Los escándalos por dinero acechan a los hijos del expresidente

Los siete hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola no están exentos de responsabilidad en la gestión de la herencia de su abuelo, que ha permanecido oculta para el fisco y para la ciudadanía durante 34 años. En su confesión, repleta de interrogantes, el expresidente de la Generalitat pretendió extender un manto protector sobre ellos al asumir “toda la responsabilidad” y ponerse a disposición de Hacienda y, en su caso, de los tribunales. Pero los beneficiarios de la fortuna legada por Florenci Pujol fueron, supuestamente, la nuera, Marta Ferrusola, y los nietos. Son ellos —inmersos, además, en investigaciones judiciales y escándalos públicos por sus negocios— los que deberán asumir las consecuencias, que en principio pasan por una fuerte sanción de la Agencia Tributaria.

“En estos últimos días, los miembros de mi familia han regularizado esta herencia”, explicó Pujol en un comunicado de dos folios que ha provocado un terremoto político en Cataluña. La afirmación es cierta solo en parte. El pasado 14 de julio, la esposa del expresidente y los cuatro hijos que menor relevancia pública han adquirido —Marta, Mireia, Pere y Oleguer— presentaron declaraciones complementarias ante la Agencia Tributaria para aflorar cantidades que habían permanecido en una cuenta de Andorra.

Según La Vanguardia, la cifra suma cuatro millones de euros y estaba depositada en Banca Privada de Andorra. Al tratarse de una declaración voluntaria, los miembros de la familia no sufrirán consecuencias penales —por un presunto delito de fraude fiscal— pero sí deberán abonar la cuota defraudada a Hacienda, además de pagar los intereses y una abultada sanción económica. Con la legislación vigente, los cálculos indican que la cantidad a desembolsar superará con creces los cuatro millones declarados. Cosa distinta es que la Fiscalía —de oficio o tras recibir una denuncia— investigue el origen y la naturaleza de esos fondos en busca de blanqueo de capitales, explican fuentes judiciales.

De esos cuatro hermanos, los dos varones han llamado la atención por sus negocios. El cuarto en orden de nacimiento, Pere Pujol, se benefició de adjudicaciones de la Generalitat en 2000 y 2001 —cuando su padre era presidente del Gobierno autonómico— por importe de casi 200.000. El más pequeño, Oleguer —dedicado a la banca de inversión y la gestión inmobiliaria—, se acogió presuntamente a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para regularizar tres millones de euros que poseía en paraísos fiscales. A esa misma amnistía se acogió otro hijo, Josep Pujol, para regularizar dos millones. Según fuentes judiciales, Josep se adelantó a sus hermanos y el dinero procede de la herencia.

La regularización del 14 de julio llegó una semana después de que El Mundo publicase que, entre diciembre de 2010 y enero de 2011, esos cinco miembros de la familia ingresaron más de 3,4 millones de euros en una entidad de Andorra. Los investigadores obtuvieron la información, en parte, de trabajadores descontentos por el trato del banco. El temor a que los empleados revelasen nuevos datos fue lo que empujó a Pujol a redactar su confesión parcial.

En el paso al abismo de Pujol también pesaron las investigaciones judiciales abiertas a los dos hijos restantes: el primogénito, Jordi, y el único que ha seguido sus pasos en la política, Oriol. La Audiencia Nacional investiga al mayor por un presunto blanqueo de capitales que fue denunciado, inicialmente, por una exnovia, Victoria Álvarez. Según explicó la mujer a la policía, Jordi —designado para gestionar la herencia del abuelo— acudía con frecuencia a Andorra con bolsas repletas de billetes de 500 euros. Desde hace más de un año, el juez Pablo Ruz indaga los movimientos bancarios estratosféricos que realizó en 13 países, algunos de ellos paraísos fiscales.

Inmerso en ese proceso judicial, Jordi ha quedado al margen de la regularización del pasado 14 de julio. También ha quedado fuera, pero por otras razones, Oriol. Según fuentes de su entorno, el ex número dos de Convergència “ya había resuelto con anterioridad” el asunto de la herencia —no explican cómo— y no tiene, por tanto, “nada que regularizar”. Sus problemas vienen por otro frente: está imputado por tráfico de influencias y cohecho en el caso ITV, que investiga un presunto amaño en concursos públicos de la inspección de vehículos en Cataluña. Oriol, que estaba llamado a suceder a Artur Mas como candidato a presidir la Generalitat, prestó su influencia política a una trama de empresarios y, según la investigación, cobró un soborno de 30.000 euros por “orientar” el voto de su grupo sobre una ley.