REINO UNIDO: La desconexión depende de un juez y un código de conducta

El parlamento británico aprobó en abril pasado la llamada Ley de Economía Digital, que introduce la posibilidad de llegar a la desconexión por infracciones contra la propiedad intelectual en Internet. Aunque la ley entró en vigor el 8 de junio, los aspectos relativos a las sanciones dependen aún de la puesta en marcha de un código de conducta por parte de Ofcom, el organismo independiente que regula las telecomunicaciones en Reino Unido. La ley está también pendiente de un recurso judicial planteado por BT y Talk-Talk, los dos mayores proveedores de servicios de Internet (o ISP, a partir de las silas en inglés) británicos.

El "objetivo último de la legislación es cambiar el comportamiento de la gente de lo ilegal a lo legal". Para conseguirlo, la ley introduce una serie de nuevos mecanismos punitivos que se empiezan a activar cuando el posible infractor recibe tres notificaciones en menos de un año, separadas cada una de ella al menos un mes.

El borrador de reglamento elaborado por Ofcom, que está pendiente de recibir el visto bueno parlamentario, establece que cuando una compañía creadora de contenidos cree que un usuario está violando sus derechos de autor tiene derecho a informar de ello al correspondiente ISP. Este puede utilizar esa información para identificar al individuo afectado y enviarle una carta de advertencia. Si esa persona recibe tres advertencias en menos de un año, queda incluida en un registro de infractores. Las creadoras de contenidos pueden entonces pedir a un juez la identificación de los infractores para poder llevarles a los tribunales si lo consideran necesario.

El usuario, sin embargo, puede apelar contra las advertencia y es considerado inocente "a menos de que el propietario de los derechos de autor o el proveedor de servicios de Internet pueda probar que a) la aparente infracción era efectivamente una infracción de los derechos de autor y, b) que el informe se refiere al suscriptor de la dirección IP en el momento de esa infracción".

Las cartas de aviso tienen como objetivo reducir con su sola presencia el número de violaciones de los derechos de autor. Las compañías ISP han de hacer informes trimestrales sobre la evolución de esas cifras y, si el sistema de cartas no resulta efectivo, entonces el Gobierno decidirá el paso a una segunda fase de la normativa. Esta segunda fase es la que contempla acciones mucho más drásticas, llamadas "medidas técnicas", como "límites a la velocidad u otras capacidades de los servicios de Internet a un suscriptor; impedir a un suscriptor que utilice el servicio para acceder a cierto tipo de material en particular o limitar su uso; suspender el servicio suministrado a un suscriptor; limitar de otra manera el servicio suministrado a un suscriptor".

La ley británica, sin embargo, está de alguna manera en el limbo. No solo porque Ofcom aún no ha acabado el proceso de poner en marcha la nueva legislación sino por el recurso judicial presentado por BT y Talk-Talk, que ha sido aceptado por los tribunales y que no empezará a verse hasta febrero. BT, pero sobre todo Talk-Talk, argumentan que la ley es inefectiva porque está orientada a acabar con los archivos que se comparten en las redes de P2P y los infractores migrarán a otros sistemas imposibles de detectar, porque los costes para los proveedores de Internet serán muy altos, porque el sistema será muy injusto porque al suscriptor de una conexión se le hace responsable de los incumplimientos de terceras personas salvo que pueda probarlo y porque la ley fue tramitada de forma urgente en los últimos días de la anterior legislatura, sin el debido escrutinio parlamentario.