Que se sepa quién mueve los hilos

Los lobbies son y serán parte del paisaje del poder de Bruselas. Pero su actuación deberá estar sometida a luz y taquígrafos si triunfa la propuesta que el Parlamento Europeo vota esta semana. "Creo que la democracia está seriamente amenazada por la acción de los lobbies. Muchas de las normas que aprobamos en el Parlamento Europeo han sido precocinadas o redactadas previamente en un despacho de abogados por encargo de alguna gran empresa o grupo de presión". Con esta crudeza expone la realidad del proceso legislativo David Hammerstein, eurodiputado español del Grupo de Los Verdes, especialmente preocupado por la poderosa influencia de los grupos de intereses. Nacido en Los Ángeles, y sociólogo de profesión, advierte: "No estoy en contra de los lobbies o de los profesionales que defienden determinados intereses". "Pero lo que queremos", precisa "es transparencia y que la opinión pública conozca el papel de los lobbies y cómo actúan en todas las instituciones de la Unión".

En Bruselas operan unos 15.000 'lobbistas' y 2.500 organizaciones

Se podrán aplicar sanciones a quienes violen el código de conducta

Siim Kallas: ?Es una profesión honorable que no tiene nada que ocultar?

El listado de grupos de presión estará listo en mes y medio

Con el propósito de lograr esta anhelada transparencia en la producción de directivas y reglamentos, la Eurocámara debatirá y aprobará esta semana en su sesión plenaria un informe decisivo para establecer el marco de actuación de los lobbystas en todas las instituciones comunitarias. El 8 de mayo llegará la hora de la verdad para medir la fuerza real de los elegidos democráticamente.

La transparencia se ha convertido en la pócima mágica para curar todas las deficiencias del actual proceso legislativo. Un proceso en el que, junto a los 785 eurodiputados, participan con trepidante intensidad y recursos ilimitados unos 3.000 lobbystas permanentes y otros 2.000 temporales que, con su acreditación oficial correspondiente, deambulan, aconsejan, sugieren y presionan por los pasillos, despachos, salas de reuniones y debates del Parlamento Europeo.

El combate entre legisladores y los grupos de intereses es aún más desigual si se tiene en cuenta que en Bruselas operan unos 15.000 lobbystas y 2.500 organizaciones, según el propio informe parlamentario. Daniel Guéguen, reconocido especialista en asuntos públicos europeos y autor de European Lobbying, eleva a 100.000 el número de lobbystas que con frecuencia trabajan a tiempo parcial. En su opinión, se trata de una cifra no exagerada, ya que sólo corresponden 4.000 por cada Estado miembro. Las batallas más duras de las multinacionales para defender su territorio se libran en los parlamentos y la mayoría pasan inadvertidas. En su libro Les lobbies à l'assaut de l'Europe, Bernard Lecherbonnier señala el peso dominante de los lobbies en la presentación de iniciativas legales. Así, cita un trabajo de Christian Lequesne que sostiene que, en 1996, sólo el 3% de las 507 propuestas legislativas de la Comisión correspondían a iniciativas espontáneas de sus servicios.

Uno de los objetivos que puede resultar más útil del informe es la recomendación de incluir la llamada "huella legislativa", para conocer las personas que han intervenido en el proceso legislativo. "El ponente", señala el documento, "puede, si lo considera adecuado (con carácter voluntario), emplear la huella legislativa; por ejemplo, incluir una lista (adjunta a los informes del Parlamento) de los representantes de intereses que fueron consultados y tuvieron una significativa aportación durante la preparación del informe". Y considera "especialmente aconsejable que tal lista sea incluida en los informes legislativos". Añade que "aún es más importante que la Comisión adjunte esta huella legislativa en sus iniciativas legislativas".

El informe apoya también la propuesta de la Comisión de crear "un servicio único de registro" de lobbystas para la Comisión, el Parlamento y el Consejo, y demás instituciones comunitarias. Este registro "incluiría una completa revelación de los recursos financieros empleados por los lobbies, un mecanismo común de expulsión del registro y un código de conducta". Esta regulación colocaría a la UE como una de las instituciones más avanzadas en la regulación de los grupos de intereses. Actualmente, además del Parlamento Europeo, sólo el Congreso de Estados Unidos, Canadá y Alemania tienen regulaciones sobre los representantes de intereses.

Alexander Stubb, diputado conservador finlandés, ponente inicial del informe, tiene "una visión muy positiva de los lobbies". Stubb, que tuvo que dejar recientemente su escaño en el Parlamento Europeo para hacerse cargo de la cartera de Asuntos Exteriores de su país, considera que "es importante que la gente, las compañías y las organizaciones presionen, pero estima más importante aún que cada diputado saque sus propias conclusiones".

En una conversación con EL PAÍS antes de dejar el Parlamento, Stubb justifica la elevada concentración de lobbystas en la capital belga "porque hay mucho poder en Bruselas". "Los lobbies han comprendido", dice, "que la mayor parte de la legislación, especialmente en cuestiones de medio ambiente y economía, se hace en Bruselas". "Si tú eres una compañía como Telefónica", añade, "y no tienes un lobbysta en Bruselas, no estás haciendo correctamente tu trabajo como buen empresario".

La realidad es que todas las grandes compañías, especialmente en el sector químico, las telecomunicaciones o el influyente grupo agrícola, elaboran una redacción muy detallada y muy bien documentada de las directivas que van a salir y que luego hacen llegar oportunamente a sus grupos políticos más afines. Hoy día no hay ningún sector económico, incluido el de los medios de comunicación, que no dé a conocer sus intereses a los diputados para que sean tenidos en cuenta en Bruselas.

El Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento asegura que "el 75% de las medidas de política económica y social que afectan a los ciudadanos europeos se preparan en Bruselas".

Pero para Stubb lo importante es que se conozcan las actividades de los lobbies, y que "exista total transparencia sobre su actuación". Y, en relación con la "huella legislativa", predica con el ejemplo. Al final de su informe ha incluido la lista de las 15 organizaciones, instituciones o empresas que han sido consultadas, entre las que figuran nada menos que Business Europe (la patronal europea); el Consejo Europeo de la Industria Química, el Consejo de Abogados y Sociedades Legales de Europa, UK LawSociety; las cámaras de Comercio Americana y de Francia; Toyota Motor Europe, Exxon Mobile, ALTER-EU (Alianza para la Transparencia y Regulación Ética y la Comisión Europea).

No deja de sorprender la participación de dos gigantes de la automoción y del petróleo en la regulación de una normativa que no afecta directamente a sus intereses. "¿Qué ocurrirá cuando se trata de regular una actividad concreta como puede ser la producción química o las emisiones de CO2?".

Carlos Carnero, eurodiputado socialista y ponente en la sombra del informe, recuerda que cuando se celebraron las sesiones abiertas de la Comisión de Asuntos Constitucionales, "la sala estaba abarrotada de lobbystas". Su intensa participación en las instituciones parlamentarias fue puesta de relieve la semana pasada por el portavoz de la Comisión Europea Mark Gray al comentar la nueva regulación para el acceso a los documentos públicos de la Unión Europea. El año pasado, la Comisión registró más de 4.000 solicitudes. "Se trata, sobre todo", precisó Gray, "de facilitar el acceso de los documentos a todos los ciudadanos, y no de que sólo vengan los lobbystas".

Carnero concede especial relevancia a la enmienda incluida en el informe que "subraya que se podrán aplicar sanciones a los lobbystas que violen el código de conducta". Para ello deberá disponerse "de recursos suficientes (personal y financiación) con el objetivo de verificar la información del registro". Las sanciones pueden incluir la expulsión del registro y la posibilidad.

"Todos los actores representantes tanto de los intereses públicos como privados fuera de las instituciones de la UE entran dentro de la definición de lobbystas", según el informe, y son tratados de "la misma manera". La lista incluye a "los lobbystas profesionales, compañías de lobby; ONG, think tanks, asociaciones de comerciantes, sindicatos, patronales, asociaciones con afán de lucro y sin afán de lucro, y abogados que no actúan en la defensa de un caso legal concreto". Un aspecto que seguramente será polémico en el plenario.

Carnero señala "la necesidad de distinguir entre los profesionales que defienden intereses privados de las organizaciones como sindicatos y ONG que persiguen la defensa de intereses generales".

Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Administrativos, Auditoría y Antifraude, celebra que el informe del Parlamento haya recogido su iniciativa de un registro común de los lobbystas para todas las instituciones comunitarias. En su reciente intervención en la American European Community Association definió esta actividad como "una profesión honorable que no tiene nada que ocultar". Y manifestó su satisfacción por el hecho de que los diputados habían recogido sus propuestas sobre la definición de las actividades de los lobbies, el código de conducta, sanciones y revelación de los recursos financieros.

A diferencia del sistema más exhaustivo de Estados Unidos, Kallas considera que es suficiente el registro de las empresas y los intereses representados, sin que sea necesario incluir los nombres individuales. Un aspecto que había despertado notables expectativas, ya que el registro de nombres hubiera permitido determinar posibles conflictos de intereses. El comisario fue rotundo al señalar que para asegurar la independencia e imparcialidad de los funcionarios existen normas obligatorias mucho más claras. "He decidido", precisó, "paralizar la actual posibilidad de aceptar como personal de la Comisión a expertos de compañías privadas. Mi convicción es que cuando la Comisión precisa tales expertos, debe pagarlos". Una advertencia que muchos daban por supuesta.

Kallas, que desde 2005 promueve la Iniciativa Europea por la Transparencia, aseguró que la propuesta de la Comisión de presentar un registro de representantes de intereses y código de conducta durante la primavera de 2008 se cumplirá. "Lo haremos antes de que la primavera se convierta en verano", indicó. Le queda un mes y medio.

Sobre la obligación de revelación de los recursos financieros, el Comité de Control Presupuestario estima que las firmas legales y lobbies que actúan en las instituciones comunitarias deben declarar "la facturación vinculada a la actividad de lobby, así como el peso relativo de sus clientes y su volumen de negocio". Para las ONG y think tanks, el conjunto de su presupuesto y análisis de sus principales fuentes de financiación (subvenciones públicas, donaciones y cuotas de sus miembros).