Pontevedra esquiva a Rajoy y camufla la extra a los funcionarios

Tras aprobarse en el pleno municipal con los votos del bipartito local de BNG y PSOE, los funcionarios del Ayuntamiento de Pontevedra han empezado a cobrar la paga extra de Navidad que de entrada había eliminado el Gobierno central. Para no saltarse la ley, BNG y PSOE consultaron con los técnicos municipales y acordaron abonar el montante a través del complemento de productividad.

Desde que se aprobó la medida, los 474 funcionarios que se acogieron a ella —solo uno renunció, según el concejal de Facenda, Raimundo González— tuvieron que trabajar 16 horas extras durante un mes, una triquiñuela con la que sortear complicaciones jurídicas. Con todo, la paga alcanza solo el 80% de la extra tradicional, unos 700.000 euros en bruto frente a los 850.000 que se venían abonando. El Gobierno que dirige el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores se viene quejando en el último año de que las restricciones al endeudamiento que se imponen desde la Administración central le impiden invertir, a pesar de tener las cuentas saneadas.

Cuando se anunció la medida —el BNG defendió hace meses que seguiría pagándola en todos los municipios en que gobierna— el PP local dudó, y en principio se mostró dispuesto a no votar en contra. Después cambió de opinión y pasó a rechazarla de plano por ser “insolidaria” con el resto de ciudadanos.

La Xunta también fue crítica. “Habría que ver si todas las necesidades están cubiertas”, comentaba hace un mes Alfonso Rueda en un congreso de secretarios e interventores, al tiempo que señalaba que era la Administración estatal la que debería recurrir si entendía ilegal la medida. Según el edil de Facenda esos son los planes del Gobierno, y solo así se explica que el delegado del Gobierno, Samuel Juárez, escribiese una carta al Ayuntamiento solicitando que se justificasen los criterios para el pago. “Está clarísimo que hay una intencionalidad manifiesta de recurrir esta decisión ante la justicia”, señaló.