"Los partidos no pueden dejar solos a los sindicatos"

José María Maravall (Madrid, 1942) fue ministro socialista de Educación entre 1982 y 1988. Bajo su mandato se extendió de facto la enseñanza obligatoria hasta los 14 años y el bachillerato y la FP fueron gratuitos. Reguló las subvenciones públicas a los centros privados (los conciertos), organizó la enseñanza compensatoria y la atención a los niños con necesidades educativas especiales. Ahora ve con preocupación los "ataques" a la escuela pública "por parte de la derecha" y el "difícil papel en que se encuentran los sindicatos". Cree que los políticos, la izquierda, se entiende, no les están apoyando suficientemente. Y reta a los jóvenes: "Tienen toda la razón y el derecho de estar indignados, pero no pueden decir que el PSOE y el PP son lo mismo, en educación ha quedado patente. Si no creen en las promesas, bien, pero que echen la vista atrás. Y vean lo que han hecho unos y lo que están haciendo otros", dice, en referencia al Gobierno de Esperanza Aguirre, sobre todo.

"Hay una invasión de la concertada en detrimento de la escuela pública"

¿La actuación de los ministerios cuando no se cumple la ley? "Débil, débil"

Pregunta. ¿El recorte de docentes en la escuela pública madrileña es una cuestión de ahorro por la crisis?

Respuesta. No, la cuestión es la escuela pública. Si fuera por ahorro suprimirían las desgravaciones fiscales por escolarizar en centros privados. El objetivo es promover la concertada en detrimento de la pública. Y los sindicatos están en una situación difícil. Ellos son el sostén fundamental de la pública. Deben protestar, claro, pero con cuidado para no contribuir al descrédito de la escuela, sin presentarla como algo problemático, porque estarían abundando en el objetivo de la derecha. La voz de los partidos es la que me ha parecido más débil y los partidos no pueden dejar solos a los sindicatos. El PSOE ha tenido un compromiso de siempre con la escuela pública... En educación, el PP es como Atila.

P. ¿Y los estudiantes? En sus tiempos se manifestaron mucho.

R. No están teniendo un papel activo en estas protestas.

P. ¿Adónde va un país si la escuela pública va al desastre?

R. El fundamento de una nación es su escuela, donde se aprende tolerancia y fórmulas de cohesión social y de integración de grupos heterogéneos. Este país ha hecho unos esfuerzos enormes en eso, por ejemplo, con los inmigrantes. La escuela y la sanidad públicas son pilares de un Estado democrático. No se puede atentar contra eso.

P. En tiempos de crisis, ¿está justificado cobrar a las familias en algunas etapas educativas, como parece proponer Aguirre?

R. Estoy en contra de que el Estado tenga que financiar la gratuidad de la escolarización de cero a tres años y también para bachillerato y FP sea cual sea el centro. Pero sí tiene la obligación de ofrecer plazas escolares de cero a tres años, y a partir de los 16, en una red pública, gratuita y que atienda la demanda suficientemente. Y también tiene la obligación de que esos centros públicos sean mejores que los privados. Si alguien quiere ir a un privado que vaya y pague por él.

P. ¿Pero si no hay plazas suficientes hay que subvencionar a los privados para que presten sus aulas?

R. Siempre que cumplan las condiciones establecidas de calidad, igualdad de acceso y no discriminación.

P. La LODE se aprobó en su mandato y se establecieron condiciones, que no se cumplen. Los centros concertados siguen bajo las acusaciones de seleccionar su alumnado y de cobrar a los padres bajo cuerda.

R. Una de las instituciones que fallan es la Alta Inspección, que no existe en las autonomías y es la garantía de que la ley se cumpla y de que no se la salten a la torera, como está pasando. En esas condiciones prefiero que la ley no sobreviva y que existan solo centros públicos y privados de pago.

P. ¿Otras reformas?

R. Una ley que ampare programas federales desde el Gobierno central, por ejemplo de educación compensatoria. En EE UU existe. Cada Estado tiene competencias, pero al Gobierno Federal le corresponde asegurar ciertos objetivos. En España está muy claro cuando la Constitución dice que a los poderes públicos les corresponde garantizar la igualdad... Pues no es posible que los poderes públicos sean todos menos el Gobierno de España.

P. ¿Sugiere que se recuperen ciertas competencias?

R. No. Que se clarifiquen competencias que nadie ejerce. No se trata de arrebatar competencias, sino de que el Gobierno asuma aquellas que le corresponden y que no se ejercen, como la Alta Inspección.

P. En ocasiones, como en Educación para la Ciudadanía, el Gobierno observaba que las comunidades se saltaban la ley, pero no iba a tribunales. ¿Qué opina de la actuación de esos ministerios?

R. Débil. Débil. ¿Cómo que no pueden hacer nada? Cuando yo era ministro, al llegar a algún territorio había quien me preguntaba qué hacía yo allí. Yo soy el ministro de Educación de España, les decía. Y le aseguro que las relaciones, por ejemplo con Cataluña, fueron muy buenas. Ellos asumían sus competencias, pero el Gobierno no hacía dejación de las suyas. Insisto, no pido recortes ni rediseño de competencias, sí un mayor activismo para ejercer competencias que siguen correspondiendo al Gobierno.

P. Pasa con los conciertos educativos. En la LOE, la ley actual, se hizo un intento para que los concertados no pudieran cobrar a los padres ni seleccionar al alumnado, pero aquellos artículos cayeron. ¿Lo cambiaría?

R. Lo cambiaría para que solo existieran conciertos con aquellos centros que cubrieran necesidades reales de escolarización y que tuvieran la calidad exigible. La LODE lo dice, pero debía de haberse aclarado. Los conciertos deben ser subsidiarios respecto a la enseñanza pública. Por el contrario, lo que hay ahora es una invasión de la escuela concertada en detrimento de la pública.

P. Pero si no se construyen centros públicos porque es más caro, es la propia Administración la que alienta los conciertos.

R. No es más caro.

P. ¿Por qué no se construyen, entonces?

R. Porque no se ha querido. Se ha abandonado el impulso que existía. Cuando yo salí del ministerio había 189 institutos en Madrid, de ellos, los socialistas hicimos en seis años 101.

P. ¿Qué más cambiaría?

R. Debería quedar bien claro que no pueden cobrarse cantidades adicionales a las familias en los centros concertados. Los criterios con los que se ponía coto al abuso por parte de los centros concertados han ido saltándose a la torera. Esto debería corregirse.

P. Se intentó en la LOE, pero finalmente Rubalcaba se reunió con los religiosos de la enseñanza y todo quedó como estaba... ¿Qué es lo que pasa en este país con la Iglesia y la educación?

R. No es la Iglesia, que puede llevar a medio millón de personas a la calle a protestar... El problema es que la ley queda ambigua y los tribunales han hecho una interpretación muy sesgada.

P. Pero, ¿no será que los Gobiernos se amilanan cuando la Iglesia sale a la calle?

R. Bastaría con revisarlos.

P. ¿Hasta qué punto es necesario, dada la actual situación educativa?

R. Pues, tal como han ido evolucionando las cosas, sería conveniente. Respecto a la Iglesia y la educación, creo que no se ha recuperado un terreno que se ha ido perdiendo porque la derecha y la Iglesia juntas son como una gota malaya, día a día.

P. ¿Ve muchas diferencias en educación por los distintos territorios?

R. Hay dos comunidades particularmente patéticas en educación, Madrid y Valencia.

P. ¿Peligra la educación publica en España, concebida como un sistema de calidad?

R. Peligrar sería una expresión melodramática. Pero es obvio que en la concepción educativa de la derecha la escuela pública ocupa un papel secundario. Desde ese punto de vista, no espero años dorados. Pero creo que la pública es sólida y podrá cobrar fuerzas de nuevo.

P. ¿Por qué los españoles opinan que la sanidad pública es la mejor y, sin embargo, en educación está produciéndose ese trasvase a la concertada?

R. No es culpa de los ciudadanos... La educación ha ocupado en la política un lugar completamente invisible o muy pequeño. Los debates sobre educación y su calidad han estado mal enfocados. Y es absurdo creer que se hace política educativa solo aprobando leyes. Hace tiempo había un impulso en la sociedad y en el mundo político que se ha deshilachado. Hay que recuperarlo.

P. ¿Y qué hay de la Universidad? ¿Debe ser más cara?

R. No creo que el problema fundamental de la Universidad radique en su financiación. Aun duplicada, todo seguiría igual si se dejaran de lado los graves problemas de su calidad, su gestión, la selección del profesorado, el acceso de los estudiantes, de las exigencias a los unos y los otros. Debe atenderse el coste real de las enseñanzas para estudiantes de familias adineradas, porque no hay razón para que lo financien contribuyentes con ingresos inferiores. Pero es fundamental un ambicioso programa de becas para los alumnos sin recursos. ¿Cuál es el programa de la derecha? Si solo se tratara de una subida de las tasas, las universidades se convertirían en un refugio de las clases acomodadas. Pero tampoco puede ser un hangar donde permanecer durante 20 años para sacar una carrera. Los rectores tienen pánico a estas cuestiones. Eso produce más miedo que la Iglesia católica.