La juez declara caducada la multa a la preferentista octogenaria

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra lleva dos meses sacando como rosquillas sentencias sobre las multas por supuestos excesos de afectados por las preferentes en sus protestas de 2013. La última remesa tiene fecha del martes de la semana pasada, al día siguiente de las vistas judiciales. Son cinco y vuelven a ser favorables a los preferentistas, que suman ya 18 de 19 sentencias que anulan por extemporáneas o poco fundadas las sanciones. Con esta decisión, la octogenaria Domitila Vicente y otros cuatro manifestantes recuperarán lo abonado.

La sanción a Domitila hizo arquear las cejas de sus compañeros y abogados, extrañados porque una mujer con los huesos molidos que necesita un andador para caminar hubiese sido multada por tratar de colarse en el Ayuntamiento de O Rosal de forma “agresiva”. Por esta conducta y por no hacer caso a las órdenes de la Guardia Civil se llevó sendas multas de 100 euros. La sentencia hecha pública ayer anula la segunda de estas sanciones, sin entrar en el fondo del asunto. Como entre la redacción del expediente y la comunicación a la perjudicada pasaron más de seis meses, la juez la declara caducada. Y eso que computa el tiempo de la forma más favorable a la Subdelegación del Gobierno, que instruyó el expediente administrativo. Como la infracción era leve, “incluso debiera haberse seguido el trámite del procedimiento simplificado, con resolución máxima en el plazo de un mes”, advierte el fallo.

En el mismo caso de Domitila están otros tres de sus compañeros en la plataforma de afectados del Baixo Miño, multados por el barullo que montaron en la plaza de O Calvario de O Rosal, frente al Ayuntamiento, en los primeros días de junio de 2013, después de que el alcalde, Jesús Fernández Portela (PP), decidiese desalojarlos del consistorio tras meses de encierro para reclamar una mejor y más célere gestión política de la estafa bancaria. A todos tardaron más de seis meses en remitirles las multas, que desaparecen. La Abogacía del Estado carga con las costas. De continuar la tónica, el Estado tendrá que acabar devolviendo con creces los algo más de 20.000 euros que sumaban las sanciones originales.

La quinta sentencia incumbe a un afectado al que la policía acusó de agredir a un hombre durante una protesta en Tui. La supuesta víctima, que la propia policía local señaló como “muy borracho”, no denunció el supuesto incidente. Pero la policía, que acreditó “empujones y una patada” levantó atestado porque entendió que, aunque la cosa no daba para mucho, se habían producido “desórdenes públicos”. La magistrada entiende que la acusación es exagerada. “No puede considerarse que hubiese existido desorden público alguno, ni grave ni leve, pues el incidente no supuso por sí mismo alteración alguna, no provocó alarma entre los allí congregados, ni tuvo otra incidencia que la de tener que llevarse la policía a la persona que, en estado ebrio, estaba metiéndose con quienes participaban en esa concentración”, concluye. También dice que si la agresión existió debería haberse tramitado por el orden penal, como una falta, posibilidad que ya en su momento descartaron los agentes.

La acumulación de sentencias favorables llevó ayer al portavoz de los afectados por las preferentes de Baixo Miño, Xulio Vicente, a reclamar que el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, dé explicaciones. La subdelegación rechazó sistemáticamente las alegaciones de los preferentistas a las sanciones durante la fase administrativa de los expedientes, una cuarentena, que seguirán llegando a los juzgados casi hasta el verano. Entre las multas se cuentan varias por supuestas infracciones de tráfico, impuestas también por la Guardia Civil pero cuyo responsable último es el Ayuntamiento de O Rosal.

Las sentencias llegan la víspera de que una delegación de los afectados acuda a Bruselas para comparecer en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, uno de los últimos cartuchos de las plataformas para forzar que se investiguen las responsabilidades personales en la comercialización de participaciones preferentes de Caixa Galicia y Caixanova, las dos entidades financieras fusionadas, nacionalizadas y finalmente vendidas el año pasado a Banesco, que rebautizó la resultante como Abanca.