Francia lanza una consulta popular sobre la neutralidad de la Red

La secretaria de Estado francesa para temas digitales, Nathalie Kosciusko-Morizet, ha lanzado una consulta pública sobre la neutralidad en la Red. A partir de un documento publicado en Internet, los ciudadanos podrán enviar un correo electrónico o postal con sus opiniones. Todas ellas serán colgadas, salvo los contenidos que puedan vulnerar secretos industriales. Este debate precede a la aprobación de una ley sobre el tema que se espera para el mes de junio.

El documento se inicia con una definición sobre la neutralidad de la Red: "se trata de un principio de no discriminación del tráfico en Internet (...) Es decir, todos los datos son tratados y transportados desde su origen a su destino de manera indiferenciada. Irían en contra de esta neutralidad las prácticas de bloqueo, degradación o para ralentizar el tráfico, en función de su naturaleza, origen o destino". El texto plantea una serie de preguntas como, por ejemplo, si es preciso pensar de forma distinta el tema en el Internet fijo y el Internet móvil, si el análisis sobre la neutralidad de la Red ha de ser distinto en función de diferentes servicios o en qué materias debería regular el Gobierno.

Tras elogiar el beneficio económico de la neutralidad, el texto introduce una serie de consideraciones sobre factores que podrían justificar su limitación.

De entrada se citan las conductas ilegales (falsificación, piratería, contenidos delictivos) que pueden exigir la introducción de sistemas de bloqueo o filtrado por parte de los operadores. Según el texto, el principio de la neutralidad de la Red no se opone a la aplicación de la ley en Internet y plantea cuestiones sobre la naturaleza de los dispositivos puestos en marcha para luchar contra las conductas ilícitas.

Otra situación que puede afectar a la neutralidad de la Red es la "gestión inteligente" del tráfico. "Las exigencias de seguridad y los riesgos de congestión pueden llevar a los operadores a tratar de manera distinta los flujos. La normativa admite la posibilidad de instaurar medidas particulares de gestión del tráfico para optimizar o poner remedio a los peligros de saturación". Esta situación es particularmente relevante con el crecimiento del tráfico a través de Internet en la telefonía móvil.

Otro punto del documento plantea las necesidades de financiación de las nuevas redes y quién debe asumir las inversiones. "Esta problemática de la financiación de las infraestructuras suscita tensiones entre los diferentes actores de la cadena de valor (editores de contenidos, operadoras, proveedores de acceso, consumidores..)". La concentración de audiencias, según el documento, altera la "catografía de los flujos" en la Red y origina una concentración de tráfico sobre determinadas plataformas lo que puede conducir a la admisión de "modelos económicos alternativos". Este apartado apunta al debate suscitado por las operadoras que exigen a los servicios de Internet más populares y que absorven más tráfico, como los buscadores, que colaboren a sufragar redes más veloces.

El documento también contempla la posibilidad de acuerdos de exclusiva entre operadores y editores de contenidos que, advierte el propio documento, conllevaría el peligro de una fragmentación de Internet si el operador, para favorecer estos contenidos propios, los favoreciera en el acceso a Internet.

El documento concluye con un repaso a los debates abiertos sobre la cuestión en Estados Unidos y Europa.