Colau prorroga la gestión privada de la asistencia jurídica a la policía

Las presiones del concejal Jaume Asens para evitar el encarcelamiento de un mantero han resucitado un debate: ¿Cuál debe ser el papel del Ayuntamiento de Barcelona en los procesos penales que afectan a sus agentes? La asistencia legal a los miembros de la Guardia Urbana está, desde hace años, en manos de un despacho de abogados externo. Frente a las voces que reclaman que esa tarea sea asumida por los servicios jurídicos municipales, el Gobierno de la alcaldesa, Ada Colau, ha prorrogado el contrato que deja en manos privadas el servicio.

El bufete de abogados penalistas Molins & Silva se encarga desde hace años de dar asistencia jurídica a los miembros de la Guardia Urbana y los Bomberos. El servicio incluye la defensa de los agentes involucrados en procesos penales, bien como acusados o como víctimas. Este último es el caso que ha desatado la polémica. El pasado miércoles, durante un dispositivo de control de la venta ambulante, Sidil M. agredió con la rama de un árbol a un policía, que fue herido en la cabeza.

Tras ser detenido, Sidil M. pasó a disposición judicial. La Fiscalía y el agente perjudicado solicitaron su ingreso en prisión. Antes de que la juez lo acordara, el tercer teniente de alcalde, Jaume Asens, llamó a la abogada de Molins & Silva que se hizo cargo del caso para pedirle que cambiara de parecer. El concejal consideraba excesivo el ingreso en prisión y así se lo hizo saber a la letrada. Tanto el bufete como los mandos de la Guardia Urbana —que también fueron informados de la maniobra de Asens— lo consideraron una “injerencia política” inaceptable.

La discusión se centra en saber si el Ayuntamiento de Barcelona -que paga el servicio- puede considerarse también cliente. Fuentes municipales sostienen que sí, y que como tal puede intervenir y dar su criterio; en especial, cuando el guardia urbano ejerce la acusación y no la defensa. Fuentes cercanas a la policía local, en cambio, subrayan que no, que la asistencia es "personal" y pertenece a cada agente en su comparecencia ante el juez, no al Ayuntamiento y ni siquiera a la Guardia Urbana, cuya responsable última es Colau. Y recuerdan que nunca antes se había producido una injerencia de estamentos políticos.

El contrato vigente data de 2012, durante el mandato como alcalde del convergente Xavier Trias. En abril, el gerente municipal adjudicó a Molins & Silva el “contrato para la asistencia y defensa jurídica” de los policías para el periodo 2012-2014 por un importe de 360.000 euros. Dicho contrato se prorrogó en 2014 y se volvió a prorrogar hace cuatro meses, ya bajo mandato de Colau.

Fuentes municipales consultadas por este diario aseguran que es “la última prórroga posible” y que, a partir de 2018, el consistorio decidirá qué hacer con el servicio. Esas mismas fuentes recuerdan que la prórroga no fue acordada por los servicios centrales, sino por el “ámbito de Seguridad”.

El cuerpo policial es partidario de que la asistencia jurídica siga en manos privadas. “Queremos evitar cualquier injerencia política", explicó Ángel Marcos González, portavoz de Sapol, sindicato mayoritario. La renovación de la gestión privada, por el contrario, ha causado malestar en ciertos sectores (también dentro del Gobierno municipal) que apuestan por eliminarla. En el verano de 2015, poco después de tomar posesión el nuevo Gobierno, Asens anunció la intención del consistorio de reducir un 45% anual el gasto en abogados externos.