El fiscal pide 635 euros para los parados que se llevaron 25 en comida

El importe del hurto no llega a 26 euros. La pena que la fiscalía pide para cada uno de los seis imputados es de 60 euros (tres euros al día durante un mes) y otros 275 euros a repartir entre todos para indemnizar a la cadena de supermercados DIA que los denunció. Ayer quedó visto para sentencia el juicio por una falta de hurto contra seis desempleados ferrolanos de 28 a 55 años que, supuestamente, se llevaron varios productos de un súper valorados en 25,37 euros para entregarlos en un comedor social de la ciudad. Era una acción simbólica y solidaria que ahora lleva aparejada una petición de condena del ministerio público por un importe insignificante.

Fue un juicio rápido, apenas 30 minutos en la sala de Instrucción número 1 de Ferrol. Más larga —dos horas— y concurrida fue la concentración que la CIG organizó delante del juzgado para apoyar a los seis procesados, rodeados de cámaras de televisión por la expectación que suscitó su caso, y que fueron saludados con los aplausos espontáneos de algunos viandantes.

Ocurrió el pasado 6 de junio, dos meses antes de que el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), copase portadas y titulares con su particular saqueo al Mercadona con fines benéficos. El destino de los alimentos sustraídos por los seis ferrolanos (arroz, galletas, pasta y legumbres, fundamentalmente) también tenía por destino las ollas de la Cocina Económica de la ciudad naval. En la caja entregaron una cartilla de desempleo como pago. Fue una acción simbólica y reivindicativa organizada por la Asamblea de Desempregad@s de Ferrolterra, tutelada por el sindicato nacionalista CIG, que agrupa a una treintena de personas sin trabajo. Su coordinador, Víctor Martínez, explica que únicamente buscaban “llamar la atención” de la ciudadanía y poner el foco sobre la precariedad a la que se enfrentan a diario miles de parados sin recursos ni cobertura social para los que tener un plato de comida a diario “empieza a ser una lucha”.

A la dirección del Maxi DIA de la plaza de España de Ferrol, el establecimiento en el que pusieron en práctica su particular forma de redistribuir los alimentos, no le hizo gracia la protesta de la CIG y formalizaron una denuncia policial por apenas 25 euros en comida. El secretario comarcal de la CIG, Xesús Anxo López Pintos, critica que la causa, por una cuantía tirando a ridícula (25,37 euros) fuera admitida a trámite “colapsada como está la justicia” y sostiene que en el juicio “nada quedó probado”.

Los seis imputados admitieron ante el juez su participación en la acción de la CIG pero negaron haberse llevado nada del supermercado. La defensa, que pide la libre absolución, argumentó que en la protesta participaron cerca de 30 personas y que no puede estar claro quién se llevó los artículos. La fiscalía, sin embargo, mantiene la acusación contra los seis y la multa colectiva de 275 euros. En la calle, la CIG se desgañitó gritando consignas a favor de Carlos, Marola, Heri, Xosé, Antón e Miguel Anxo, los seis desempleados acusados de hurto, a los que la encargada del supermercado señaló como supuestos responsables. “No tener trabajo no es un delito”, corearon los manifestantes concentrados a las puertas de los juzgados de Ferrol.