número de vocales", recoge el auto de la Audiencia Nacional.

"El dominio sobre las decisiones de adjudicación era absoluto y fue algo buscado desde el momento inicial de la redacción del convenio. Por esta razón resulta necesario para examinar la regularidad conforme a derecho del propio órgano adjudicante", justifica el juez. Este también expone que es necesario "profundizar en el estudio de las adjudicaciones otorgados a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos S. A. (DUSA), en particular de los contratos de obra y servicio que son objeto de encomienda por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid a dicha mercantil".

Por último, el magistrado se basa en la declaración de un testigo (al que no identifica) el pasado mes sobre la arbitrariedad de las decisiones que se adoptaban en la Fundación Arpegio a la hora de ejecutar "su programa de ayudas y subvenciones" para estudiar las entidades físicas y jurídicas beneficiarias.

El juez ha pedido a la Comunidad de Madrid la autorización que permitía a Granados firmar convenios en nombre de Arpegio y las bases y las adjudicaciones que rigieron el Prisma en los periodos entre 2006 y 2007, 2008 y 2011. También le exige a la actual Nuevo Arpegio, S. A., que ha sustituido a Arpegio, otros documentos como las bases del Prisma de 2006 y 2007, 2008-2011 y seis contratos a la empresa DUSA por un montante global de casi seis millones de euros. Además, demanda el contrato de los servicios de coordinación de seguridad y salud del Prisma 2008-2011, por un valor de 3,4 millones de euros; el alquiler de oficinas en la plaza de Colón por 289.970 euros; el de publicidad y propaganda por 2,5 millones de euros, y el de los actos de presentación y primeras piedras, por 781.714 euros. 

El auto concluye que la petición debe realizarse con la mayor brevedad: "Se hace expresa mención que su práctica y ejecución es urgente e inmediata, por lo que su destinatario está obligado a dar pronta y cumplida ejecución de los mandamientos"