Alaya amplía su investigación a todas las consejerías de la Junta de Andalucía

La juez Mercedes Alaya ha ampliado su investigación en el caso ERE a todas las consejerías de la Junta, más allá de los departamentos de Empleo e Innovación, que hasta ahora han centrado sus pesquisas. El salto de Alaya supone cuestionar gran parte de la política de ayudas a empresas del Gobierno andaluz durante una década (2001-2011), al margen del fondo para empresas en crisis que la Consejería de Empleo dotó con 721 millones, foco principal de la instrucción judicial.

La tesis de Alaya es la siguiente: las ayudas de Empleo que pagó la agencia Idea conllevaron irregularidades en la financiación y el procedimiento empleados, considerados “inadecuados” por la Intervención General y la Cámara de Cuentas. Por tanto, es preciso averiguar si 36 subvenciones que Idea abonó por orden del resto de consejerías, implicaron también dichas irregularidades. Para determinar este extremo, la magistrada ha exigido a la Junta que le entregue a la Guardia Civil toda la documentación relacionada con dichas ayudas, así como los avales y préstamos concedidos por “cualquiera de las consejerías de la Junta”, según un auto dictado el miércoles.

Hace dos años Alaya ya amplió su investigación a otras dos consejerías, Turismo y Agricultura y Pesca, para saber si habían concedido ayudas a empresas a través de transferencias de financiación por el Instituto de Fomento de Andalucía (antigua denominación de Idea). Sin embargo, ahora la juez amplía a todas las consejerías de los Gobiernos de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán desde 2001.

En el verano de 2012 la presidenta de la Junta, Susana Díaz, era consejera de la Presidencia y acusó a Alaya de dirigir una “causa general” contra el Gobierno andaluz cuando trascendió un informe policial sobre que el Consejo de Gobierno participó del sistema de ayudas al aprobar cada año las modificaciones presupuestarias. “Estamos hablando de una causa general contra la Junta, un proceso inquisitorial con fines partidarios”, criticó Díaz. Este viernes, sin embargo, primó el silencio. La nueva estrategia de la Junta pasa ahora por un escrupuloso respeto a las decisiones de Alaya y ningún miembro del Ejecutivo autónomo se pronunció al respecto.

Sin embargo, fuentes del caso censuraron la magnitud de esta nueva vía de indagación: “Es gravísimo. Descubrir presuntas irregularidades en uno de los cientos de programas presupuestarios de la Junta no confiere patente de corso para sospechar que cualquiera pueda haber cometido delitos y acometer una investigación general”.

La juez centra sus sospechas en 36 ayudas a empresas, pero todo apunta a que el listado de firmas será mucho más numeroso tras el envío de documentación de la Junta. Entre las firmas destacan ANovo Comlink y Pickman La Cartuja. La Guardia Civil estima que dados ciertos indicios, “resulta lógico pensar” que los criterios “arbitrarios e irregulares” aplicados por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero para dar ayudas pudieron aplicarse desde el resto de consejerías. Los agentes subrayan que han detectado empresas con pagos para un aval de salvamento y ayudas de restructuración concedidas al mismo tiempo. “Una inyección continuada y sistemática de fondos públicos (...) que pudiera estar basada en la aplicación de criterios arbitrarios e irregulares”, argumentan los investigadores sobre esta dualidad.

Los investigadores cuestionan la orden de Innovación de 2008 que regula el programa de ayudas a empresas viables con dificultades, pero sobre todo piden solicitudes, tramitaciones, análisis, control de las justificaciones, pagos, revocaciones y reintegros de estas 36 subvenciones concedidas por todas las consejerías. Idea inyectaba cada año en el mercado ayudas por 900 millones, y entre 2008 y 2009 concedió avales por 55 millones, lo que da una idea de la descomunal dimensión de la investigación que pretende abarcar la Guardia Civil.