Doble vara de conducir

El nuevo protocolo aprobado por Manuela Carmena tan solo recoge que se prohíba la circulación de todos los vehículos si realmente existe un episodio “excepcionalmente grave” de contaminación. Para ello es necesario que se superen los 400 microgramos de dióxido de nitrógeno por metro cúbico. Sería el llamado escenario 4. Hasta el momento, no se ha superado nunca ese límite en Madrid.

El alcalde de Alcorcón atacó ayer de frente esa posible restricción. Para ello apeló al artículo 19 de la Constitución Española, que reconoce el derecho fundamental de libertad de tránsito de los españoles. Recordó que este precepto establece que “nadie puede restringir arbitraria y unilateralmente la libre circulación”. David Pérez recalcó que son “decenas de miles los ciudadanos que diariamente tienen que acceder a la capital desde distintos puntos de la región, especialmente de la zona sur de la Comunidad de Madrid”. “Es un deber de todos los alcaldes afectados hacer valer los derechos de los ciudadanos”, recalcó el regidor popular.

Donde Pérez centró sus críticas fue en el llamado escenario 4 que obligará a parar a todos los vehículos, con independencia de la terminación de sus matrículas. “Una cosa es tener autonomía municipal y otra, muy distinta, es ejercerla contra los derechos reconocidos en la Constitución”, recalcó el regidor alcorconero, que acusó al Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena de haber actuado “de forma unilateral” y sin estudiar otras alternativas como el aumento del servicio de trenes de cercanías y metros (pese a que ninguno de los dos servicios son de su competencia) o la compra de nuevos autobuses para la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

La historia en sí podría verse como una defensa férrea de los 167.136 vecinos de esta localidad del sur de la región. Pero hace poco más de tres años que el alcalde de Alcorcón tomó una decisión unilateral y sin consultar con los afectados. Prohibió que las autoescuelas de fuera del municipio circularán por la casi totalidad de las calles de Alcorcón, pese a ser una de las localidades que acoge gran número de exámenes de conducir por su proximidad con el centro de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Móstoles. La medida se anunció en marzo de 2012 y no entró en vigor hasta el 10 de diciembre de ese mismo año, cuando se instalaron numerosas señales por todo el municipio que supusieron un fuerte desembolso. Y detrás estuvo la Policía Municipal, que tuvo que ir callejero en mano viendo cuáles eran susceptibles de tener circulación restringida y cuáles no.

La medida, aseguró entonces el regidor, era una demanda de los ciudadanos, pero también bordeaba la legalidad. La medida le fue bien a las arcas municipales. En menos de tres meses fueron denunciadas 56 autoescuelas.

Alcorcón mantuvo la ordenanza pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbó una normativa similar en el vecino municipio de Móstoles. La sala de lo Contencioso-administrativo estimó en ese caso que estas medidas iban en contra del artículo 24 de la Constitución. “Es un claro obstáculo a la libre circulación de personas, bienes y servicios”. Es decir, el mismo argumento que quiere utilizar Pérez contra Carmena. ¿Doble vara para conducir?