El instructor del ‘caso Ciempozuelos’ protesta ante el CGPJ

El primer instructor del caso Ciempozuelos y actual director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, Agustín Carretero, presentó la semana pasada una queja en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra los magistrados de la Audiencia Provincial que sentenciaron el caso, según confirmaron ayer fuentes del órgano de gobierno de la judicatura. El juez en excedencia considera que los redactores del fallo, pertenecientes a la Sección Quinta, se extralimitaron en sus apreciaciones contra su actuación, a la que tacharon de “falta de parcialidad”.

El llamado caso Ciempozuelos comenzó en 2006 por una denuncia de Manos Limpias por un supuesto caso de corrupción en este Ayuntamiento. Este incluía a los exalcaldes socialistas, Pedro Torrejón (203-2006) y Joaquín Tejeiro (1991-1995), junto a varios empresarios, familiares y amigos suyos. Los dos regidores fueron acusados de abrir una cuenta en el banco Andbanc, en Andorra. Los ingresos de ambos llegaron a sumar un total de 916.000 euros. Además, un fax, enviado por Tejeiro desde el domicilio de Torrejón al banco andorrano en 2006, anunciaba que iba a recibir un ingreso de 40 millones de euros. Este dinero procedía, en teoría, de comisiones ilegales.

Pero la Sección Quinta, presidida por el magistrado Arturo Bertrán, desestimó todos los delitos para los acusados y criticó a fiscalía, a la Guardia Civil y a la acusación particular ejercida entre otros por el PP por no haber llevado bien las investigaciones a pesar de los indicios de delito existentes. Todos los procesados fueron absueltos. La sección también reprochaba la actuación del primer instructor del caso, Agustín Carretero, entonces al frente del Juzgado número 2 de Valdemoro: “Es evidente que respecto del juez instructor cabe una razonable sospecha (iudex suspectus) de parcialidad”.

El afectado dice que

Los jueces también recogen que Carretero fue fichado por Esperanza Aguirre como director general: “Conforme a la experiencia, los nombramientos no nacen espontáneamente sino de previos diálogos o negociaciones. Aunque no hay, y esto hay que decirlo con toda claridad, ningún dato en la causa que revele una actuación parcial del juez, su apariencia de imparcialidad queda en entredicho. No obstante, ello no debe originar la nulidad de las actuaciones”. “En puridad, los hechos objeto de la causa han sido debatidos una y otra vez y han sido objeto de investigación durante años, tras cesar en sus funciones el primer juez de instrucción. Declarar la nulidad conlleva dictar sentencia absolutoria. El riesgo de que esa sentencia a su vez sea anulada es inasumible”, concluyen los magistrados.

Agustín Carretero presentó el escrito de queja en el registro del CGPJ el pasado 30 de abril, justo al día siguiente de publicarse el fallo. Este recuerda en su escrito que él sólo fue el iniciador del caso Ciempozuelos y que estuvo al frente de la instrucción tan solo seis meses ya que después se marchó a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, él sólo dio los pasos iniciales y tomó las primeras medidas cautelares para evitar que la posible corrupción continuara. Tras su cese en el cargo, continuaron otros jueces que también deberían tener alguna responsabilidad en la tramitación del caso y a los que no se refiere en ningún momento el fallo.

Según fuentes de la judicatura, el juez, que tiene previsto volver a ejercer su profesión a medio plazo, rechaza de plano que su entrada en la Comunidad se debiera al caso Ciempozuelos, por lo que cree que los magistrados de la Sección Quinta se extralimitaron. De hecho, pone otros ejemplos de jueces que se han pasado a la política y a los que no se les ha tachado en ningún momento de favorecer al partido que le ha pedido sus servicios. Según estas fuentes, el fallo siembra la sospecha contra Carretero, pero no se atreve que concluir que hubo trato de favor hacia la acusación del PP y que luego se le favoreció.

Carretero también recuerda en su escrito que la legislación actual permite que los jueces pidan una excedencia y desempeñen otros cargos.

El Consejo General del Poder Judicial designará ahora un promotor de la acción disciplinaria, que se encargará de abrir una información previa para estudiar todos los elementos del caso y comprobar si existe alguna infracción legal o normativa. En caso afirmativo, incoará un expediente sancionador contra los magistrados. El expediente se resolverá en un plazo de seis meses.