La Generalitat hará campaña por el 9-N antes de que se suspenda la votación

La Generalitat pretende que, nada más convocarse la consulta ciudadana del 9 de noviembre, todos los catalanes se enteren de la noticia y les quede claro que Artur Mas ha cumplido con su compromiso electoral. Con este objetivo, el Gobierno catalán ya tiene a punto una campaña institucional que podrá lanzar a las 24 horas de haberse convocado esa consulta, independientemente de la suerte legal que corra la misma. En paralelo, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) prepara una movilización con miles de voluntarios que harán campaña puerta a puerta.

La Generalitat y los partidos soberanistas catalanes dan por hecha la suspensión de la consulta soberanista por el recurso ante el Constitucional que prepara el Gobierno central. Pero el equipo de Artur Mas espera maximizar el impacto de la convocatoria. Se trataría, según fuentes del Gobierno, de aprovechar al máximo las horas, o los escasos días, que previsiblemente la consulta estará legalmente viva. Esto es, entre el momento en que Mas firme la convocatoria y su previsible suspensión por parte del Constitucional. “Se trata de dejar claro que la Generalitat ha cumplido su compromiso con los ciudadanos y que el Gobierno impide resolver el conflicto a través de las urnas”, resumen fuentes conocedoras de la operación.

La campaña institucional que prepara la Generalitat se limitará, en principio, a informar de la fecha y objeto de la consulta ciudadana, sin entrar a defender ninguna de las opciones en liza. El Gobierno catalán se amparará en la ley catalana de consultas, que se aprobará hoy en el Parlamento autónomo, y que prevé que las campañas informativas de cualquier consulta puedan comenzar a las 24 horas de la convocatoria de la misma.

La duración de la campaña es toda una incógnita porque Mas guarda con el máximo celo cuándo firmará el decreto de convocatoria. En cualquier caso, la campaña “está lista” para ser lanzada. Tampoco está claro cuándo se suspenderá, pues dependerá del momento en que el Constitucional admita a trámite el recurso que presentará el Gobierno. Si Mas convoca la consulta entre hoy y el fin de semana, que es lo que prevén los partidos soberanistas, la campaña estaría en marcha hasta el martes próximo.

La retirada de la campaña institucional será un elemento más de tensión con el Gobierno de Mariano Rajoy. La Generalitat calcula que su retirada tendrá más impacto que la simple campaña en sí, pues dejará en evidencia que el Ejecutivo central impide el referéndum.

La campaña institucional será solo una de tantas que se pondrán en marcha las próximas horas o días. La Asamblea Nacional Catalana, la principal entidad soberanista, tiene a punto una nueva exhibición de fuerza que constará en movilizar a decenas de miles de personas —buscan 100.000 voluntarios— para que llamen a las puertas de todos los hogares catalanes promocionando el “nuevo Estado catalán”. Estos voluntarios tienen como objetivo preguntar a los ciudadanos cómo quieren que sea una eventual Cataluña independiente. El trasfondo de la campaña busca convencer de los beneficios de la secesión a los indecisos y a los que son contrarios a la independencia.

La ANC prevé comenzar la campaña el próximo 4 de octubre pero la adelantarán si el Tribunal Constitucional suspende antes la consulta catalana.

De hecho, la entidad independentista comenzará hoy mismo sus movilizaciones alentada por el éxito de la manifestación de la Diada del pasado día 11. La ANC ha convocado a sus afiliados a una concentración delante del Parlamento catalán esta tarde. “Tenemos que hacernos bien visibles y exteriorizar claramente el apoyo a nuestros representantes democráticamente elegidos”, reza la ANC en un comunicado. “Llamamos a la movilización para demostrar, una vez más, la fuerza y la convicción de la sociedad civil; una sociedad que no parará hasta que Cataluña se convierta en un nuevo Estado independiente”, agrega.

La ley de consultas también ha levantado críticas colaterales. La organización SOS Racismo denunció ayer que el texto legal es “racista” porque discrimina a los inmigrantes, ya que establece que solo podrán votar aquellos ciudadanos nacidos fuera de la UE que tengan 3 años de residencia.