Los detenidos admiten valoraciones “ficticias” en las obras de La Sagrera

Tres de los 14 detenidos en la operación contra una presunta trama corrupta en el AVE de Barcelona han admitido, ante la Guardia Civil, la existencia de una “doble medición” en las obras de la futura estación de La Sagrera: una “real” y otra “ficticia”. Al certificar trabajos que no se habían ejecutado, Adif benefició a las empresas adjudicatarias en más de 80 millones de euros, según la investigación. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que, a cambio, altos funcionarios del ente recibieron dádivas. Los detenidos que han reconocido la falsedad en las mediciones —Carles P., Adriano R., y Alejandro L.— afirmaron ante la Guardia Civil que sus números respondían a “instrucciones” para valorar los trabajos dadas por altos cargos de Adif.

Carles P. era el jefe de asistencia técnica en la estación de La Sagrera, cuya construcción está paralizada por la necesidad de aclarar los sobrecostes de la obra. Según su declaración ante la Guardia Civil, a la que ha accedido EL PAÍS, los responsables de Adif le indicaban, verbalmente, “las cantidades que tenía que incluir en las certificaciones mensuales”. Carles P. confeccionaba sus documentos para “ajustarlos” a esas cifras, “aunque no coincidían con la realidad de la obra”, admitió.

Los agentes llevaron al ingeniero a su terreno. Le preguntaron si esa doble medición es una práctica habitual en otras obras. Carles P. admitió que “no las había visto nunca”, y que siempre había certificado “por lo que realmente se construía”. Admitió que “no era consciente” de que había falseado documentos públicos y matizó que ignoraba le objetivo de esa doble contabilidad paralela. “Quizá fuera un tema político; había que ajustarse a un presupuesto que, de no gastarse, se perdería”, aventuró.

La Fiscalía Anticorrupción no ve fines políticos, sino económicos: los cargos de Adif implicados quisieron beneficiar a las adjudicatarias, grandes empresas integradas en diversas UTE. Según las auditorías, el ente público certificó trabajos que no se ejecutaron o bien, que se ejecutaron pero con técnicas y materiales de peor calidad que los descritos en los documentos oficiales. El desfase (y, por tanto, el daño a las cuentas públicas) es de 82 millones, según la investigación.

El fiscal sospecha que, a cambio de ese trato de favor, los funcionarios recibieron dádivas, aunque por ahora no hay apenas indicios de ello. En 2014, una primera investigación sobre la corrupción en el AVE de Barcelona —en un tramo de vía de apenas tres kilómetros— reveló que altos cargos de Adif (algunos de ellos han vuelto a ser detenidos ahora) viajaron a pistas de esquí de medio mundo a cargo de las empresas.

Carles P. negó haber disfrutado de viajes o recibido regalos, igual que los otros dos detenidos que han admitido las falsedades. Adriano R. era uno de los directores de obra del sector Sant Andreu, uno de los tres que se investigan (junto a los accesos y las plataformas de La Sagrera). Aseguró que “la valoración de la obra ejecutada era muy inferior a la que figuraba en las certificaciones” y que “comunicó esas diferencias” a sus jefes.

Adriano R. aseveró que recibía las “instrucciones” de los altos cargos de Adif. Durante el registro de su casa, aportó voluntariamente correos electrónicos que así lo prueban. Como uno enviado en 2012 por Mauro B. jefe de infraestructuras de Adif en Cataluña y también entre los detenidos. “Preparad la certificación por 1,5 millones de euros. Saludos”. Adriano R., sin embargo, no ve razones extrañas en la doble medición: declaró que el sistema informático es “rígido” y no permite “introducir ajustes en el presupuesto”.

El director de obra de la estructura de La Sagrera, Alejandro L, explicó que su tarea era revisar las certificaciones mes a mes mediante reuniones con las empresas. Alejandro L. dijo que “se sorprendió” al observar la doble medición y que “solicitó” a Adif que “se regularizara la situación”.