Los Pujol, los primeros en declarar en el Parlament sobre el fraude fiscal

La comisión del Parlament que investigará el fraude fiscal en Cataluña tiene previsto llamar a declarar con prontitud al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, a su esposa, Marta Ferrusola, y a seis de sus siete hijos. La amenaza de elecciones anticipadas, que provocaría la disolución de la comisión, pende como una espada de Damocles sobre los parlamentarios, que el próximo lunes iniciarán sus trabajos.

La comisión se reunirá semanalmente los lunes por la tarde y la ronda de comparecencias se iniciará el día 1 con tres expertos. Entre ellos, estará muy probablemente Miguel Ángel Mayo, coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda. El 8 de diciembre, festivo, no habrá comisión y en la reunión del día 15 volverán a ir expertos.

Varios partidos coinciden en que la fecha más apropiada para la comparecencia de Pujol y su familia sería el 22, en que la comisión trabajará todo el día, y el 23, en que se reunirá toda la mañana. Para entonces se espera que haya llegado alguna de la documentación requerida por la comisión a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales sobre la existencia de comisiones rogatorias referidas a los miembros de la familia Pujol, así como a los registros mercantiles sobre el entramado societario de sus miembros.

Tres de los seis hijos de Pujol que serán llamados a declarar por la comisión (Jordi, Oleguer y Oriol) están imputados en diversas causas judiciales. El expresidente de la Generalitat, por su parte, está siendo investigado por un juzgado de Barcelona tras confesar, el pasado 25 de julio, que había mantenido oculta en el extranjero durante casi 34 años un legado que recibió de su padre al morir y que cifró en el equivalente en dólares de 140 millones de pesetas de 1980.

Por otra parte, Iniciativa y Ciutadans reprocharon ayer al presidente de la Generalitat el acuerdo entre CiU y el PSC para vetar que acudiesen a la comisión diversos cargos públicos de sus partidos o que están investigados por la justicia por casos de corrupción. Fue “un pacto de la vergüenza”, dijo el Albert Rivera, presidente de Ciutadans, para referirse al acuerdo entre nacionalistas y socialistas para evitar que comparecieran, entre otros, el consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig; Fèlix Millet, saqueador confeso del Palau de la Música y Lluís Prenafeta, secretario general de la Presidencia con Pujol.

Por su parte, Joan Mena, diputado de Iniciativa-Esquerra Unida, denunció la “pinza” de CiU y PSC al imponer su aritmética parlamentaria y vetar las comparecencias. Ante ese acuerdo , el presidente de la comisión, el diputado de la CUP David Fernández, amenazó con dimitir si CiU y PSC no abandonaban esa estrategia. “Un país nuevo no se hace poniendo vetos en las comisiones”, dijo Mena, para insistir en la “opacidad” de nacionalistas y socialistas.

Artur Mas replicó que la comisión aprobó el pasado viernes 150 comparecencias y que le parecía una cifra “suficiente”. También recordó a Mena que en el caso de los ERE de Andalucía, donde los socialistas gobiernan con Izquierda Unida, están imputadas 220 personas y aquel Parlamento no ha creado todavía ninguna comisión de investigación del caso.