Los juristas prevén un fracaso de los recursos de la Generalitat por el 9-N

Las acciones legales anunciadas por Artur Mas en defensa de la consulta soberanista tienen un escaso recorrido en los tribunales, según coinciden en señalar los juristas consultados por EL PAÍS. La premura del tiempo es el principal obstáculo a salvar por la Generalitat en las demandas que pudiera presentar contra el Gobierno de Mariano Rajoy por “abuso de poder” y en defensa de las competencias de la Administración autonómica en materia de participación ciudadana, los dos argumentos para recurrir que esgrimió el presidente de la Generalitat.

A falta de la concreción de esas medidas legales, que se podrían aprobar en la reunión del Gobierno catalán de este martes, los juristas explican que la vía más rápida podría ser una demanda de protección jurisdiccional de derechos fundamentales. Es un proceso que se tramita de manera preferente y en el que se puede reclamar el pronunciamiento de la justicia en el plazo de 24 horas y la adopción de medidas cautelares urgentes.

Dentro del terreno de las especulaciones, si se utilizara esa vía habría que ver qué derecho fundamental invoca la Generalitat como vulnerado. Podría ser el de la libertad de expresión, apunta Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, pero argumenta que primero habría que esperar a que el Tribunal Constitucional prohibiera formalmente la consulta el próximo martes. “Hasta ahora se ha suspendido la ley y el decreto, pero no ha ido acompañado de ninguna medida efectiva de ejecución”, dice Arbós. “Ese recurso sería el reconocimiento de Mas de que se ha prohibido el 9-N, pero que no se lo han comunicado”, añade.

Arbós también apunta, como posibilidad, que se podría recurrir la decisión del Consejo de Ministros del pasado viernes por la que se decidió impugnar la nueva consulta de Mas ante el Constitucional, alegando desviación de poder, una situación que se produce cuando una Administración utiliza un medio legal con un objetivo contrario a la ley. “También me cuesta mucho pensar que la justicia apreciara esa vulneración”, insiste Arbós. En su opinión, el grave problema que arrastra la consulta desde sus inicios es la falta de seguridad jurídica. “Lo que subyace tras el 9-N es un objeto normativo no identificado”, dice con ironía.

Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada considera “excesivo” asegurar que el Gobierno de Rajoy ha actuado con abuso de poder. “En todo caso ha hecho una utilización poco prudente del Derecho en un momento en el que debería primar la política”, asegura Balaguer. En su opinión, “cada Gobierno juega con los medios de defensa que le permite el ordenamiento jurídico, pero este no es un problema jurídico, sino que requiere una negociación política que no se está produciendo”.

El consejero de la Presidencia, Francesc Homs, aseguró ayer que la Generalitat no dará “ningún paso atrás” en la celebración de la consulta y anunció que no descarta recurrir ante los tribunales internacionales la impugnación del Gobierno, una vez que se haya agotado la vía en los tribunales españoles.

Ayer, además, se conocieron algunos apoyos destacados para la consulta: 10 personalidades internacionales han firmado un manifiesto en el que apoyan que “los catalanes puedan votar sobre su futuro”. Entre los firmantes figuran dos premios Nobel, al arzobispo sudafricano Desmond Tutu y el activista argentino por los derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel. También han suscrito la petición el historiador Paul Preston, el director de cine Ken Loach, el escritor portugués António Lobo Antunes y el ex vicecónsul de Estados Unidos en Barcelona Ambler Moss. También han firmado el manifiesto los sociólogos Saskia Sassen y Richard Sennet, el productor y activista irlandés Bill Shipsey y el crítico literario estadounidense Harold Bloom.

El manifiesto Let Catalans Vote (Dejen votar a los catalanes), señala que una mayoría de ciudadanos desea participar en la consulta, una petición que es el “resultado de un largo desacuerdo entre los Gobiernos de Cataluña y España sobre el grado de autonomía cultural, política y financiera”.