El deber de hacer política

Son semanas decisivas para constituir el futuro Gobierno de España. Ante un Congreso de Diputados tan fragmentado, comprendemos las dificultades para alcanzar acuerdos políticos satisfactorios para las partes. Pero, por respeto y fidelidad a los electores, todas las formaciones están obligadas a dicho acuerdo, tanto en la derecha como en la izquierda. Por otra parte, cuando los partidos, de uno u otro signo, fraguan o deshacen acuerdos, es preciso hacerles patente cuál es la situación de los ciudadanos para exigirles urgentemente los pactos necesarios para gobernar. Según Oxfam Intermón, en España, “veinte personas alcanzaron un patrimonio de 115.100 millones de euros, lo que equivale a la riqueza que concentra el 30% del país”. Según Global Wealht Report, durante 2015, también en España, la clase trabajadora —un 60% de la población— disponía del 15% de la riqueza, es decir, cuatro veces menos que su peso demográfico.

A tenor de estos y otros datos que la dirección conoce, Podemos debe favorecer la constitución de una amplia mayoría de izquierdas para hacer realidad, más allá de las razonables discrepancias, lo que dice en su programa: “Ha llegado el momento de que el desbordamiento popular que nos ha traído hasta aquí tome las riendas del gobierno de nuestro país”. En este momento político, estimo altamente reprochable que dirigentes de Podemos, en un acto celebrado en Madrid, continúen hablando de “proceso constituyente” o, lo que es peor, que “hay que seguir rodeando el Congreso”.

Cuando se ha concurrido a unas elecciones y se han conseguido 69 diputados —con independencia de sus variantes políticas internas— surge un deber ético y político de hacer política, en el sentido más digno de la palabra, y, consecuentemente, de favorecer el Gobierno que permita la ejecución de las 387 propuestas que integran el Programa. Sobre todo si dicho programa contiene medidas que resultarían prácticamente inviables sin la participación en un Gobierno capaz de aplicarlas. Lo contrario, desde el marco de la izquierda, sería una decepción, cuando no un fraude, para los más de cinco millones de ciudadanos que los han votado.

El programa de Podemos plantea la reforma de seis preceptos constitucionales —entre ellos el artículo 135—, la inmediata derogación de una veintena de leyes y disposiciones —desde la reforma laboral hasta la ley de Seguridad Ciudadana— y la reforma de unas setenta normas de diverso alcance. Todo ello para restablecer el Estado Social y Democrático de Derecho, un mayor grado de libertad e la igualdad y mayores garantías democráticas, tan vejadas y restringidos durante el mandato del Gobierno del PP. Dichas propuestas incluyen la efectividad de los derechos civiles y sociales, una profunda reforma de la Administración de Justicia, medidas tendentes a “poner fin a la impunidad de las corruptos” y una revisión a fondo del sistema electoral que evite ataques flagrantes a la igualdad de todos los ciudadanos, como fue el que IU, con más de un millón de votos, solo obtuviera dos diputados.

Ciertamente propone también una reforma, hoy aceptada por casi todos, de “la estructura territorial del Estado” a partir del reconocimiento de la plurinacionalidad de España. Para ello, invoca el reiterado y vacuo “derecho a decidir” en lugar del derecho “de libre determinación” reconocido en el artículo 1 de los Pactos de Nueva York. Pero, para ser justos en la valoración de esta propuesta, debe destacarse que reconoce la plena vigencia del actual Estatut d'Autonomia —propuesta 364— y que la vía propuesta para el ejercicio de aquel derecho es la reforma de la ley estatal de Referéndum de 1980, que exige la autorización del Congreso de Diputados por mandato constitucional. En consecuencia, admiten implícitamente el carácter “consultivo” del mismo.

Como puede advertirse, estamos ante propuestas de “cambio del marco constitucional”, exigencia hoy claramente compartida desde la izquierda, incluido el PSOE y el PSC. Pero para ello, resulta excesivo afirmar que “quieren que el poder vuelva a las calles y que sea la gente, con su voto, la que decida si quiere o no cambiar este marco constitucional”. Así debe ser en todo caso, lo que exige algo que Podemos no incluye en su Programa, la reforma del artículo 167 de la Constitución, para excluir radicalmente la posibilidad de la reforma impuesta por el Gobierno del PP, con el apoyo del PSOE, para someter a España al dictado de las políticas de austeridad de la Unión Europea.

Respetamos y, en buena parte, compartimos el programa de Podemos, pero el 20,66% de los votos obtenidos le obliga a ceder, a conciliar y ensanchar los espacios de entendimiento y fraguar o apoyar un Gobierno con el o los partidos con los que haya mayores coincidencias. Entonces estaremos abriendo de verdad una nueva etapa.

Carlos Jiménez Villarejo fue Fiscal Anticorrupción y es miembro de Federalistes d'Esquerres