Colau no contratará empresas que desvíen fondos a paraísos fiscales

En un gesto contra el fraude fiscal, el gobierno de Ada Colau ha firmado un decreto que prohíbe al Ayuntamiento de Barcelona contratar a empresas que usen filiales en paraísos fiscales para evadir o blanquear capitales. La regulación, que es pionera en España y no afecta a los contratos vigentes, obligará a todos los proveedores y contratistas del Consistorio a declarar si tienen sociedades subsidiarias o vínculos con estados que estén dentro de la lista negra de paraísos fiscales de las instituciones europeas. El portavoz del gobierno, Gerardo Pisarello, explicó que toda la información que no sea confidencial se publicará en el perfil del contratante. El falseamiento de los datos será motivo para rescindir directamente el contrato.

La medida adoptada por Colau quiere poner de manifiesto “la voluntad del Ayuntamiento de no tener relación jurídica” con proveedores que estén desviando fondos a hacia estos países, ya sea mediante “empresas pantalla o filiales”, para “evadir obligaciones tributarias” o bien realizar otras “actuaciones delictivas”. Pisarello subrayó que con este paso el Consistorio va más allá de la declaración política de ser una ciudad “libre de paraísos fiscales”. “Aprovechamos las grietas de la ley de Contratación Pública para introducir las consecuencias concretas que tiene esta actividad”, explicó el teniente de alcalde y responsable del área económica, quien precisó que el decreto introduce en los contratos una cláusula de obligado cumplimiento que permitirá solicitar información adicional a la empresa.

La medida fue celebrada ayer por la Plataforma por una fiscalidad justa, que en vísperas de las elecciones municipales exigieron a los ayuntamientos que se declararan “libres de paraísos fiscales”. “Es una primera concreción técnica de ese compromiso”, celebró el portavoz de la plataforma, Xavi Casanovas, quien recordó que la actividad ilegal de una empresa será motivo de rescisión del contrato. Hasta ahora, recordó Casanovas, ocho ayuntamientos se habían declarado “zonas libres” de paraísos fiscales mediante la aprobación de mociones —el primero de ellos Mataró— y Palma de Mallorca incluso incluyó esa condición en su Código Ético. Barcelona ha ido más allá y exigirá a sus contratistas que aporten información sobre su actividad en estados considerados paraísos fiscales.

Las entidades toman como referencia una lista de países no cooperadores publicada por la sociedad civil Tax Justice Network, pero el Ayuntamiento tendrá como referente las listas oficiales de países elaborada por las instituciones europeas o España. El año pasado, la Comisión Europea publicó una lista negra de paraísos fiscales en la que figuran 30 estados o territorios que no cooperan en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Entre ellos figuran los países europeos de Andorra, Mónaco, Liechtenstein y la isla de Guernsey, dependiente del Reino Unido.

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aplaudió la medida adoptada por Colau. Su secretario general, José María Mollinedo, explicó que “la idea pasa por conseguir que haya un mayor número de instituciones que no favorezcan” que haya empresas que evadan impuestos. “La contratación pública local puede tener su impacto, más cuando esta iniciativa puede producirse no solo en municipios, sino en otras organizaciones”, agregó.

Un informe reciente de Oxfam Intermón y el Observatorio de RSC señala que las empresas del Ibex-35 tienen en su conjunto 891 filiales en paraísos fiscales o estados con una baja tributación. El estudio concreta, además, que entre 2012 y 2015 el 22,3% de los principales contratistas del Ayuntamiento de Barcelona tenían filiales en paraísos fiscales. “La medida puede ayudar también a empresas medianas o pequeñas”, señala Mollinedo. Coincidió con él Pirasello al referirse a que la medida también busca una mayor igualdad de oportunidades entre las empresas que aspiran a trabajar para el Consistorio, puesto que esta introduce “transparencia y lealtad en la competencia”. “La evasión fiscal es una medida que permite a las grandes corporaciones tener posiciones de ventaja ante las pequeñas o medianas o las cooperativas”, remachó.