La Guardia Civil sostiene que la Junta pagó ayudas que sospechaba eran ilegales

La Guardia Civil acusa al director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, de actuar "sin formalidad y con una clara y patente falta de procedimiento" en la tramitación del ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de la empresa Surcolor. Los investigadores del caso de los ERE censuran que Rivera dio forma a los mismos acuerdos alcanzados por el ex director general Javier Guerrero, en prisión preventiva por orden de la juez Mercedes Alaya. "Todo ello en un contexto en el que ya se sabía cómo se habían dado las ayudas durante la época de Guerrero", puntualizan los agentes.

La Guardia Civil acusa a Rivera de dejación de funciones por haber pagado las pólizas de la empresa Cespa/FCC que habían sido investigadas por las sospechas fundadas en la Consejería "de que eran ilegales", sostiene el instituto armado en su nuevo atestado entregado al juzgado esta semana y comunicado a las partes hoy. Además, los agentes subrayan como otra posible irregularidad los pagos a sindicatos en distintas cantidades, como 120.000 euros abonados en el caso de Santana e igual cantidad en el caso de la Faja Pirítica.

Sobre el fin de semana de noviembre de 2010 en el que un equipo de personas analizó los expedientes, los investigadores determinan que no se destruyeron documentos. Sin embargo, estos apuntan una conclusión inquietante tras tomar declaración a los participantes: "Se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación".

Mientras, la juez ha suspendido todas las declaraciones previstas en el caso de los ERE, entre ellas, la del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, programada para finales de julio. La magistrada ha tomado la decisión en un auto dictado ayer, después de recibir el nuevo atestado de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo de la Junta. “Para efectuar este estudio, dada la relevancia del atestado, procede suspender todas las declaraciones que venían señaladas, a fin de efectuar una remodelación del calendario de señalamientos”, indica la juez Alaya en su último auto.

La instructora exige al bufete de abogados Garrigues, dos de cuyos letrados están imputados en el caso, un organigrama de su sede en Sevillla y todos los documentos que reflejen su actividad mantenida con la Consejería de Empleo entre los ejercicios de 2001 y 2011.  "Debiendo informar igualmente si poseen los mismos datos de los ejercicios de 1999 a 2001", puntualiza Alaya. En esos años Empleo aún no había puesto en marcha el fondo para empresas en crisis que permitió las subvenciones irregulares, origen del caso.

La instructora llama la atención sobre una discrepancia contable: mientras que Garrigues declaró que en 2003 facturó solo 49.160 euros al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), esta agencia pública declaró a Hacienda haber recibido servicios del prestigioso despacho por valor de nada menos que 724.388 euros, cifra que supera el 1000% de la cuantía declarada por el bufete. La juez solicita, asímismo, toda la documentación respecto al bufete Estudios Jurídicos Villasís y su relación con la Junta.