Las tabacaleras promueven en el extranjero la ley antitabaco española

A la actual ley antitabaco española, que entró en vigor en enero de 2006, le han salido unos valedores de excepción: las mayores empresas tabacaleras la promueven como un mal menor, ya que sus "fallos" permiten que, contra la corriente imperante en el mundo rico, se siga fumando en la mayoría de los establecimientos de hostelería. Esta es la conclusión a la que han llegado investigadores de la Clínica Mayo estadounidense, después de investigar unos 1.300 documentos de las mayores empresas del sector. Los autores del trabajo ponen como ejemplo las regulaciones aprobadas en Rumania, Portugal, Chile y Dinamarca, donde se establecen "excepciones similares [a las españolas]".

El estudio, que ha sido publicado en la sección dedicada a tabaquismo de la revista British Medical Journal, ha consistido en un barrido de los documentos que las empresas han tenido que hacer públicos como consecuencia de las demandas planteadas por fumadores. La primera conclusión es que cuando los gobiernos van, las empresas ya están de vuelta. Así, entre 1980 y 2001 hubo actividades del lobby para que una futura ley antitabaco dejara fuera a los locales de hostelería y restauración y promover que, en vez de prohibir fumar, se instalaran filtros o purificadores de aire.

Rumania, Portugal, Chile y Dinamarca han adaptado la legislación

Los documentos de Philip Morris y la British American Tobacco (BAT), que tienen sus sedes centrales en EE UU, demuestran que "las compañías trasnacionales promovieron con éxito medidas ineficaces para proteger a las personas del mortal humo de segunda mano [el que inhalan los fumadores pasivos]".

Las tabacaleras tenían claro que el caso de España iba a ser determinante para ellas "por su cultura única", en la que "bares y restaurantes tienen un papel especial", señala el informe. Así British American Tobacco (BAT) señala "lo extraordinario" que es el uso que los españoles hacen de los "horeca [hoteles, restaurantes y cátering]". "Parece que los utilizan más que sus propias casas", destaca el análisis.

"España tiene una estructura de gobiernos regionales favorable" y "es un lugar ideal para empezar" las campañas de presión porque "tenemos una parte considerable de la sociedad de nuestra parte, buenas relaciones con la prensa y acceso a miembros de la comunidad científica que no están de acuerdo con los excesos de la campaña antitabaco", afirma un documento recuperado de BAT.

Los textos inciden en otro de los aspectos que han sido claves en lo que los autores denominan una legislación "poco efectiva y confusa": la distinción que se hizo en la norma entre locales de hostelería en función de su superficie útil. La ley actual distingue entre los que tienen más de 100 metros cuadrados (donde se pueden dedicar zonas de fumadores que no ocupen más del 30% del espacio), y el resto, donde es el dueño quien decide. Y destacan que los dueños de los establecimientos se han esforzado para disminuir esa superficie útil hasta dejarla por debajo de los 100 metros cuadrados para así quedar exentos de crear zonas separadas. También recogen que de unos 350.000 locales a los que se podía aplicar la norma, sólo unos 4.000 (poco más del 1%) han hecho obras para separar a los fumadores.