¿De verdad hace falta regular el velo en clase?

Algunos quieren prohibir el velo y otros autorizarlo, pero las fisuras ante un debate que divide a partidos y encuentra partidarios y detractores cruzados en todas las ideologías arrancan mucho antes: ¿Regular o no regular? ¿Legislar de nuevo a golpe de titular por un único caso o mantener un debate más sosegado después? ¿Quién decide? ¿Los centros escolares? ¿Las comunidades autónomas? ¿O esto debería ser una cuestión de Estado?

La alumna Najwa Malha, musulmana española de 16 años, decidió en febrero cubrirse la cabeza con el hiyab (velo islámico). Quería hacerlo en casa, en la calle, en sus espacios de recreo y también en su instituto. Y ahí surgió el problema. Su centro, el Camilo José Cela (Pozuelo de Alarcón, Madrid), le cerró el paso si no se descubría la cabeza como marca su reglamento interno.

Están en juego la libertad religiosa, la propia imagen y la autonomía escolar

Francia tardó 15 años en elaborar su ley desde que estalló la polémica

Otro centro, el San Juan de la Cruz, situado a medio kilómetro, cambió su reglamento a última hora para dejar a Najwa fuera, con el argumento de que ellos no debían decidir sobre un asunto trascendente que puede desembocar en la creación de guetos. Querían que hablasen instancias superiores. Desde ayer -después de una semana en una sala de visitas y otra de baja en casa- la chica va a un centro nuevo, el Gerardo Diego. Los tres institutos están en el mismo municipio madrileño, pero cada uno ha afrontado el velo de Najwa a su manera.

En el caso de esta alumna entran en juego su libertad religiosa, su derecho a la educación y su derecho de imagen, frente a la autonomía y libertad de los centros educativos, fijadas en la Ley Orgánica de Educación (LOE) y en los desarrollos normativos de las Comunidades Autónomas. Tanto en el primer centro como en el que debía ser el segundo, que luego la rechazó, la decisión final quedó en manos de un consejo escolar. Un grupo de personas, menos de una veintena entre profesores, padres, alumnos y representantes de la Administración.

Igual que todo lo que agita el velo islámico, este debate no resuelto genera posturas totalmente contrarias. Parte de la comunidad educativa reclama un pronunciamiento superior, sea a favor o en contra del velo, porque es un peso demasiado grande para un centro. Otros consideran que el tema ya está claro: el derecho a la educación de Najwa debería haber primado para evitar un traslado de la alumna de 4º de ESO que pone en riesgo su trayectoria escolar a dos meses del final de curso.

Un aviso. La solución no es fácil ni rápida. Francia, que ahora no deja espacio para ningún signo religioso en sus escuelas, tardó 15 años (de 1989 a 2004) en elaborar su ley, después del primer caso similar al de Najwa surgido en sus aulas.

Aquí en España, si saltamos al ámbito político, ninguno de los dos grandes partidos reclaman reglas específicas, aunque por razones diferentes. El PSOE cree que el derecho de educación y la libertad religiosa están bastante claras en la Constitución y culpa a la Comunidad de Madrid (PP) de no haber velado lo suficiente por hacer cumplir estos derechos en el caso de Najwa Malha.

El PP porque considera que la autonomía de los centros queda delimitada en la LOE y son estos centros los que deben elegir. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado además que, si de ella dependiera, los velos deberían salir de las aulas. Convergencia i Uniò también considera que este tema compete sólo a los centros escolares y sus normativas internas, mientras que IU pedirá en Madrid a los servicios de inspección que revisen los reglamentos internos de los centros educativos públicos para evitar que se vulneren los derechos fundamentales de los menores.

Pero, ¿y si reglamentarlo fuera aún peor? ¿Si la rigidez de una norma engullera las excepciones? Como ven, el debate no es sencillo ni tiene una única respuesta.

"Estos días hemos hablado mucho del tema, en una reunión de 10 directores no conseguimos ni siquiera ponernos de acuerdo entre nosotros". Habla Pilar Montero, directora del instituto Villa de Vallecas de Madrid, con 800 alumnos, 344 de origen norteafricano y tres chicas con velo. Montero considera que prohibirlo no sería la solución. Cree que es mejor un modelo educativo "en el que la chica pueda decidir si sigue llevándolo o se lo quita, sin dejarla fuera del aula".

Pero la directora sí tiene claro que a los institutos les queda grande esta decisión. "No podemos tener autonomía para ciertas cosas y para otras no, no nos dejan decidir si un profesor es un incompetente pero sí sobre el velo", asegura. El hiyab nunca ha generado conflictos en su centro. "Ya tenemos muchos problemas y no queremos añadir otro más". Lo mismo piensa, en la otra punta del país, el director de otro centro con características similares, el instituto La Noria, en El Ejido (Almería). En sus aulas, un centenar de alumnas llevan velo. "Hay quien lo lleva por decisión propia y habrá también casos por imposición o por esnobismo", explica Francisco Montoya, su director. "Necesitamos una reglamentación superior para evitar polémicas", precisa. Y pide que sea el Gobierno, con un pronunciamiento concreto, el que marque la pauta en este asunto.

Hanan Abderrahaman Mohamed es profesora de Religión Islámica en un centro público de primaria de Ceuta. Ella se puso el velo con 16 años, como Najwa. Rechaza que la hayan trasladado a otro centro "porque prevalece su derecho a la educación", como reclaman distintas voces de la comunidad islámica y defiende también el abogado de Najwa Malha, Iván Jiménez- Aybar.

"Su traslado supone revivir el choque entre civilizaciones", según la profesora Abderrahaman, partidaria de que haya una norma general que permita el uso del velo en los centros. "Si privas a una chica de llevar su hiyab, te metes de una manera tajante con sus principios de libertad, en un estado democrático como el nuestro".

Al calor del caso de Najwa, las secciones madrileñas de educación de los sindicatos UGT y CC OO han pedido un pronunciamiento a otra instancia: la Comunidad de Madrid, igual que la federación regional de padres y madres de alumnos Giner de los Ríos, que ha presentado en la Asamblea de Madrid una petición expresa para que el Gobierno regional dicte instrucciones en los centros educativos públicos, limite el poder de decisión de los centros y permita el velo como manifestación religiosa amparada por la Constitución.

La Fedadi (Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos) también considera que el asunto se les escapa. "Necesitamos un debate más amplio porque hasta ahora nosotros hemos llenado este vacío solos con más o menos fortuna", señala su presidente, el director de instituto José Antonio Martínez. La Fedadi apunta más arriba: "El parlamento debería establecer una norma común en todo el Estado para evitar luego diferencias". Martínez, además, opina que los símbolos religiosos "deberían mantenerse en el ámbito privado con una norma que en el ámbito educativo fuera absolutamente neutral".

Y aún una voz más con una opinión diferente. Juan José Reina, inspector educativo en Madrid desde hace casi 20 años, considera que hoy por hoy ya existe "marco normativo suficiente" en los centros. "Este asunto no es educativo, tiene un sesgo religioso y es ahí donde debería actuar el Estado".

El Ministerio de Justicia prepara una nueva Ley de Libertad Religiosa, prevista para el verano, que no bajará a ese nivel de detalle. Aludirá a cómo deben mostrarse los símbolos religiosos en los espacios públicos, pero no legislará cómo deben llevarlos las personas. El ministro Francisco Caamaño ha pedido estos días que todas las autoridades públicas -y citó expresamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre- "ayuden en la búsqueda de criterios de ponderación".

El Ministerio de Educación recuerda que depende de los centros y de la administración educativa, es decir, de las Comunidades Autónomas. En las dos únicas zonas en las que las competencias educativas no se han transferido, Ceuta y Melilla, el ministerio lo ha resuelto primando el derecho de llevar velo sobre las normativas internas de los centros.

La portavoz socialista de Educación en el Congreso de los Diputados, Cándida Martínez (PSOE), cree que no hacen falta más reglas porque el panorama ya está claro. "Ninguna norma establece que no se pueda llevar un signo religioso", dice. El velo de una alumna "no puede ser objeto de discriminación en un centro escolar". Najwa Malha "no tendría que haber cambiado de centro porque su velo no atenta contra nadie", según Martínez, que considera que "la comunidad autónoma es la que tiene competencias educativas para evitar la discriminación de la chica, no hace falta más".

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar (PP), cree que no se ha conculcado ningún derecho a Najwa Malha, puesto que podrá ir con velo en otro centro madrileño. Su gobierno no es partidario de que el hiyab entre en las aulas, pero tampoco regularían en esa línea. "No tengo dudas de que una norma general rígida que prohíba u obligue da más problemas que el escenario actual, soy muy favorable a la autonomía de los centros", señala Figar.

La Generalitat de Catalunya, que vivió un asunto similar hace tres años con la niña Shaima Saidani, tampoco es partidaria de regular el asunto. Según un portavoz de la consejería catalana de educación, en líneas generales este asunto se solventa desde los propios centros y en muy pocas ocasiones se ha convertido en un escándalo. Cuando el colegio concertado de Shaima le prohibió llevar velo (lo señalaban expresamente en su reglamento interno), el director de Servicios Territoriales de Educación mandó una carta al colegio para que admitiera a la niña con su hiyab, porque primaba su derecho a la educación.

La comunidad educativa busca evitar eso, que en Cataluña la chica pudiera seguir en su colegio y en Madrid tuviera que cambiarlo por otro, que las normas segreguen entre centros que apenas distan unos metros. "Con la fórmula de los consejos escolares se puede caer en la formación de guetos o en una coacción a las alumnas", considera Eva Francés, investigadora especializada en Derecho Internacional y autora del informe La regulación del pañuelo islámico en el espacio público español. Alternativas a legislar, de la Fundación Alternativas. En su extenso trabajo, aboga porque las Comunidades Autónomas "marquen unas líneas rojas", con unas instrucciones similares a la carta que envió la Generalitat al colegio de Shalma. Una declaración de principios, en lugar de una ley "que requiere un proceso de elaboración mucho más complejo y puede generar más polémica", añade.

Francés alerta de que este asunto, que hoy es polémico sólo en casos puntuales como el de Najwa, podría convertirse en un problema mayor conforme la población musulmana de España (1,2 millones de personas, según estimaciones de las principales asociaciones islámicas) crezca dentro y fuera de los centros escolares. "Es un buen momento para abordar el debate, también porque asuntos como el de Najwa generan polémica, buscar una solución clara ahora nos evitará que el problema sea mucho más grande en el futuro", concluye la investigadora.