El objetivo es conseguir la secesión de Cataluña en 18 meses

El pacto entre Junts pel Sí y la Candidatura d’Unitat Popular para investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat desencalla lo que ambas formaciones habían acordado hasta ahora: la hoja de ruta soberanista y el plan de choque social. El nuevo Gobierno deberá aprobar en un mes tres leyes para avanzar hacia la independencia, que prevén declarar en 18 meses. El Ejecutivo también tendrá que redactar unos Presupuestos con 270 millones más para políticas sociales.

El Gobierno catalán tendrá sobre la mesa las medidas prometidas en la declaración de ruptura que el Parlament aprobó el pasado 9 de noviembre. Un texto pactado entre Junts pel Sí y la CUP que proclamaba el "inicio del proceso de independencia" y ponía deberes concretos al nuevo Gobierno para hacer efectiva la secesión en 18 meses.

Así, el Ejecutivo de Carles Puigdemont deberá aprobar, en un mes, tres leyes de calado para avanzar hacia la secesión: la de proceso constituyente, la de seguridad social, y la de hacienda pública. Las tres suponen avanzar en la creación de estructuras de Estado para hacer efectiva la separación de España en el momento en que lo decida el Parlament. La cámara hará efectiva la "desconexión" del ordenamiento jurídico español en la llamada ley de transitoriedad. Tras la aprobación de esa norma, la hoja de ruta de Junts pel Sí y la CUP se compromete a iniciar la redacción de una Constitución catalana, que debería ser ratificada en un referéndum. Todo el proceso tiene un plazo para cumplirse: 18 meses.

El nuevo Ejecutivo también tendrá que acometer la redacción de unos nuevos Presupuestos. En las cuentas habrá que incluir los 270 millones del plan de choque social que Junts pel Sí ofreció a la CUP en su último intento de convencerles para investir a Artur Mas. La coalición de CDC y ERC se comprometió a llevarlo adelante aunque no hubiera acuerdo.

La CUP, atada en corto

El acuerdo cumple con uno de los objetivos que tenía Junts pel Sí: asegurar la estabilidad parlamentaria en las votaciones referidas al proceso. En las negociaciones llevadas a cabo durante estos tres meses la coalición no lo tuvo en sus manos, hasta ayer. A cambio de renunciar a la figura de Artur Mas, la formación logra atar corto a la CUP, lo que facilitará su labor parlamentaria. Gracias a la adhesión de dos diputados para trabajar junto a la coalición y el compromiso de los ocho restantes a no votar en contra de nada que afecte a la secesión, Junts pel Sí se asegura que no perderá ninguna votación en el Parlament. La medida evitará que cada paso del proceso soberanista quede embarrancado por discrepancias.

Carles Puigdemont deberá nombrar ahora a su Gobierno, aunque fuentes de Junts pel Sí aseguran que se mantendrá la estructura que la coalición propuso a la CUP. Así, habrá tres grandes áreas que buscarán dar una imagen "coral" del Ejecutivo. El republicano Oriol Junqueras será el vicepresidente económico. Neus Munté, que ha sonado con fuerza para suceder a Mas, se encargará de las políticas sociales y Raül Romeva, que fue cabeza de lista de Junts pel Sí en las elecciones, asumirá Exteriores y Transparencia, según los previsto por la coalición.

El pacto permite tirar adelante con el plan soberanista pero sus actores destacan especialmente una de sus virtudes: la de evitar elecciones en marzo. Tras la victoria el 27-S (los independentistas no llegaron al 50% de los votos, pero sí tuvieron una mayoría en escaños), todos asumían que unos nuevos comicios ponían en jaque el camino hacia la independencia. Con un acuerdo, aseveran ahora, el proceso sigue adelante.