El ‘caso Garganté’ complica el apoyo de la CUP al presupuesto de Colau

El 'caso Garganté' ha entrado definitivamente en la arena política y, además de envenenar las relaciones entre el grupo municipal de la CUP y el gobierno de la alcaldesa Ada Colau, que defiende la actuación de la Guardia Urbana, complica la aprobación del presupuesto --la modificación de crédito de 275 millones de euros-- al ejecutivo municipal. Colau necesita los votos de ERC y PSC y al menos un voto de la CUP para sacarlo adelante.

El secretariado de la formación presentará el sábado en la  asamblea general de la militancia de Barcelona las alegaciones que han presentado al proyecto de modificación de crédito: son, en realidad, las 10 condiciones que la CUP pone a Colau para aprobar el presupuesto. El sábado no habrá una votación definitiva sobre el posicionamiento de los militantes respecto a la modificación presupuestaria, pero el clima está muy crispado, admiten fuentes del partido.

Un día antes, el viernes, el Ayuntamiento celebrará una comisión extraordinaria sobre la cuestión, a propuesta de CiU, que ha pedido que comparezca algún responsable del Ejecutivo municipal para dar explicaciones. Por otro lado, el juez ha suspendido el juicio rápido a Josep Garganté para presuntamente coaccionar a un médico para que cambiara el informe sobre las heridas de un mantero. El magistrado ha decidido suspenderlo a la espera de resolver los recursos de la Fiscalía, y la defensa, que pide el archivo de la causa.

El caso que afecta al regidor de la CUP saltó a la opinión pública a raíz de la denuncia de un facultativo del centro médico Peracamps a Garganté por coacciones. El médico denunció el intento de Garganté para que modificara el informe médico, sobre las causas de las heridas de un vendedor ambulante, y reflejara que se rompió la pierna no por una caída, sino por un empujón de un policía municipal. Unas presiones sobre las que incluso hay un vídeo difundido por El Periódico.

La CUP ha comparecido este martes en público para exigir a Colau que "abre una investigación al cuerpo de la Guardia Urbana y se esclarezcan los hechos". Quien ha tomado la palabra no ha sido Garganté, sino la diputada del Parlament Mireia Vehí, que ha pedido "al gobierno del cambio que se posicione por los derechos". "Se cuestiona el regidor Josep Garganté y a la víctima, no a la Guardia Urbana", ha argumentado la diputada. Vehí ha pedido al Ayuntamiento "que rectifique las declaraciones donde da por hecho que la policia municipal ha actuado correctamente, critica Garganté y cuestiona la versión del mantero". Como ya dijo el pasado viernes el comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, este martes la alcaldesa Ada Colau ha afirmado que no descarta abrir una investigación, pero "cuando se resuelva la vía judicial".

Tanto la formación del regidor, como los colectivos Alerta Solidària y Tras la manta han alertado sobre el hecho que el Ayuntamiento se saltó el Protocolo de Estambul, vinculado en origen a los casos de tortura, que establece, han explicado, que cualquier paciente tiene derecho a ser atendido por un médico sin presencia de su eventual agresor. "Sin presencia policial y del posible agresor de la víctima", ha dicho la diputada Vehí.

Maria Dantas, del colectivo Tras la Manta, ha defendido también que "cualquier persona tiene derecho a ser atendida en condiciones de privacidad", y Eva Pous de Alerta Solidària ha pedido que "se acabe con la impunidad policial". Por su parte, Lamine Bathily, del colectivo de manteros ha lamentado que "nadie" los ayude y ha asegurado que "lo único" que quieren es trabajar y que no dejarán de hacer venta ambulante "a pesar de la presión policial".

Desde el grupo municipal de ERC, el regidor Jordi Coronas ha apoyado a la Guardia Urbana y ha asegurado que los republicanos “no piensan colaborar en hacer un juicio paralelo al procedimiento abierto”. Coronas, que preside la mesa de trabajo del top manta, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los partidos para no “instrumentalizar a los manteros”. Por parte del PP, el presidente del grupo municipal, Alberto Fernández Díaz, ha insistido en su petición a Colau para que el Ayuntamiento se persone en la causa.