El fiscal acusa a Garganté de incitar al médico a falsificar un documento

La Fiscalía de Barcelona considera que el juez de Instrucción número 22 ha valorado muy benevolentemente la coacción a la que, presuntamente, sometió el concejal de la CUP, Josep Garganté, al médico del centro Peracamps que no quiso modificar su informe médico para que apareciera que las lesiones que le había valorado un mantero eran consecuencia de una agresión policial en lugar de una caída. La acusación pública ha presentado un recurso en el que considera que el político antisistema ha cometido también un delito de falsedad en documento oficial en grado de tentativa ya que la coacción iba destinada a que el médico modificara su informe médico.

La acusación pública sostiene que, según el atestado de la Guardia Urbana de Barcelona, Garganté no accedió sólo al centro médico sino acompañado de un representante de la asociación Tras la Manta y entre 10 ó 16 personas que “fotografiaban a los presentes y que solicitaban entrevistarse con el facultativo”. Según el fiscal cuando lo que se pretende es que una persona “modifique, contra su voluntad, su proceder profesional alterando un extremo de un parte médico de asistencia, es evidente que la circunstancia de que sea un grupo coordinado quien se situa frente al facultativo no es estéril ni puede ser obviado, pues su sola presencia plural supone un elemento de presión que refuerza y participa en la conducta del señor Garganté y que hace que supere el ámbito penal de los delitos leves por la intensidad de la presión generada”. Según Fiscalía la presencia del grupo es un elemento “susceptible de intimidar”.

La acusación pública critica que la presencia del grupo dificultaba el trabajo en el centro médico y estos sabían que estaban presionando con su mera presencia. El propio Garganté amenazó al médico: “Podemos estar aquí cinco minutos o cinco horas”. Fiscalía argumenta que el médico cuando fue coaccionado estaba “revestido de su condición de funcionario público”. Garganté, según el recurso, estaba forzando a modificar el informe médico en las que se indicaba que las lesiones que presentaba el mantero se las había provocado en una caída tal y como el propio lesionado había relatado al facultativo. Fiscalía considera que el concejal de la CUP intentaba forzar al médico a cambiar el informe y si el facultativo hubiera accedido cometería un “delito de falsedad en documento oficial”. Por ese motivo a la coacción Fiscalía considera que debe añadirse un delito de falsedad documental en grado de tentativa al regidor y al grupo que le acompañó y pide que se revoque la resolución judicial y se abran diligencias para investigar lo ocurrido.