La ley electoral llega al Parlament tras 35 años sin acuerdo entre partidos

La proposición de ley electoral se debatirá este miércoles en el Parlament por primera vez después de la recuperación de la autonomía. Cataluña es la única comunidad que no dispone de un texto de este tipo ante la falta de acuerdo que han mostrado los partidos en las diversas legislaturas para que prospere una ley, que requiere 90 de los 135 diputados.

El texto que se debate llega al Pleno con el apoyo de CiU, Esquerra, ICV y la CUP, pero no suman la mayoría necesaria y no incluye un sistema electoral, que es el punto clave de la ley. Los socialistas, el PP e Iniciativa han presentado por separado enmiendas a la totalidad con una propuesta de texto alternativo que incluye un nuevo método para atribuir los escaños, mientras que Ciutadans propone una enmienda de retorno sin redactado alternativo.

No parece que CiU y Esquerra vayan a apoyar ninguno de esos redactados. Sus votos son suficientes para vetar las enmiendas, por lo que el texto volvería a la ponencia antes de regresar de nuevo al Pleno en julio para su aprobación definitiva. Los socialistas se han movido y ahora proponen un recuento a nivel de Cataluña y con ese porcentaje asignar después los mismos escaños que tiene cada provincia, lo que acabaría con el valor doble que ahora supone un voto en Lleida en relación a uno de Barcelona, por ejemplo. “Si no hay un sistema electoral más proporcional no apoyaremos la ley”, explica el diputado del PSC David Pérez.

Iniciativa per Catalunya, por su parte, insiste en que “una ley sin un nuevo sistema electoral sería una vergüenza, pero sin una administración electoral, también”, asegura Joan Herrera, coordinador de ICV. “Lo que pretendemos es evidenciar las vergüenzas de CiU, pero también del PSC con este tema”, añade.

A falta de sumar la mayoría necesaria, el texto que ha llegado al Pleno prevé la creación de la sindicatura electoral de Cataluña, formada por tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) y otros tres catedráticos designados por el Parlament. Sería la junta electoral catalana que sustituiría a la Junta Electoral Central y, si prospera la ley, actuaría como tal en los comicios previstos para el 27 de septiembre.

Si el texto sale adelante, Alicia Sánchez-Camacho no podría seguir siendo diputada autonómica y senadora, ni un candidato podría presentarse en una circunscripción en la que no está censado. También se rebaja el sueldo de los diputados a los que se otorgue la compatibilidad para ejercer otras actividades.

Pero la clave de la ley es el sistema electoral, la manera en cómo se atribuyen los escaños, y falta por ver si es posible llegar a un acuerdo cuando el texto vuelva al Pleno. Solo CiU y Esquerra se oponen a que se realice un recuento a nivel catalán como punto de partida para la atribución de los diputados.

El PSC insiste en que su nueva propuesta es la más proporcional de las posibles y, además, ni Girona, Lleida ni Tarragona pierden ninguno de los diputados que ahora les corresponde, lo que era una condición irrenunciable para CiU y ERC. Los esfuerzos de estos partidos y de Iniciativa se centran en atraer a los socialistas, pero estos insisten en que ellos “ya se han movido” y que ahora les corresponde echar el resto a las fuerzas que reclaman el consenso.