Los periodistas piden amparo por la ley electoral

La imposición de bloques electorales cronometrados en las televisiones privadas ha puesto en pie de guerra a los periodistas. Las principales asociaciones profesionales reclamaron ayer a la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley electoral, aprobada a finales de enero. Esta norma obliga a las televisiones comerciales a aplicar los mismos criterios que las públicas a hora de cubrir la información electoral.

Según este baremo, el tiempo dedicado a cada partido será proporcional a su representación parlamentaria. Así, el número de escaños obtenido en los comicios anteriores determinará la duración de una noticia y no su interés informativo.

Las televisiones privadas informarán según los escaños de los partidos

Esta imposición se une a otros mecanismos que utilizan los partidos para controlar la información: mítines enlatados, señales oficiales, videocomunicados y conferencias de prensa sin preguntas. Las televisiones vienen denunciando durante las últimas campañas el veto de los partidos a las cámaras para grabar los actos electorales. Estas prácticas dificultan la separación entre propaganda e información.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) califica de "atropello" el intento de convertir la información libre en un altavoz de partidos políticos, cronometrada y "de dudoso interés" para las audiencias. "Hoy son las televisiones privadas, pero mañana pueden ser las radios, los diarios digitales o los periódicos", advierte Elsa González, presidenta de la FAPE.

Para articular su petición, la FAPE contó con el respaldo de los responsables de informativos de las 16 principales televisiones. La Defensora del Pueblo anunció que estudiaría toda la documentación -reclamó un dictamen a la Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE-, aunque dijo que no era un tema fácil porque la reforma de la ley electoral contó con un amplio consenso parlamentario.

En su argumentario, las asociaciones periodísticas insisten en que los medios públicos ejercer una función de servicio público, exigencia que no tienen los privados. Los primeros, además, deben velar para que se cumplan los dos caracteres "no exigibles" a los segundos: respeto específico al pluralismo político y neutralidad.

El informe jurídico-deontológico remarca que, por su naturaleza económica, no se puede obligar a los medios privados a que emitan gratuitamente bloques electorales. La ley audiovisual señala que los medios deben reflejar el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad. Pero los privados lo deberán hacer, según la FAPE, desde la libertad de información constitucional, ya que imponer espacios informativos iguales proporcionalmente para todos es "propio de la propaganda" y de los tiempos de la dictadura. González denuncia que esta regulación es "una injerencia en el trabajo del periodista y anula el papel de los medios, que pierden su independencia".