El juez denuncia el “silencio” de Millet sobre la “financiación ilegal” de CDC

La actitud de Fèlix Millet durante la investigación judicial el expolio del Palau de la Música dista mucho de ser de colaboración. Más bien al contrario: el expresidente de la institución musical se ha limitado a reconocer “una parte muy menor” del saqueo —24 millones de euros— y ha ofrecido “algunos de sus bienes, que no todos”, según el juez que investiga el caso. En un nuevo auto, el magistrado Josep Maria Pijuan subraya que Millet ha mantenido un “inmutable silencio” sobre los hechos y, “de modo especial”, en lo que se refiere a “los fondos destinados a la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya”.

El juez ha elevado a 6,6 millones el dinero que, presuntamente, se embolsó el partido nacionalista en comisiones de Ferrovial a cambio de adjudicar obras públicas de gran envergadura —la línea 9 del metro, la Ciudad de la Justicia— a la constructora. En julio, cuando dio por concluida la instrucción, Pijuan fijó la cifra en 5,1 millones. Pero el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled advirtió de un “error material” en el informe de la Agencia Tributaria que el juez ha asumido.

Entre 2000 y 2007, los extesoreros de Convergència, Carles Torrent —ya fallecido— y Daniel Osácar —uno de los imputados en la causa— recibieron en efectivo 3,7 millones y no 2,2 había dicho inicialmente el juez. El resto de los fondos ilícitos llegaron a CDC mediante “facturas falsas” emitidas por cinco empresas y convenios de colaboración “aparentes” con la Fundación Trias Fargas, ligada a la formación que dirige Artur Mas. En el escrito, el juez confirma la condición de responsable civil de CDC a título lucrativo y justifica el embargo de su sede central, en la calle de Còrsega de Barcelona.

El juez resalta en su escrito la “ambigüedad” de “algunas acusaciones particulares” a la hora de reclamar a Convergència. Se trata de una clara alusión al Palau de la Música, que en su escrito de acusación pidió penas muy elevadas de cárcel para Millet y quien fue su mano derecha, Jordi Montull (81 años), pero en cambio optó por exonerar de toda responsabilidad al partido. Y eso a pesar de que la institución sí resultó perjudicada: Ferrovial camufló las comisiones, según los investigadores, como generosas aportaciones al Palau en concepto de patrocinio.

Pijuan desestima la inmensa mayoría de recursos que plantearon las defensas contra su resolución de julio. Osácar considera que su imputación no está suficientemente motivada y niega que las anotaciones de “Daniel” que figuran en la causa aludan a él. El juez considera, no obstante, que hay “fundados indicios” de que “Daniel” es Osácar, tal como figura en las anotaciones de reuniones, agendas y pagos. “Es una conclusión basada en la lógica, no en el absurdo”, concluye.

Pese a elogiar el “encomiable empeño en perseguir las conductas ilícitas” por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, que ejerce la acusación popular, el juez desestima la petición de los vecinos de investigar una presunta malversación de fondos del Ministerio de Cultura en las obras de reforma del Palau. No hay “indicios suficientes que llevan a la sospecha fundada” de que se produjo una doble facturación en esas obras, ni del desvío de fondos a través de los trabajos hacia la Fundación FAES, “ni directamente ni a través de su filial Institut Catalunya Futur”.

Los dos directivos de Ferrovial imputados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, consideran que no hay delito porque el juez no ha determinado qué responsables públicos del Gobierno catalán fueron, presuntamente, influenciados para otorgar las obras a esa constructora. Pijuan admite que no hay indicios de que las adjudicaciones “pudieran ser consideradas no ya ilícitas, sino ni siquiera irregulares”. Por ese motivo, dice, no se ha atribuido a los imputados un delito de prevaricación o de falsedad. Esa ausencia de irregularidades, matiza, “no es obstáculo” para atribuir un delito de tráfico de influencias que “habría favorecido” las adjudicaciones.