La deuda de la Generalitat paraliza el arbitraje laboral

La Generalitat acumula deudas con todo tipo de colectivos. La cuestión es: ¿cuánto tiempo pueden aguantar sin cobrar por los suministros que entregan a la Administración valenciana o por los servicios que le prestan? Los árbitros laborales, una figura de obligada existencia recogida en el Estatuto de los Trabajadores, han cruzado ese límite. Desde el 1 de enero no realizan sus funciones como consecuencia de la abultada deuda que la Generalitat mantiene con ellos —tienen retribuciones por percibir desde el año 2010— y de los repetidos anuncios por parte de la dirección general de Empleo de que abonaría los retrasos en poco tiempo, y que se han ido incumpliendo.

La cuestión es grave porque el parón en la actividad de los árbitros afecta a derechos fundamentales garantizados por la Constitución. En concreto, a la libertad de sindicación (artículo 28) y al derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24).

Los árbitros son designados por la propia Generalitat, con participación de los sindicatos más representativos en cada provincia, para resolver las impugnaciones que se presentan en las elecciones a representantes de los trabajadores, tanto en las empresas como en la Administración. El parón en su actividad tiene como efecto, además, el bloqueo de la posibilidad de acceso a la justicia, porque el Estatuto de los Trabajadores indica que su laudo es un paso preceptivo antes de que se pueda presentar la misma reclamación ante un juzgado.

Al cabo de un año normal, los árbitros pueden atender entre 100 y 120 impugnaciones, que suelen generarse en empresas con gran número de trabajadores, o en los mayores departamentos de la Administración. En los años con más elecciones sindicales, esa cifra llega a doblarse. Desde el 1 de enero, por ejemplo, se acumulan decenas de reclamaciones generadas en la ONCE.

La situación de estos árbitros es también un síntoma del gravísimo estado de la Hacienda valenciana. La cuantía adeudada supone un problema para los afectados, pero parece menor tomado globalmente: en toda la comunidad autónoma no se llega a los 15 árbitros y el importe total de la deuda está por debajo de los 100.000 euros.

Los árbitros, normalmente licenciados en Derecho que tienen otras ocupaciones, han conseguido que la Generalitat les reconozca —aunque no que les pague— buena parte de las cantidades adeudadas. Y están planteándose, con esos documentos, presentar demandas judiciales contra la Generalitat, por la misma vía que utilizan los proveedores.