El plan contra la trata choca con el silencio de las mujeres

En bares de carretera, en pisos privados y en la vía pública. En España también existen esclavas sexuales. Las autoridades detectaron entre enero y abril a casi 500 mujeres obligadas a prostituirse. Los datos del balance de los cuatro primeros meses del año sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual en España a los que ha tenido acceso EL PAÍS muestran que en ese periodo hubo 509 inspecciones en las que se identificó a 3.910 "víctimas potenciales". Sin embargo, de ellas solo una de cada ocho (493) fueron consideradas después víctimas de explotación sexual o trata por las autoridades. Y de estas solo una pequeña parte denuncia a sus explotadores.

Policía y Guardia Civil califican como víctima de trata o explotación sexual a las mujeres que lo denuncian, pero también a las que, aunque no lo hagan, presentan signos de haber sido obligadas a prostituirse. La mayoría de las mujeres detectadas eran rumanas, brasileñas y paraguayas.

La ONU cree que el miedo a las mafias explica la resistencia a denunciar

Tras una operación policial con 350 mujeres, solo una reclamó protección

Los datos muestran que las inspecciones y la identificación de las víctimas aumenta cada mes. En 2009, primer año del Plan Integral de Lucha contra la Trata, al menos 1.300 mujeres fueron obligadas a prostituirse en todo el país, según datos de Igualdad e Interior. Ese año -en el que se localizó a más de 6.000 "víctimas potenciales"- hubo 726 detenidos. Sin embargo, la Fiscalía acusó a 96 personas por delitos de explotación sexual -en 2008 fueron 56 los acusados por este delito-.

Un desequilibrio que, según Joaquín Sánchez-Covisa, fiscal de sala del Tribunal Supremo y coordinador de Extranjería, se explica por varios motivos: "No siempre hay una sucesión cronológica en la fecha de la detención y la de la acusación. Un detenido puede ser acusado meses después", dice. "Además, la dificultad de que prosperen los casos es grande, muchas veces porque las propias víctimas no colaboran en su desarrollo porque tienen miedo", afirma.

Hay otros motivos. No todos los detenidos en las redadas contra la trata y la explotación sexual resultan después acusados por estos delitos. También puede haber integrantes de las mafias dedicadas a ellos que se ocupen de la falsificación de documentos o de la entrada irregular en el país, por ejemplo. Pero a pesar de esto, la oscilación de cifras sigue siendo grande.

Y es que una de las pruebas fundamentales, puntualiza Sánchez-Covisa, es el testimonio de las víctimas. Y de las mujeres finalmente identificadas por las autoridades como víctimas de explotación sexual o trata, son pocas las que deciden -o pueden- solicitar medidas de protección para colaborar en los casos. Un ejemplo: de la macrorredada contra la prostitución de lujo en Madrid del pasado julio, en la que se localizó a 350 mujeres explotadas, solo una se acogió a los medios de protección establecidos.

"Una vez que ha terminado todo, muy pocas quieren colaborar. Muchas desaparecen tras la redada y si no están en situación irregular en España no se las puede detener. No tienen obligación de nada", aclara una fuente del Gobierno experta en estos temas. Solo el 20% de las víctimas localizadas entre enero y abril estaba en España de manera irregular.

Ese pánico de las mujeres hacia sus verdugos y las mafias no se da solo en España. La ONU, en un extenso informe sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, aseguraba hace unos meses que solo el 1% de las víctimas colabora en los casos.

Precisamente para ayudar a las damnificadas, darles mayor seguridad y fomentar que declaren, el Gobierno cambió la Ley de Extranjería para dar a las víctimas de trata o explotación un periodo de al menos 30 días de reflexión para decidir si quieren presentar testimonio contra sus verdugos. Sin embargo, aún no hay datos de cuántas han empleado esta medida, en vigor desde el 1 de enero.

La ONG Women's Link Worldwide, sin embargo, asegura que son pocas. Creen que el periodo de reflexión apenas se aplica. "A muchas de las mujeres que se localiza en las redadas ni siquiera se les ofrece", dice Cristina Sánchez Velázquez, asistente de programas de esa ONG. Una opinión que comparte Marta González, coordinadora de la ONG de atención a víctimas Proyecto Esperanza. "A veces es tan sencillo como llevar a la mujer a un lugar seguro, darle de comer y que descanse. Y después podrá plantearse si denuncia o no. Y esto no siempre se hace. Necesitan tranquilidad y apoyo para colaborar", dice. González critica, además, que el proceso de identificación de las mujeres víctimas está fallando, que es subjetivo y que son muchas más que las que las autoridades dicen.

"Ahora, por ejemplo, si una de las víctimas detectadas es rumana no se la puede considerar víctima de trata, aunque lo sea, sino de explotación sexual. Con la ley actual, las ciudadanas comunitarias o españolas no pueden ser víctimas de ese delito", ejemplifica Sánchez-Covisa. Algo que terminará con la nueva ley de trata, que entra en vigor en diciembre.

El estatus de las ciudadanas comunitarias es, según el Gobierno, uno de los motivos por los que las mafias prefieren traer a España a ciudadanas rumanas o búlgaras, por ejemplo. De hecho, ese es el perfil de la mayoría de las víctimas de explotación sexual, el de una mujer rumana de entre 23 y 32 años que ejerce la prostitución en clubes de alterne. El 52% de las víctimas de explotación sexual localizadas entre enero y abril cumplía ese patrón.

En los cuatro primeros meses del año, la policía y la Guardia Civil detuvieron a 105 personas por delitos de trata y explotación sexual. Fueron sobre todo españoles, brasileños y rumanos. La mayoría eran hombres, aunque el 38,1% eran mujeres. El balance explica que las autoridades detectaron a 23 grupos criminales y 40 asociaciones de delincuentes sin estructura organizativa. Al igual que en 2009, los clubes de alterne aglutinaron la mayoría de las inspecciones. El 55,4% fueron en ciudades. Andalucía, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad Valenciana fueron las regiones con más inspecciones.

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