El último atún está bajo los piratas

En el Atlántico Norte está en riesgo directamente la supervivencia del atún rojo y, con ella, el sustento de miles de trabajadores que viven de estas pesquerías, 3.000 de ellos españoles.

La pesca ilegal del atún mueve entre 50 y 70 millones de euros al año

"Si no hay medidas drásticas será imposible recuperar la especie"

Los barcos de aguas tropicales pueden capturar 3.000 toneladas de atún

España lidera la pesca, sólo por detrás de Francia, Japón y Taiwan

En el Atlántico Norte está en riesgo directamente la supervivencia del atún rojo y, con ella, el sustento de miles de trabajadores que viven de estas pesquerías, 3.000 de ellos españoles. El problema ecológico -las existencias de atún rojo actual se sitúan en un 48% del nivel de 1970-1974, según la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT en sus siglas en inglés)- está creando además un conflicto social que, como en el caso del Playa de Bakio, a veces acaba con un secuestro a punta de metralleta.

"La alarmante disminución de las poblaciones de atunes rojos en pesquerías del Atlántico y la avaricia en la persecución de otras especies de túnidos en aguas tropicales hace que las flotas se desplacen continuamente hacia el Índico y el Pacífico y se topen con riesgos como el secuestro del Playa de Bakio". Ricardo Aguilar, director científico de Oceana, asociación que promueve en todo el mundo la conservación y protección de los mares, resume en estas palabras cómo la reducción e incluso el colapso de algunas pesquerías de atún rojo en el Atlántico Norte, puede ocasionar problemas sociales y políticos, como los que ha vivido el atunero de Bermeo recientemente.

Tradicionalmente, los países con conflictos bélicos pero con aguas ricas en caladeros han sido utilizados por flotas pesqueras piratas, hasta el punto que "dentro de las aguas jurisdiccionales de Somalia hemos llegado a detectar mil barcos de este tipo", señala Ricardo Aguilar. Se han denunciado casos de pesqueros con bandera italiana, rusa y taiwanesa que, entre otros, aprovechaban el descontrol de los gobiernos de estos países y alcanzaban acuerdos ilegales con los señores de la guerra para que los defendieran de los piratas y pescaran atunes sin ser molestados.

Esos señores de la guerra, sabedores del monto económico que supone la pesquería del atún en esta zona (sólo la pesca ilegal mueve entre 50 y 70 millones de euros al año), se han acabado convirtiendo en piratas y ahora es su forma de vida. Por este motivo, desde 2006, el Gobierno español prohibió las operaciones de pesca en aguas exclusivas de Somalia y la obtención de licencias privadas, ya que no se garantizaba la seguridad ni la pesca sostenible.

Entre las costas de las islas Seychelles, Kenia y Somalia, 26 atuneros españoles faenan y capturan atunes tropicales como el rabil o de aleta amarilla, el listado y el patudo. Es una de las zonas de mayor productividad mundial de estas especies. Por este motivo se concentran aquí grandes barcos cerqueros de infinidad de países, capaces de almacenar hasta 3.000 toneladas de pescado.

Aunque la flota española no está implicada en el traslado de estas grandes naves del Atlántico a aguas tropicales en busca de nuevos caladeros (algunos barcos llevan en el Índico casi 30 años), no se puede decir lo mismo de otros países. Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino corroboran que entre la flota internacional presente frente a las costas del cuerno de África hay barcos que han dejado el Atlántico Norte, debido al esfuerzo cada vez mayor que les suponía conseguir pescas rentables de atún rojo.

José Luis Cort, director del Centro Oceanográfico de Santander, dependiente del Instituto Español de Oceanografía, lleva 30 años estudiando las poblaciones de varias especies de túnidos por todo el mundo, en especial las de atún rojo, la especie que se encuentra en peor situación. No comparte al 100% las tesis del responsable de Oceana en cuanto al traslado de las flotas de una zona a otra, pero sí confirma la alteración de estas pesquerías motivadas por la desesperada búsqueda de atunes, y en concreto del rojo.

En pleno secuestro del Playa de Bakio, José Luis Cort se reunía en Santander con varios colegas científicos de países como Estados Unidos, Dinamarca, Francia, Japón y Marruecos para analizar la disminución de las poblaciones de atunes rojos y el colapso de algunas pesquerías. Este investigador acude a las reuniones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, organismo que regula las capturas de varias especies de túnidos y otros peces, y asesora a la administración española en la toma de decisiones. Desde hace años, el comité científico de la ICCAT, del que forma parte José Luis, pone sobre la mesa la angustiosa situación de las poblaciones de atún rojo y recomienda que las capturas no superen las 15.000 toneladas, aún sabiendo, como afirman sus miembros, que los datos oficiales que ofrecen los países de la Comisión se deberían multiplicar por dos, al no estar incluidos los correspondientes a la pesca pirata, ilegal o simplemente no declarada.

A pesar de todo, la ICCAT aprobó para este año la captura de 29.000 toneladas, casi el doble, todo un síntoma de que la presión económica y política de gobiernos y empresas pesa más que la científica y ecologista. Para 2010, la cifra deberá bajar a las 25.500 toneladas. "Y tienes que darte por satisfecho, porque al fin y al cabo se pone algún límite", señala Ricardo Aguilar, que pronostica que las cifras reales finales es muy posible que estén por encima de las 40.000 toneladas.

Además de los límites en toneladas, la ICCAT y el Plan de Recuperación del Atún Rojo aprobado por la Comisión Europea también establecen mínimos en las tallas de los atunes, con el fin de preservar a las poblaciones de inmaduros y juveniles que garanticen la renovación de las pesquerías. "Pero volvemos a chocar con que las resoluciones políticamente correctas para contentar a determinados gobiernos y empresas quedan lejos de las medidas propuestas por la comunidad científica", recalca José Luis Cort. Se refiere a la medida que se propuso en la última reunión de la ICCAT, celebrada de Dubrovnik (Croacia) en 2006, donde el comité científico planteó la prohibición de la pesca de ejemplares por debajo de los 30 kilos y la decisión final contenía varias excepciones.

Greenpeace, abiertamente crítica con esta resolución, denunció a principios de esta semana que, además, "España incumplió en 2007 esta normativa internacional", porque la flota del Mediterráneo pescó atunes rojos menores de 30 kilos cuando dicha pesquería no está entre las excepciones. Según Rafael Centenera, subdirector general de Relaciones Pesqueras Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, "la ICCAT sí permite un 2% de pesca por debajo de esta talla siempre que se trate de pesca artesanal, como la que se lleva a cabo en Baleares".

La presencia de atuneros españoles en los principales caladeros ha convertido a nuestro país en una potencia en Europa, donde presenta números de capturas y procesamiento similares a los de Francia, y en el mundo, solo con Japón y Taiwán por delante. En la actualidad España tiene una cuota asignada de atún rojo de 5.568 toneladas, la mayor dentro de un reparto global en la UE de 16.800 toneladas. Esta condición de potencia mundial la ha expuesto a las críticas sobre su responsabilidad en la caída de las existencias de la especie, aunque tanto en Europa como en la cuenca del Mediterráneo es uno de los países más activos en el desarrollo de planes y resoluciones que fomenten la pesca sostenible y la recuperación de bancos de alevines.

La postura del Gobierno ha sido incluso reconocida por ONG como Oceana y WWF/Adena, que valoraron positivamente que Elena Espinosa apoyara en la reunión de mayo de 2005 de la ICCAT en Sevilla el cierre de la pesquería de cerco en el Mediterráneo entre julio y diciembre. Propuesta que finalmente fue rechazada por la Unión Europea. De una u otra manera, aparecen empresas españolas conectadas a labores no muy transparentes. WWF/Adena lleva años denunciando la pesca ilegal en torno a las flotas de cerco del Mediterráneo, encargadas de suministrar atunes para las granjas de engorde de la costa española. Según esta asociación, en 2005 se introdujeron oficialmente en estas granjas 28.450 toneladas, pero sus estimaciones reales se disparan hasta las 45.000 toneladas. La mayoría acaban en los mercados japoneses, principales consumidores mundiales de la especie.

José Luis Cort reconoce abiertamente que "si no se toman medidas drásticas, será imposible alcanzar la recuperación de la especie". Cita el caso de las almadrabas del estrecho de Gibraltar, cuyas capturas se acercaban a las 7.000 toneladas a mediados del pasado siglo y ahora rara vez llegan a las 1.500 toneladas. Pero también pone un ejemplo a seguir, el de Noruega con otra pesquería colapsada, la del arenque. "En los años sesenta se quedaron casi sin arenques y ahora se ha recuperado la población debido a una política de conservación seria y rigurosa en la que no hay excepciones posibles ante la pesca de juveniles".

Por este motivo, respalda algunas de las medidas que Oceana ha presentado a la ministra de Medio Ambiente, como el cierre permanente del área de desove del atún rojo en aguas de Baleares. Entre esas peticiones también destaca la de reclamar a la Unión Europea el cierre de la pesquería a embarcaciones comunitarias en otras zonas de desove (Tirreno Sur, suroeste de Malta, y norte de Chipre) durante los picos de reproducción comprendidos entre junio y julio. En ambos casos, las miradas se centran en el Mediterráneo porque la alta concentración de la pesca en sus aguas se lleva el 85% de todas las capturas de atún rojo.

Desde la patronal española, el director gerente de la Organización de Productores de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), Julio Morón, sostiene que ellos son los primeros interesados en recuperar estas pesquerías. "Pero si unilateralmente sólo acotamos la veda a Baleares y dejamos que se siga pescando en aguas de Turquía, Cerdeña y Sicilia, no conseguiremos nada", señala.

"No obstante, el problema principal es que mientras que España sólo tiene seis cerqueros en el Mediterráneo, Francia e Italia superan el medio centenar, y encima con subvenciones de la Unión Europea y con los barcos más viejos destinándolos a países como Libia y Argelia, que luego llegan a la ICCAT y reclaman su cuota de pesca", añade.

Desde el Gobierno advierten que van a seguir presionando a la Comisión Europea para que tome medidas contundentes y controle tanto el número de barcos como las cifras de captura de estos países y la presencia ilegal de otros, como los palangreros asiáticos. "España recibió, solo el pasado año, 20 peticiones de actividad de nuevos cerqueros y sin reclamar ayuda pública, pero a todos se les decía lo mismo: no tenemos cuota y además tengo que proteger a la pesquería artesanal", afirma Rafael Centenera.

"Luego pagamos justos por pecadores", dicen casi al alimón empresas y Gobierno. Se refieren al cierre de la pesquería del Mediterráneo el pasado año, cuando la Comisión Europea advirtió que Francia había sobrepasado en 4.000 toneladas sus capturas y decidieron paralizar toda la actividad de la flota comunitaria. Sin embargo, tanto Greenpeace como WWF/Adena siguen la pista a otras 4.000 toneladas, éstas españolas y no declaradas oficialmente, que se sumarían a las que están provocando la caída en picado de las pesquerías del Mare Nostrum.