Mas enfría el Consejo de Transición Nacional ante el desacuerdo con ERC

El Gobierno catalán ha decidido aplazar la presentación de al menos cuatro informes que los asesores de Artur Mas estaban preparando para diseñar la organización de una eventual Cataluña independiente. El llamado Consejo de Transición Nacional, del que forman parte una docena de politólogos, economistas, empresarios y juristas, entregará la semana que viene al Gobierno catalán cuatro informes sobre otros tantos campos que Mas les encargó la pasada primavera. Sin embargo, el Gobierno no tiene intención de presentarlos ahora a la opinión pública y se da de plazo otros tres meses para hacerlo. Esta demora coincide con la grieta que ha provocado el desacuerdo por la pregunta del referéndum en el bloque de los partidos favorables a la consulta.

El Consejo de Transición Nacional es el organismo que la Generalitat constituyó para que elaborara 19 estudios sobre los principales retos a los que se enfrentaría Cataluña en caso de independizarse. En julio se presentó el primero, centrado en las vías legales que podrían amparar el referéndum de autodeterminación. Estaba previsto que entre octubre y diciembre se presentaran cuatro o cinco informes más, que de momento no han visto la luz.

Fuentes del Consejo de Transición Nacional aseguran que el próximo jueves 19 de diciembre entregarán al Gobierno cuatro de estos estudios. Concretamente los que se refieren al diseño de una Agencia Tributaria Catalana, al modelo de relaciones que existiría entre el nuevo Estado catalán y el resto de España y otro sobre las relaciones con la Unión Europea. También tienen previsto entregar el informe sobre comunicación y nuevas tecnologías.

Sin embargo, fuentes del departamento de Presidencia de la Generalitat, aseguraron ayer que no tienen previsto presentar dichos informes. “Preferimos tenerlos todos antes de presentarlos”, explicó un portavoz, quien dijo que el Gobierno se ha dado de plazo hasta marzo.

La Generalitat retrasa cuatro informes sobre  la independencia

Este posicionamiento ha creado sorpresa en el Consejo de Transición Nacional, al que el Gobierno de CiU había pedido premura en sus trabajos. Además, los asesores consultados aseguran que hasta ahora el Ejecutivo les había dicho que presentaría los documentos a medida que estos estuvieran listos. Estos asesores consideran que Mas busca “bajar el volumen” al Consejo en un momento de máxima tensión política por los desacuerdos internos acerca de la consulta.

Además de los problemas con Esquerra y sus socios de Unió Democràtica, Mas también tiene un problema con sus asesores. Estos, en su informe de julio, recomendaron al presidente catalán que la pregunta de la consulta fuera clara y acerca de la conveniencia o no que Cataluña sea un Estado independiente. El Gobierno de CiU parece haber descartado esta formulación por el rechazo que genera tanto en Unió Democràtica como en Iniciativa.

El Gobierno catalán asegura que no teme por su estabilidad

El desacuerdo por la pregunta volverá a tener consecuencias en el Parlamento autónomo en el pleno de la próxima semana. Salvo cambios de última hora, en él tampoco se debatirá acerca de la fórmula legal para pedir al Gobierno que permita una consulta de autodeterminación en Cataluña. Este punto ya se pospuso en el último pleno por discrepancias con ERC y ayer volvió a retrasarse. Pese a este malestar, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, aseguró ayer que no teme ni por la estabilidad del Ejecutivo de CiU ni por la aprobación de los Presupuestos, que se votarán en el mismo pleno y para los que es imprescindible el apoyo de ERC. Para bajar el nivel de enfrentamiento, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, tiene previsto reunirse a finales de esta semana con el democristiano Josep Antoni Duran Lleida.

El clima político en Cataluña también se ha enrarecido por la celebración, a partir de mañana, de un simposio histórico titulado España contra Cataluña, organizado por la Generalitat. El Partido Popular, Ciutadans y Unión Progreso y Democracia (UPyD) anunciaron ayer que denunciarán ante la fiscalía la celebración de la conferencia al considerar que puede constituir un delito de incitación al odio racial. Según el PP el simposio genera “hispanofobia”.