Sus señorías, ¡reciclen!

En 2005, Manuel Marín, el entonces presidente del Congreso, cogió el toro verde por cuernos: puso en marcha un ambicioso plan de digitalización de los miles de documentos que producía la Cámara. Quiso decir adiós a las carretillas cargadas con kilos de papel que recibía cada diputado en las juntas de portavoces, a los telegramas para citarlos a los plenos, al despilfarro. Tres años después, en pleno verano, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se quitó la corbata en el hemiciclo haciendo alarde de su conciencia ecológica. El objetivo: denunciar el derroche de aire acondicionado. En 2010, la temperatura sigue inalterable (una media de 23 grados). "Aquí dentro estamos viviendo un verano muy frío", constata Joan Herrera, diputado de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).

La política de sostenibilidad del Congreso continúa dependiendo de iniciativas parciales. A diferencia de Parlamentos como el andaluz y el gallego, carece de un plan medioambiental que marque unos objetivos de eficiencia concretos, y no cuantifica el ahorro y las mejoras que han podido producir las medidas que han tomado. "Es un problema de la política del país, no solo del Congreso. Hay una retórica ambiental que no se traslada a la práctica", sostiene Herrera.

Alguna intención existe. En 2006, el Congreso puso en marcha una serie de actuaciones centradas en la sustitución de los equipos de iluminación y en la renovación de los sistemas de climatización. De momento, se han cambiado las lámparas halógenas por otras de bajo consumo en las cuatro ampliaciones del complejo y en la primera planta del Palacio, espacio donde se ubica el hemiciclo. "Hemos de ser austeros. Lo que funciona no lo renovamos hasta que se estropea", se justifica Teresa Cunillera, diputada del PSOE y vicepresidenta de la Mesa, el órgano de gestión de la Cámara. Este organismo aprobó la legislatura pasada por unanimidad una amplia propuesta de IU-ICV para mejorar el comportamiento medioambiental del Parlamento, que incluía desde el reciclaje de todos los residuos hasta la detección de zonas con exceso de iluminación y la realización de ecoauditorías. Iniciativa que se quedó en retórica.

"Lo que más me sorprendió cuando llegué aquí fue el derroche de luz. Si te paseas por el Parlamento, todo está encendido el día entero, incluso salas de reuniones vacías", cuenta Carlos Floriano, portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso. Con las pantallas de los ordenadores pasa lo mismo. Nunca se apagan. Cientos de monitores permanecen en stand-by la jornada completa. El consumo de los equipos electrónicos en modo reposo supone entre el 5% y el 16% del consumo total de un edificio, según la Agencia Internacional de la Energía.

Es una cuestión de hábitos arraigados a los que es complicado dar la vuelta, sobre todo, sin políticas de formación adecuadas. Cunillera reconoce que no se llevan a cabo campañas de concienciación ni entre empleados ni entre diputados. Aun así, la vicepresidenta de la Mesa cree que la sensibilidad ecológica esta ahí porque "los niños hoy en día están muy concienciados y acaban transmitiéndoselo a sus padres".

En los Parlamentos de Andalucía y Galicia la formación del personal es una de las prioridades de su política medioambiental. "Porque es un trabajo de todos", recuerda Mariano Cárdenas, jefe del servicio de mantenimiento del Parlamento de Andalucía. Organizan conferencias y jornadas, mandan mensajes a los teléfonos de sus empleados incitándoles a comportamientos responsables, redactan guías de buenas prácticas, fomentan el uso del papel por las dos caras, todo el mundo tiene a su alcance un contenedor de papel, plásticos y latas, entre otras medidas. "Debe ser fácil. Porque como se ponga complicado...", reflexiona Cárdenas.

En el Congreso de los Diputados existe un contenedor de papel por planta, alejado de la mayor parte de los puestos de trabajo, y al lado de cada impresora hay una caja para recoger el tóner. El portavoz de Medio Ambiente del PP reconoce que tira el papel usado a la papelera normal y que no sabe adónde va. Según ICV, es un comportamiento extendido no solo entre los 350 diputados, sino entre los más de 1.000 trabajadores de la Cámara.

Los esfuerzos del Parlamento andaluz y gallego dan sus frutos. En la Cámara andaluza se ha reducido en tres años el uso de papel en un 30%, y del que se utiliza, más del 70% es reciclado. En la gallega, más del 10%. En la Cámara baja no existen datos del papel que se recicla, ni del ahorro que se pueda haber producido. Tampoco se compra papel reciclado. El comportamiento verde de las instituciones andaluza y gallega no es casual. Ambas están adscritas al Reglamento Comunitario de Gestión y Auditoria Ambiental (EMAS). Son las únicas en España. Esta normativa voluntaria de la Unión Europea reconoce un compromiso de mejora continua que se verifica con auditorías independientes. "Fácil no es. Arrancamos hace cuatro años y fue muy duro, pero es cuestión de ponerse, como todo", constata Cárdenas, encargado de implementar el sistema en Andalucía.

Lo primero, antes de plantearse unos objetivos, es determinar de dónde se parte. Ángela Leal, responsable de sistemas de gestión de la consultoría Proinca, ayudó al Parlamento andaluz a conocer su situación. Para ello, llevó a cabo un análisis medioambiental que incluyó consumos, residuos, vertidos, vehículos utilizados, emisión de CO2 del edificio, entre otras mediciones. "Cuando llegamos no había nada y ahora el procedimiento está completamente consolidado. Es importante creer en ello y aquí lo hacen", explica Leal.

Del Congreso sale la normativa medioambiental que se exige a los ciudadanos. De puertas adentro, la situación es distinta. Hace ya dos años, Miguel Sebastián se quitó la corbata en el hemiciclo para denunciar el derroche en aire acondicionado. Su ministerio, Industria, recomienda que no se baje de los 24 grados. Según un portavoz de la Cámara, la temperatura se sitúa alrededor de los 23 grados en las salas de reuniones. La refrigeración se mantiene inalterable estén ocupadas o no, y la sensación al entrar en algunas es de un frío intenso. Si, como decía el ministro, se subiera un grado, disminuiría un 7% el gasto en electricidad al año. Una reducción nada desdeñable, teniendo en cuenta que, según los datos del Parlamento andaluz, "el 80% del gasto eléctrico se va en aire acondicionado". En la zona de oficinas la climatización se regula de forma manual, aunque está acotada entre 21 y 26 grados. Lo que lleva, como en otros muchos lugares de trabajo, a la aparición de improvisados parapetos hechos con folios y celo que bloquean las salidas del aire.

Otra cuestión es el papel. Cuando Marín comenzó la digitalización de los documentos que producía la Cámara, algunos diputados le recriminaron que, eliminando el papel, "les estaba privando de un instrumento de trabajo y limitaba sus derechos". Cinco años después, las cosas no han cambiado demasiado. La vicepresidenta de la Mesa dice que "la reducción en el consumo de papel se empezará a notar más a largo plazo". De hecho, aunque las actas de las comisiones están colgadas en la Red cuando los diputados llegan a la sala de reuniones, les esperan también en papel. "Allí están más de 20 copias de entre 30 y 40 folios cada una. Es una cuestión de hábitos. A la gente le da seguridad tenerlo en papel, que, al menos, podría ser reciclado", cuenta Floriano. Aun así, poco a poco, se intenta invertir la tendencia. Las convocatorias se envían por correo electrónico o SMS y se ha implantado el registro electrónico. Cunillera destaca la importancia de esta última medida y pone un ejemplo: "En lo que llevamos de legislatura hemos recibido más de 17.000 preguntas, que ahora se tramitan por Internet, mientras que antes lo hacían en papel".

La Mesa da ejemplo. Sus miembros ya no utilizan documentos impresos, y el siguiente paso es eliminarlos de la Junta de Portavoces. "A mí ya no me pasan ningún papel, otra cosa es que la gente imprima algo", dice Cunillera. Sin embargo, el Congreso desconoce cuánto papel recicla. Una empresa del Ayuntamiento de Madrid se encarga de recogerlo, pero, al dar servicio a más instituciones públicas, no tiene datos concretos de este organismo. "El objetivo es un Parlamento sin papeles. No nos fijamos en los porcentajes, sino en las acciones en las que se van eliminando", apunta la vicepresidenta.

La política de ahorro de agua del Congreso se limita a la instalación de cisternas de doble tirada, aunque todavía quedan baños sin remodelar. Su consumo anual de agua asciende a 56.510 metros cúbicos, el equivalente a lo que gasta una ciudad de 300.000 habitantes (como Gijón) al día. En el Parlamento gallego existe un plan concreto que incluye, además, la sustitución de todos los grifos por otros que reducen un 30% el caudal consumido. Andalucía solo utiliza agua potable en los lavabos y en fuentes para beber. El resto -para la refrigeración y para regar- proviene de varios pozos.

Otro de los elementos clave de la gestión medioambiental es la aplicación de una política de compras y contrataciones sostenibles. En los pliegos de condiciones de los concursos, el Parlamento exige a las empresas el cumplimiento de la norma ISO 14001, que las obliga a optimizar su gestión de recursos y residuos, a reducir los impactos ambientales negativos derivados de su actividad o aquellos riesgos asociados a situaciones accidentales. Los 17 vehículos oficiales de la Cámara son de gasolina y de gasóleo. Cuando los renueven, Cunillera garantiza que aplicarán los criterios de compra sostenible que garantizarán su bajo consumo. No les queda otra. Una directiva del Parlamento Europeo obliga a las autoridades públicas a tener en cuenta no solo el precio, sino también el impacto medioambiental de los vehículos que compren a partir de mediados de 2010.

En ocasiones, las mejoras verdes chocan con la protección histórica de los espacios. En el edificio de Palacio de Patrimonio Nacional y protegido, es imposible instalar placas solares. Los únicos bloques del complejo madrileño que disponen de esta energía renovable son las ampliaciones III y IV, pero no las dos restantes, y no hay intención de instalar más.

Con protección o sin ella, conseguir lugares públicos sostenibles requiere en primer lugar un interés real por parte de los políticos. Después llega la elaboración de unos planes minuciosos en los que se analice la situación de la que se parte, se detecten las deficiencias y se definan unas estrategias con objetivos y plazos concretos de cumplimiento. Sin olvidar que una auditoría independiente debe confirmar la veracidad de los datos que se dan. "En el Congreso el medioambiente no es una prioridad. Hay que cambiar la mentalidad, porque tenemos que dar ejemplo", concluye Herrera.